GOBIERNO, SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACION DE JUSTICIA

Vivir en un país de justicia, de leyes y con paz social, representa uno de los reclamos más sentidos de la sociedad. Ello significa vivir en un Estado de Derecho, mismo que se construye y consolida con instituciones fuertes, con leyes justas, un pluralismo político y, sobre todo, con nuevas actitudes de los mexicanos. Para avanzar en dichos propósitos, durante 1996 se fortaleció el Poder Judicial de la Federación, con la certeza de que con ello se atenderán las demandas y los juicios con prontitud, eficiencia y apego a la ley; se actualizó el marco jurídico-penal; se adecuaron las disposiciones constitucionales en materia electoral; se fortaleció la relación entre los poderes en un marco de pleno respeto a su autonomía; se impulsó la renovación del federalismo; se intensificó la lucha contra la delincuencia organizada, particularmente la relacionada con el narcotráfico; y continuó consagrándose la soberanía como el valor más importante de nuestra sociedad.

En cumplimiento de sus objetivos, en 1996 las dependencias que operan en el sector erogaron 20 mil 419.2 millones de pesos, cifra superior en 13.2 por ciento al presupuesto original y en 7.1 por ciento real respecto a 1995. En la primera variación que equivale a 2 mil 384.4 millones, se conjugaron las ampliaciones al gasto directo de las dependencias por 3 mil 872.7 millones, y la disminución en las transferencias asignadas a las entidades coordinadas del sector por un mil 488.3 millones. De dichas ampliaciones, 60.3 por ciento se asignó a la SEDENA, 14.0 a la SEGOB, 13.8 a la SEMAR, y 11.9 por ciento a la PGR. Por otra parte, en el incremento anual fue determinante el dinamismo de las erogaciones de la SEDENA y SEMAR, al registrar tasas anuales de 6.6 y 9.1 por ciento real, respectivamente; en contraparte, las correspondientes a la SEGOB y PGR disminuyeron en 5.6 y 4.3 por ciento real, en cada caso.

SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACION DE JUSTICIA
( Millones de Pesos )

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
^1/  Corresponde a gasto directo.  En ejercido 1995 y 1996, excluye cuotas al FOVISSSTE.
^2/  Se refiere a ayudas, subsidios y transferencias del Gobierno Federal y distribución de los ramos generales.
^3/  En el presupuesto original se incluyen recursos para cubrir los aumentos salariales de las dependencias
y sus entidades coordinadas, así como otras previsiones que se asignan a éstas en el transcurso del ejercicio.  
El detalle de este concepto se enctra en el Banco de Información.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.

DEFENSA NACIONAL

El resguardo de la integridad territorial, los recursos naturales y las instalaciones estratégicas, descansan en la labor patriótica que realizan el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Con su firme vocación de servicio a la comunidad, apoyaron el combate al narcotráfico, los programas de carácter social, y auxiliaron a la población civil en casos de emergencia y zonas de desastre. Al efecto, en 1996 sus tareas se apegaron a las siguientes líneas de acción:

• Actualización de sus planes estratégicos;

• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional;

• Formación y capacitación profesional y técnica de sus efectivos;

• Modernización de la infraestructura y del equipo operativo;

• Apoyo al combate del narcotráfico; y

• Auxilio a la población en casos y zonas de siniestro, y respaldo a las actividades de desarrollo social.

A fin de cumplir eficazmente con sus responsabilidades, el Instituto Armado promovió la revisión y actualización de los planes estratégicos y de contingencia, considerando el empleo adecuado de los recursos y la cooperación con otras dependencias federales y estatales. Se distingue la revisión del Plan DN-III-E contra casos de desastre, la campaña permanente contra el narcotráfico, y el Plan Canador para controlar el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos en el país. Con objeto de mejorar el control y la coordinación operativa de las Fuerzas Armadas, se modificó la división territorial de 11 zonas militares, impactando los límites territoriales de siete regiones.

Para garantizar la preservación y defensa de la soberanía nacional y combatir la delincuencia organizada, la SEDENA participó de manera permanente en el Gabinete Especializado de Seguridad Nacional, en el cual se concertan, definen y evalúan las políticas y las acciones del Gobierno Federal en la materia. Sobresale la colaboración en el Grupo de Coordinación Interinstitucional para Atención a Instalaciones Estratégicas. Asimismo, con la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la dependencia intervino en la integración de 32 consejos estatales y 451 municipales.

Con el propósito de impulsar la formación y capacitación del personal militar, continuaron modernizándose los planes y programas de estudio. Al respecto, se estructuró la ruta profesional militar, en la que se conjugan los niveles de estudio, adiestramiento y jerarquía. Ello requirió de la puesta en marcha de instituciones educativas de aplicación, capacitación y especialización, así como de nivel superior y actualización para los jefes, oficiales y personal de tropa. Destacan las escuelas de Infantería, Caballería Motorizada, Artillería, del Arma Blindada, e Ingenieros de Combate. Cabe resaltar que, durante el año se graduaron 5 811 alumnos egresados de los diferentes planteles de educación militar. También, dio inicio el proyecto denominado Creación y Reorganización de Bibliotecas de la Secretaría de la Defensa Nacional con apoyo de la Secretaría de Educación Pública; para ello se fundaron tres bibliotecas de consulta: dos para uso del personal militar y otra a derechohabientes, y se reorganizaron las 23 existentes.

