DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Uno de los pilares fundamentales de la política social lo constituye el impulso del desarrollo urbano, sustentado en el ordenamiento territorial de las actividades económicas y de la población de acuerdo al potencial productivo de las regiones; el crecimiento ordenado de las ciudades con pleno respeto al entorno ecológico; y el fortalecimiento de la oferta y equipamiento de vivienda. De esta manera, el subsector concentró sus esfuerzos en las siguientes líneas de acción:

• Promover la vigencia, observancia y actualización de los instrumentos de planeación y administración urbanos a nivel estatal y municipal;

• Consolidar el desarrollo de las ciudades pequeñas y medianas consideradas como estratégicas por constituir alternativas para la localización de actividades económicas y de atracción de población, a través del Programa 100 Ciudades;

• Propiciar el mejoramiento de las estructuras productivas y sociales de las cuatro grandes metrópolis del país; e

• Impulsar la participación social en el desarrollo urbano.

Con relación al ordenamiento territorial, la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL- continuó apoyando a los gobiernos estatales mediante la revisión y actualización de sus planes o programas de desarrollo urbano y del marco legal respectivo. Durante el año se avanzó en la revisión de siete programas y siete leyes estatales; se publicaron las leyes de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de Zacatecas; y se inició la elaboración del documento denominado Lineamientos Generales para la Elaboración de Planes o Programas de Desarrollo Urbano Locales. Para coadyuvar a la ordenación de las zonas conurbadas, la dependencia promovió el establecimiento de la declaratoria de zona de desarrollo turístico prioritario de Playa Miramar, en Cd. Madero, Tamps., conjuntamente con SECTUR y SEMARNAP; así como de tres acuerdos de coordinación entre la Federación, estados y municipios para la instalación de las comisiones de conurbación de La Laguna, Desembocadura del Río Pánuco y Puebla-Tlaxcala.

Por su importante aportación a la distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional, se prosiguió alentando el Programa 100 Ciudades. Este cuenta con una cobertura de 116 ciudades medias y pequeñas, con influencia regional y capacidad para atraer capital productivo y flujos migratorios. Las acciones emprendidas procuraron atender cinco aspectos básicos del desarrollo urbano: regulación del uso del suelo y administración urbana; incorporación del suelo al desarrollo urbano y la vivienda; vialidad y transporte; protección del medio ambiente; y reactivación económica y social de los centros de las ciudades.

Mediante las tareas de regulación del uso del suelo y administración urbana fue posible avanzar en la elaboración, actualización y acreditamiento de los programas de desarrollo urbano con que deben contar las localidades consideradas en 100 ciudades. En el año se actualizaron 13 planes de desarrollo urbano, se publicaron tres, y cuatro se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad; adicionalmente se elaboraron seis planes de centros históricos y áreas de crecimiento.

En materia de incorporación del suelo al desarrollo urbano y la vivienda, en coordinación con la SRA y la Procuraduría Agraria, se incluyeron 14 995 hectáreas de origen ejidal y comunal. De dicha superficie, 44.7 por ciento se destinó a la reserva territorial; 34.8, a la regularización de la tenencia de la tierra; y el restante 20.5 por ciento se regularizó a través del PROCEDE. Adicionalmente, se expropiaron 9 113 hectáreas para obras de infraestructura urbana.

En el marco del nuevo federalismo, en distintos centros de población se efectuó una inversión federal y estatal de 842.6 millones de pesos. Con dichos recursos, manejados directamente por los gobiernos estatales y municipales, fue posible concretar 435 obras y acciones de mo-dernización catastral, infraestructura vial, transporte urbano, construcción y equipamiento de rellenos sanitarios, saneamiento de cauces y reactivación económica en beneficio de 21 millones de habitantes de 103 ciudades estratégicas. Cabe destacar que del total de la inversión, el Gobierno Federal aportó 444.5 millones de pesos, cifra equivalente a 91.5 por ciento del gasto de capital ejercido por el Ramo XX; en tanto que, los gobiernos estatales y municipales asignaron los restantes 398.1 millones.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 100 CIUDADES

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.

Para coadyuvar a consolidar el crecimiento ordenado de las cuatro grandes zonas metropolitanas del país -México, Guadalajara, Monterrey y Puebla-, la SEDESOL en coordinación con la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Honorable Cámara de Diputados, llevó a cabo dos foros regionales y uno nacional de Metrópolis Mexicanas, celebrados en las ciudades de Oaxaca, Gómez Palacio y Querétaro. Asimismo, proporcionó asistencia técnica para la actualización de los Planes de Ordenamiento de las Zonas Conurbadas de Guadalajara y Monterrey; y conjuntamente con los gobiernos del D.F. y del Estado de México, inició la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con objeto de fomentar la participación de la ciudadanía en la definición, jerarquización seguimiento y evaluación de las acciones en materia de desarrollo urbano, se instaló el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y se promovió la formación de consejos consultivos en 33 ciudades y en cinco entidades federativas. De esta forma, al final de 1996 se encontraban en operación 83 consejos consultivos en igual número de ciudades de 19 estados de la República.

A fin de atender una de las demandas más sentidas de la población: el contar con una vivienda digna que permita elevar sus niveles de bienestar, en 1996 se privilegiaron las siguientes líneas de acción:

• Fortalecer institucionalmente a los organismos promotores de vivienda, con el propósito de mejorar y ampliar los servicios que otorgan;

• Proseguir con las medidas tendientes a simplificar y facilitar las acciones de construcción y equipamiento de la vivienda;

• Incrementar la reserva territorial para uso habitacional; e

• Impulsar la autoconstrucción y mejoramiento en el medio rural y urbano.

Con el propósito de remontar los obstáculos que para el desarrollo de esta actividad representan la escasez de créditos, la insuficiente capacidad económica de los demandantes potenciales y el crecimiento de la cartera hipotecaria vencida, en 1996 se suscribió la Alianza para la Vivienda, como un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y las cámaras, asociaciones y colegios de profesionistas relacionados con el sector. Se trata de promover las condiciones más favorables para la edificación, financiamiento, comercialización, distribución de materiales y adquisición de vivienda. En complemento, se diseñó y puso en operación el Programa de Beneficios Adicionales de Créditos para la Vivienda, a través del cual se reestructuraron en UDI’s 355 mil créditos de vivienda media o residencial y 399 mil de interés social tipo FOVI. Asimismo, para aquellos deudores que reestructuraron sus compromisos y no pueden cumplir con sus pagos mensuales, se elaboró el Programa de Renta, al cual se incorporaron alrededor de 38 mil créditos.

Para hacer más eficiente la operación de los organismos nacionales de vivienda, se continuó impulsando su transformación estructural. La estrategia consiste en convertirlos en entidades eminentemente financieras, manteniendo la vocación social para la que fueron creadas. En este sentido, se perseveró en la adecuación de criterios, normas, esquemas y montos de financiamiento, al tiempo que se promovió una mayor participación de la banca de desarrollo en programas de vivienda de interés social y popular. Al respecto, sobresalen las siguientes acciones:

• En el INFONAVIT se adecuó su estatuto orgánico de acuerdo a sus nuevas necesidades normativas de control, evaluación y desconcentración de funciones; asimismo, se reformaron las reglas de subastas de Financiamiento para la Construcción de Conjuntos Habitacionales, con objeto de mejorar la atención a derechohabientes de menores ingresos y los procesos de comercialización y adjudicación de las viviendas.

• El FOVISSSTE emitió un dictamen para su reestructuración organizacional y funcional, por medio del cual se promueve su consolidación y transformación en un ente eminentemente financiero, que fortalezca sus programas y genere ahorros presupuestales.

• FONHAPO avanzó en su proceso de descentralización, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con los institutos estatales de vivienda; ello implicó una disminución de su plantilla de un mil 100 plazas a 430.

El esfuerzo conjunto de los organismos públicos, la banca comercial y de desarrollo, se tradujo en una derrama crediticia de 22 mil millones de pesos, en beneficio de 436 mil acreditados, mismos que canalizaron el 61.6 por ciento de los recursos a la adquisición de vivienda, y el resto al mejoramiento y dotación de servicios. Por tipo de institución, 40.0 por ciento fue otorgado por INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI y FONHAPO; 59.1 por ciento por la banca de desarrollo y organismos estatales; y 0.9 por ciento por la banca comercial.

Las acciones orientadas a mejorar y ampliar los servicios financieros se vigorizaron mediante la diversificación de instrumentos, el impulso a la concurrencia de diversos intermediarios y la revisión del marco jurídico. En la creación de nuevos instrumentos, se distingue la firma de 14 Convenios de Ahorro Vivienda entre el Patronato del Ahorro Nacional y los Institutos Estatales de Aguascalientes, Coahuila, Colima, D.F., Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y San Luis Potosí. Con la concurrencia de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, se fortaleció el marco institucional que apoya a la vivienda. Para avanzar en el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas, durante el ejercicio se promovieron modificaciones a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles en diversas entidades federativas. Así, cinco entidades efectuaron adecuaciones a ambos códigos, en tanto que en dos sólo se modificó el Civil. A las medidas anteriores, se sumó la elaboración del documento Bursatilización del Crédito a la Vivienda.

Con el fin de estimular la oferta habitacional, se continuó con el proceso de desregulación y des-gravación dirigido a disminuir los costos indirectos de naturaleza estatal y municipal, asociados a los gravámenes y autorizaciones para la edificación y titulación de vivienda de interés social. De esta manera, se logró reducir la participación promedio de dichos costos en el valor final de la vivienda, de 12.39 por ciento en 1992 a 4.39 en 1996. Dentro de las medidas de simplificación administrativa para la autorización de permisos y licencias de construcción, destacan los avances en la instalación de Oficinas Unicas Municipales de Trámites para Vivienda. Al final de 1996 se encontraban en operación 224 oficinas, de las cuales 108 corresponden a localidades del Programa 100 Ciudades y 116 a otros municipios en todo el país.

La ampliación de la oferta de suelo para uso habitacional se impulsó a través de un programa orientado a incorporar tierra ejidal y comunal con vocación habitacional y de desarrollo urbano, en el cual se precisan las bases de colaboración conforme a los ámbitos de competencia de la SRA, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los gobiernos locales. También se dio permanencia a la actualización del inventario de tierra apta para la vivienda, en el cual se clasifica la información por entidad federativa, municipio, tipo de tenencia y superficie. En el año se incorporaron 4 984 hectáreas para el desarrollo de programas habitacionales.

Uno de los logros más significativos obtenidos en materia habitacional, lo constituyó la integración de la Bolsa Inmobiliaria de Vivienda. Se pretende apoyar la toma de decisiones sobre la regulación de este mercado y fomentar la concurrencia de capitales. Con dicho instrumento se generará información veraz y oportuna, que oriente la política de vivienda, al tiempo que favorezca un mayor acercamiento entre promotores, productores y demandantes.

Las acciones de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, siguieron representando una alternativa importante para la generación de empleos, y la obtención de créditos y materiales a bajo costo. Entre los principales resultados obtenidos en el año, destacan: la contratación de 926 trabajadores de la construcción para asesorar técnicamente a los autoconstructores de las entidades federativas; el otorgamiento de 338 479 créditos a través del Programa Crédito a la Palabra, de los cuales 98.4 por ciento se dirigió al mejoramiento y el restante 1.6 por ciento a la edificación de pies de casa; y la integración de una red de tiendas de materiales, que ofrecen descuentos que van de 2.0 a 50.0 por ciento en los productos de mayor demanda, y que opera en coordinación con 2 721 distribuidoras en 103 localidades del Programa 100 Ciudades, y 340 municipios de todo el país.

En materia de Fomento Tecnológico, se prosiguió con las actividades de normalización, verificación y certificación de materiales, productos y servicios de la vivienda en coordinación con diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

Agua Potable

Contribuir a la salud y al bienestar de la población y al mismo tiempo frenar el deterioro del medio ambiente, constituyen las prioridades centrales de la política hidráulica. Bajo este contexto, los esfuerzos se encauzaron a lograr el suministro oportuno y eficiente del vital líquido y a fortalecer las obras de alcantarillado y saneamiento. De conformidad con el Programa Hidráulico 1995-2000, las acciones de la Comisión Nacional del Agua -CNA-, se orientaron a:

• Fortalecer la administración de los usos del agua, a fin de garantizar una prestación oportuna y eficaz del servicio;

• Impulsar la ampliación y rehabilitación de la infraestructura, con la participación de los gobiernos estatales y municipales; y

• Asegurar la calidad del agua suministrada a la población.

El mejoramiento de los sistemas de información y un entorno de seguridad jurídica para los agentes participantes en la actividad, fueron medio para mejorar la administración de los usos del agua. Durante 1996 se continuó promoviendo la regularización de los usuarios y su inscripción al Registro Público de Derechos de Agua -REPDA-. Para ello, se extendió hasta 1998 la vigencia de los tres decretos presidenciales que otorgan facilidades administrativas y fiscales para la tramitación de títulos y permisos, y regularización de adeudos. También, se incrementó el período de las concesiones hasta en 10 años, en los casos en que se comprometieron volúmenes extraídos o por necesidad justificada de la empresa.

Como resultado de estas acciones, al 31 de diciembre se habían adherido 184 731 usuarios, que se compara con 15 350 registrados un año antes. Asimismo, se otorgaron 17 193 permisos de concesión, 2 214 de descarga de aguas residuales y 7 310 de zonas federales. Con ello, el número de títulos inscritos en el REPDA ascendió a 65 648. De este total, 70.0 por ciento corresponden a uso agrícola, primario y acuacultura; 12.0 a uso industrial, comercial y de servicios; 9.0 a sistemas de agua potable y alcantarillado; y el restante 9.0 por ciento a otros usos.

Con objeto de ampliar los canales de participación social en la planeación, manejo y control de los sistemas hidrológicos, se formuló el Programa de Modernización del Manejo del Agua -PROMMA-, en coordinación con el Banco Mundial. Dicho programa considera la integración de los Consejos de Cuenca como una instancia de coordinación y concertación para la administración integral y el desarrollo sustentable de los recursos hidráulicos.

En el ámbito de su competencia, la CNA realizó diversas acciones para regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, entre las que destacan: la expedición de dos normas oficiales mexicanas y la formulación de tres proyectos de normas; la inspección técnica a obras hidráulicas a través de 355 visitas, de las cuales 58 correspondieron a obras en proyecto, 35 en proceso de construcción y 262 en operación; la emisión de 98 permisos para la construcción de obras hidráulicas y 20 autorizaciones internas para construcción o modificación de obras en cauces o zonas federales; y la revisión de 35 proyectos para delimitación de la zona federal. Para sustentar la expedición de títulos de concesiones y asignación de mantos acuíferos subterráneos, se emitieron 273 dictámenes técnicos sobre aprovechamiento de acuíferos, así como 2 485 para descargas de aguas residuales. Adicionalmente, en coordinación con la PROFEPA y el INE se realizaron 29 informes de seguimiento de impacto ambiental, y se atendieron 42 contingencias y emergencias hidroecológicas en todo el país.

Para garantizar el suministro de agua potable a los centros de población urbanos y rurales, se impulsó el fortalecimiento de la infraestructura de captación, potabilización y conducción. Destacan las acciones que, en el marco del Plan de Acción Inmediata, se dirigieron a la rehabilitación sistemática de pozos y otras estructuras ubicadas en el Valle de México, con las cuales se logró restablecer un caudal de 1.7 m³/s. Con los trabajos de conservación realizados en el Sistema Cutzamala, se aseguró el nivel de la capacidad instalada de 24.0 m³/s en conducción y 20.0 m³/s en potabilización, lo que permitirá cubrir la mayor demanda derivada del crecimiento poblacional durante los próximos años. Además, con la ampliación de caudales para el Ramal Norte, fue posible reducir los rezagos en la dotación del líquido a grupos sociales marginados en los municipios conurbados del Estado de México.

A través del Programa Agua y Drenaje en Zonas Urbanas e Industriales, se construyeron redes tanques y líneas de conducción en las ciudades de Tecate, Mexicali, Rosarito y Ensenada y se rehabilitó el acueducto Río Colorado-Tijuana; con dichas acciones se logró beneficiar a alrededor de 377 mil habitantes del estado de Baja California. En apoyo a las entidades del norte del país, se dio continuidad al programa emergente para atender el desabasto provocado por la prolongada sequía, mediante el cual se realizaron 289 obras de captación, conducción y potabilización; adicionalmente, se efectuaron trabajos en los acueductos de Matamoros y Valle Hermoso, Tamps., y el acueducto El Sauz, en Chihuahua.

El abatimiento de los rezagos y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se apoyó en la adecuada coordinación entre la CNA y los gobiernos estatales y municipales. La participación de estos últimos se desarrolló mediante tres mecanismos: la concertación de obras a través de los COPLADES; la aportación de recursos bajo el esquema denominado "peso por peso"; y los programas de obras separadas "obra por obra". Durante el año se efectuaron 1 343 obras de agua potable en 1 296 localidades; 54 de alcantarillado, en igual número de poblaciones; y la construcción de 5 594 sanitarios ecológicos en 130 localidades. Dentro del primer grupo, destacan los trabajos dirigidos a atender las necesidades de abastecimiento de 264 comunidades rurales, en las que se instalaron 448 pequeños sistemas de agua potable en beneficio de 290.4 miles de personas. De esta forma, el número de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable se incrementó en 2.6 millones y en 1.9 millones los de alcantarillado. La cobertura del servicio a nivel nacional fue de 84.9 y 67.6 por ciento de la población, respectivamente.

El impulso a la participación privada fue un elemento fundamental para promover el uso racional de los recursos, reducir los costos de operación y administración de la infraestructura hidráulica, e incrementar la oportunidad y eficacia en la dotación de los servicios. Durante 1996 se realizaron acciones de carácter social en 1 412 localidades rurales de 30 entidades federativas y la región lagunera, a través de las cuales se brindó capacitación en aspectos sobre: uso racional del agua; prácticas de saneamiento y preservación del medio ambiente; certificación de la calidad del líquido para consumo doméstico; y concesión de aprovechamientos debidamente titulados.

OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

En materia de saneamiento, destacan las obras realizadas en Cancún, Q. Roo, mediante la instalación de 20 mil conexiones en zonas con mayor índice de marginación; y los trabajos de conservación en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Uruapan y Zamora, Mich. y de Nuevo Laredo, Tamps. Para mejorar la calidad del agua, a través del Programa Agua Limpia se realizaron actividades de seguimiento y control en 41 sistemas, mismos que se ejecutaron a nivel central, regional y estatal. De esta manera, se logró la cloración de 59 929 fuentes de abastecimiento, la desinfección de 4 212 sitios de alto riesgo, el caleado de 57 615 focos de infección, la obtención de 329 101 muestras de cloro residual y la aplicación de 48.6 toneladas de hipoclorito de calcio y 193.6 toneladas de cal; todo ello, en beneficio de 6.7 millones de habitantes de 3 700 localidades ubicadas en 813 municipios del país. Adicionalmente, se realizó un diagnóstico hidráulico-sanitario en 500 escuelas primarias del país; se proporcionaron 576 pláticas interactivas de higiene y cultura del agua, y 873 de orientación sanitaria del agua; y se difundieron mensajes orientados a la desinfección del agua, higiene personal y prevención de enfermedades diarreicas, con la pinta de 1 297 bardas.

Los recursos presupuestales destinados a impulsar el desarrollo regional y urbano ascendieron a 20 mil 804.9 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 6.7 por ciento en términos reales y de 10.2 por ciento sobre lo programado inicialmente. En dicho comportamiento fueron determinantes las mayores erogaciones efectuadas en forma directa por la SEDESOL y el incremento de las transferencias a la CNA, a los estados y municipios, al FONHAPO, y a los grupos sociales más vulnerables por medio de diversos programas orientados a la superación de la pobreza.

La SEDESOL presentó un gasto superior al previsto en 100.2 por ciento y en 35.1 por ciento real al registrado en 1995. Lo anterior se explica, básicamente, por el aumento de la inversión destinada al desarrollo de la infraestructura urbana, al efectuarse un total de 435 obras frente a las 72 programadas originalmente. Además, la dependencia dispuso de ampliaciones presupuestales, provenientes del Ramo 26, para la ejecución de proyectos orientados a la superación de la pobreza.

SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
  ( Millones de Pesos )

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
^1/  Corresponde a gasto directo.  En ejercido 1995 y 1996, excluye cuotas al FOVISSSTE en Desarrollo Social.
^2/  En ejercido 1995, se excluyen 523.7 millones de pesos por concepto de Becas de Capacitación para Trabajadores,
mismos que se incluyen en el apartado correspondiente a Organismos, Empresas, Fondos y Fideicomisos Subsidiados.
^3/  Se refiere a ayudas, subsidios y transferencias del Gobierno Federal y distribución de los ramos generales.
^4/  En el presupuesto original se incluyen recursos para cubrir los incrementos salariales de las dependencias y sus entidades coordinadas,
así como otras previsiones que se asignan a éstas en el transcurso del ejercicio.  El detalle de este concepto se
encuentra en el Banco de Información.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.

La CNA ejercio recursos fiscales superiores al presupuesto original en 209.0 por ciento y respecto al año previo en 40.4 por ciento real, debido al impulso otorgado al programa de construcción y adecuación de infraestructura para agua potable, lo que hizo posible la realización de 291 obras de captación, conducción y potabilización, cifra que se compara con 69 programadas originalmente y 44 efectuadas en 1995.

Los estados y municipios recibieron transferencias para la realización de obras urbanas provenientes del Ramo 23, mismas que rebasaron en 19.6 por ciento real a las de un año antes; y en 15.4 por ciento lo previsto.

En el marco de las acciones para superar la pobreza, se distingue el dinamismo de los recursos dirigidos al Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores, que alcanzó una tasa anual de 24.2 por ciento real. Con dichos fondos se benefició a 526.1 miles de personas, lo que significó un crecimiento de 31.0 por ciento respecto al ejercicio precedente.

A FONHAPO se destinaron apoyos fiscales que rebasaron a los del año previo en más de dos veces, debido a que durante el ejercicio que se informa no dispuso de financiamientos, situación que puso en riesgo el cumplimiento de su programa crediticio. Cabe destacar que, dichos recursos se orientaron principalmente al mejoramiento, ampliación y rehabilitación de viviendas urbanas, logrando atender 27 015 solicitudes de crédito, cifra significativamente mayor a la meta programada y a lo alcanzado en 1995.

ABASTO SOCIAL Y NUTRICIÓN

La política social de la presente Administración confiere una alta prioridad a la suficiencia alimentaria y a la elevación del nivel nutricional de la población, en especial de los segmentos de escasos recursos o en extrema pobreza y, dentro de éstos, los menores de edad, sus madres y los ancianos. Para responder adecuadamente a este reto, se diseñó y aplicó una estrategia orientada a atender de manera integral los aspectos nutricionales, educativos y de salud de los grupos más vulnerables. Ello requirió de la conjunción de esfuerzos de diversas instituciones federales y de la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para concertar acciones con amplio impacto social. Acorde con estos lineamientos, durante 1996 las tareas se concentraron en las siguientes vertientes:

• Ampliar los programas de atención y mejoramiento nutricional que coordina el DIF, en el marco del Programa de Alimentación y Nutrición Familiar -PANF-;

• Fortalecer las acciones de abasto social que realiza DICONSA;

• Incrementar la eficacia del Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla, a partir de un esquema selectivo y dirigido;

• Mejorar el Programa de Abasto Social de Leche; y

• Revisar y adecuar permanentemente los esquemas de subsidio al consumo.

El PANF se constituyó en el eje de las acciones para atender las necesidades alimenticias y nutricionales de los núcleos de población marginados. En éste, se conjunta y aprovecha la experiencia e infraestructura de otros programas que operaban de manera aislada. En su ejecución fue determinante la colaboración de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, así como la coordinación interinstitucional a cargo de una comisión integrada por la SEP, SSA, SEDESOL, INI, IMSS-SOLIDARIDAD y el DIF. Su operación inició en 117 municipios identificados como de atención inmediata, y que se sitúan en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca. Posteriormente su acción se amplió a un total de 1 210 municipios considerados en riesgo de desnutrición. De esta manera, fue posible beneficiar a más de 715 mil niños menores de cinco años, que fueron objeto del censo nominal, mismo que relacionó su estado nutricional con las condiciones socioeconómicas de las comunidades en que habitan.

Por la trascendencia de su función social y sus características orgánicas, la coordinación del PANF se asignó al DIF. Desde su ámbito de competencia, esta institución se apoyó en dos instrumentos de ejecución, que ya venían operando con anterioridad: el Programa de Raciones Alimenticias -PRA- y el Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias -PASAF-.

Para elevar el impacto social del PRA, el DIF continuó con su proceso de desconcentración de atribuciones y descentralización de recursos, en el marco de la política del nuevo federalismo. En el ejercicio que se informa, fue delegada a 12 entidades federativas la responsabilidad de aplicar estrategias propias para la integración y distribución de desayunos escolares, instrumento fundamental en la acción del programa, con lo cual el total de estados incorporados a este proceso llegó a 26; adicionalmente se concertó la asignación de tal responsabilidad con cinco estados más, a partir de 1997. También se celebraron dos encuentros a nivel nacional sobre modelos de desayunos escolares, en los cuales se difundieron aspectos como: esquemas de operación, fuentes de financiamiento, atención y distribución.

Acorde con los objetivos del PANF, el PRA extendió su operación a comunidades indígenas, campesinas y zonas urbanas marginadas, con lo que cubrió un total de 14 934 localidades, ubicadas en 1 528 municipios. Con la acción del programa se benefició a más de 2 millones de niños al día en escuelas primarias, jardines y centros educativos, mediante la distribución de 2.1 millones de desayunos diarios, 8.4 por ciento más que en 1995. Dicha cantidad, sumada a los 1.1 millones logrados con recursos de los estados, significó un total de 3.2 millones de raciones diarias repartidas, cantidad que se compara con 4.0 millones contempladas en el compromiso presidencial ofrecido para el año 2000. De esta manera, a través del PRA se repartió un total de 532 millones de raciones durante el año, superando con ello en 11.9 por ciento la meta original.

PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR

FUENTE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El PASAF también inició su proceso de descentralización con la transferencia de recursos financieros a los Sistemas Estatales. Asimismo, redefinió sus prioridades a fin de beneficiar a familias en condiciones de extrema pobreza, que habitan en comunidades indígenas campesinas y zonas urbanas marginadas. Derivado de esta acción, durante el año fue posible favorecer a 1.6 millones de familias mediante la entrega de 19 millones de despensas, cantidad 29.1 por ciento superior a la del ejercicio previo. De dicho total, 50.0 por ciento se distribuyó en los municipios considerados de alta prioridad, distribuidos en ocho estados: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Con objeto de verificar el cumplimiento de los principios básicos de acción del PANF, a saber, la focalización selectiva de las acciones y el impacto efectivo a la población más vulnerable, el DIF efectuó una evaluación permanente y sistemática de sus programas. Al efecto, en coordinación con la SECODAM, se diseñó un esquema de valoración, mismo que operó inicialmente para el caso de los desayunos escolares en el D.F. y en los estados de Coahuila, Chihuahua, Chiapas, México y Oaxaca. En igual sentido, junto con la SHCP, inició la operación del sistema de evaluación del desempeño y medición del impacto de los programas sociales alimentarios, el cual se desarrolló como un proyecto piloto en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz. Cabe destacar que, los aspectos técnicos de este modelo están a cargo de un comité externo conformado por expertos en nutrición y áreas afines.

SISTEMA DE DISTRIBUIDORAS CONASUPO

FUENTE: Sistema de Distribuidoras Conasupo.

Mediante las acciones de comercialización de DICONSA, se siguió privilegiando la protección del poder adquisitivo y la satisfacción en el consumo de básicos de la población que habita en el medio rural y en zonas urbanas marginadas. Su estrategia siguió descansando en la ampliación y reubicación de los puntos de distribución, y en el impulso a la participación social por medio de la constitución de asociaciones civiles de abasto y la coordinación con los estados y municipios. En 1996, DICONSA contó con una infraestructura comercial de 23 560 tiendas, cantidad superior en 9.2 por ciento a la operada un año antes; además de 33 almacenes regionales y 229 rurales. También se constituyeron 300 Consejos Comunitarios y 21 032 Comités Rurales de Abasto.

Como resultado de la estrategia seguida, el valor de las ventas al menudeo de productos de consumo popular alcanzó un total de 5 mil 380.6 millones de pesos, monto superior al registrado el año previo en 15.5 por ciento real. Con ello fue posible beneficiar a 31.7 millones de habitantes, esto es 7.8 por ciento más que en 1995. De dicha población, 92.1 por ciento habita en el medio rural y 7.9 por ciento en el urbano marginado. El margen de ahorro promedio mensual obtenido por consumidor fue de 18.9 por ciento con relación a los precios del mercado, frente a 17.9 por ciento al ejercicio precedente.

Es importante comentar que DICONSA participó en el PANF, a través de la operación de 966 tiendas rurales y la movilización de 59 840 toneladas de productos básicos, en los 117 municipios de atención inmediata definidos en la primera etapa de dicho programa, con lo cual se benefició a 1.3 millones de personas.

PROGRAMA DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE LA TORTILLA

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.

Mediante al programa de subsidio al consumo de tortilla se continuó favoreciendo a las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, sin costo. Dicho programa cubrió 1 007 localidades, distribuidas en 393 municipios de los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Al 31 de diciembre se habían atendido 1.9 millones de familias, lo que significó una contratación anual de 16.3 por ciento, debido a la depuración del padrón de beneficiarios, dando de baja a aquéllos que dejaron de usar la tarjeta correspondiente durante períodos prolongados.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

FUENTE: Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.

El programa de Abasto Social de Leche se vinculó a la estrategia del PANF, con el fin de atender en forma prioritaria a la población de las zonas rurales e indígenas más desprotegidas. De esta manera, fue posible avanzar en la depuración y reorientación del padrón de beneficiarios, al tiempo que se aumentaron y reubicaron los puntos de distribución.

El volumen de leche comercializado en el año por LICONSA, ascendió a 1 061 millones de litros, cantidad superior en 2.7 por ciento a la del año anterior y 1.4 por ciento a la meta. Con ello, se apoyó a 5.1 millones de niños menores de 12 años pertenecientes a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y a cerca de 300 mil adultos con requerimientos especiales, lo que hace un total de 5.4 millones de beneficiarios, cifra menor en 1.0 por ciento a la registrada en 1995. En cuanto a la estructura de la población atendida, sobresale por un lado la disminución de 9.4 por ciento en la correspondiente a las zonas urbanas; y por otro, el aumento de 16.3 por ciento en la del medio rural.

El cambio en la composición de la población atendida fue resultado de las medidas llevadas a cabo para depurar el padrón de beneficiarios, mismas que consistieron en la cancelación de 114 mil tarjetas a personas que no tenían derecho al subsidio , lo cual se logro mediante la verificación domiciliaria ; la corrección tecnica de las sobredotaciones, a través del programa Nacional de Redistribución de leche; y la expedición de altas al programa exclusivamente de la población rural.

PUNTOS DE DISTRIBUCION DE LICONSA

FUENTE: Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.

Los resultados anteriores se acompañaron de un cambio importante en el número y ubicación de los puntos de distribución. Su total aumentó de 7 584 a 11 072 entre 1995 y 1996. La proporción de los ubicados en las zonas rurales pasó de 67.3 a 75.2 por ciento y la correspondiente a las urbanas de 32.7 a 24.8 por ciento, en igual período.

La cobertura del programa se fortaleció al brindar atención a 130 municipios más con respecto a 1995. Con ello se alcanzó un total de 1 878 ayuntamientos, es decir 77.9 por ciento de los existentes en el país. Cabe destacar que, el programa de Abasto Social de Leche atendió a 111 municipios de los 117 considerados de atención inmediata dentro del PANF; de esta cantidad, 27 se ubican en el estado de Guerrero; 27 en Puebla; 20en Veracruz; 16 en Hidalgo; 16 en Oaxaca y cinco en San Luis Potosí, favoreciendo a 92 753 personas.

La prioridad conferida a los programas de abasto social y nutrición, lo constata el monto de las erogaciones realizadas en este subsector, mismas que ascendieron a 9 mil 329.6 millones de pesos, con lo que superó en 24.9 por ciento real lo ejercido en 1995 y en 9.2 por ciento la meta, Ello lo explican los mayores recursos asignados a CONASUPO, DICONSA, DIF y LICONSA.

CONASUPO efectuó erogaciones adicionales a lo programado inicialmente en 61.2 por ciento y en 30.2 por ciento real a lo ejercido en 1995. Lo anterior fue resultado del aumento en los apoyos otorgados al consumo de tortilla a través de la industria harinera, hizo necesario cubrir un mayor diferencial para mantener el correspondiente a la tortilla para el consumidor final.

SUBSECTOR ABASTO SOCIAL Y NUTRICION
  ( Millones de Pesos )

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
^1/  Se refiere al apoyo destinado a la industria Harinera del Maíz.
^2/  Se refiere a ayudas, subsidios y transferencias del Gobierno Federal y distribución de los ramos generales.
^3/  Los recursos corresponden a DICONSA.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

El gasto de DICONSA superó la previsión inicial en 93.3 por ciento y en 76.9 por ciento real lo erogado un año antes. Dicho dinamismo se asocia, al menos, con cuatro factores: el mayor subsidio otorgado al consumo de harina de maíz en el medio rural; el aumento en el volumen de los productos básicos comercializados; los incrementos salariales pactados en el año; y el finiquito del arrendamiento financiero contraído con BANOBRAS para la renovación del parque vehicular.

El DIF presentó un gasto superior al proyecto original en 16.1 por ciento y en 16.9 por ciento real respecto al año previo. La primera variación se explica básicamente por el pago de los incrementos salariales; en tanto que, en el crecimiento anual fue determinante la ampliación en la cobertura de los programas de nutrición y asistencia social, lo que se reflejó en el aumento del número de desayunos escolares y despensas, distribuidas particularmente a la población más vulnerable; la mejoría en servicios de asistencia social; y la realización de estudios y diversas acciones orientadas a concluir el diagnóstico nutricional de la población del país, en coordinación con otras instituciones del sector público.

LICONSA rebasó la previsión original en 16.3 por ciento y lo ejercido un año antes en 0.5 por ciento real. Este comportamiento se derivó de las ampliaciones presupuestales requeridas para cubrir el diferencial cambiario y el incremento de precios que incidieron en el costo de adquisición de leche en polvo en el mercado internacional. También influyó el aumento de los puntos de distribución, así como la adquisición de equipo de transporte y de cómputo.