Por otra parte, se dio especial atención al adiestramiento en operaciones especiales, regulares e irregulares, contra el narcotráfico y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, Control de la Población Civil, Seguridad a instalaciones vitales y Plan DN-III-E.

Con objeto de incrementar la infraestructura militar se ejecutaron diversas obras de construcción, ampliación, y remodelación de instalaciones. Se distingue la edificación de tres bases aéreas, tres guarniciones militares, siete cuarteles generales, 11 corporaciones, una unidad habitacional, y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, además de la ampliación de tres hospitales militares regionales.

La modernización del equipo contempló tanto la incorporación de tecnologías avanzadas, como la actualización de los procesos de producción de la industria militar. Destaca la adquisición de 856 vehículos que permitieron incrementar la movilidad de las unidades operativas; 16 helicópteros; un avión; 321 equipos médicos; 548 microcomputadoras; y diversos equipos electrónicos de comunicación. La industria militar optimizó su capacidad de fabricación de armamento, vestuario y equipo para satisfacer las necesidades del personal. En el ejercicio que se informa, se fabricaron 20 257 armas, 57.6 millones de cartuchos y 369 mil granadas.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mantuvieron su vocación de servicio para responder con prontitud y eficacia ante cualquier desastre. Con la aplicación del Plan DN-III-E participaron en el combate de incendios forestales, industriales, y habitacionales, acordonamiento de áreas de alto riesgo, retiro de materiales peligrosos, y evacuación de personas; proporcionaron consultas médicas y agua potable; auxiliaron a personas afectadas por inundaciones, nevadas, trombas, huracanes, por la actividad del volcán Popocatépetl y el siniestro de la planta de almacenamiento de gasolina -terminal norte de PEMEX- en San Juan Ixhuatepec, México; y brindaron ayuda humanitaria a otras naciones como en el caso de Nicaragua y Costa Rica por el huracán César, y a Cuba por el huracán Lilí. Con respecto al Plan de Emergencia Radiológica Externo, se colaboró en ejercicios parciales y se incorporó a un mayor número de instructores y personal calificado, permitiendo con ello que las tropas de las Fuerzas de Tarea Laguna Verde 84, mejoraran sus índices de seguridad en el desempeño de sus actividades.

En apoyo al combate del narcotráfico, la lucha contra las organizaciones criminales y la cabal aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, durante el año se creó la Fuerza de Tarea Azteca, misma que sustituyó las Fuerzas de Tarea Marte. Los operativos realizados, permitieron la destrucción de 236 120 plantíos de marihuana en 16 279 hectáreas, 153 065 de amapola en 11 238 hectáreas, 969 pistas de aterrizaje clandestinas, 396 campamentos y 831 secaderos de marihuana.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Incluye goma de opio y semilla de amapola.
^2/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto a la protección y vigilancia a instalaciones estratégicas, las Fuerzas Armadas realizaron diversas acciones, entre las que destacan: la custodia a los derechos de vía de PEMEX y CFE; de 54 instalaciones de Pemex, CFE, CNA y SCT., ubicadas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco; y de las Centrales Hidroeléctricas del Sistema Grijalva en Chiapas.

En el cumplimiento de sus responsabilidades, la SEDENA ejerció un gasto superior a la previsión original en 27.0 por ciento y en 6.6 por ciento real con respecto a 1995. Lo anterior se relaciona, entre otros factores, con la puesta en marcha del servicio de conducción de señales analógicas y digitales; el aumento en los precios de los servicios básicos de energía eléctrica y telefónico; la compra de equipo de construcción, comunicación y telecomunicación, así como de vehículos terrestres; los mayores requerimientos de combustibles, medicamentos y productos farmacéuticos; y los incrementos en los haberes y sobrehaberes del personal militar. También influyó la realización de diversas obras por administración que no fueron programadas, entre las que sobresalen: la construcción de la carretera fronteriza del sur, en Chiapas; la pavimentación e iluminación de los caminos de acceso perimetral del campo militar de Huehuetoca, Edo. de México; y la construcción de dos cuarteles y la remodelación del Hospital Central Militar, en el Distrito Federal.

MARINA

Con su permanente labor solidaria, y elevado espíritu del servicio, la Armada de México continúa siendo un baluarte de la soberanía del mar territorial, zona económica exclusiva, islas, ríos y espacio aéreo adyacente. A fin de cumplir plenamente con sus responsabilidades, éstas se acotaron bajo las siguientes líneas de acción:

• Fortalecer la presencia y mejorar la operatividad de la Armada de México en el mar territorial, faja costera y zona económica exclusiva;

• Mantener la flota naval, aeronaval y el equipo de infantería, en condiciones que permitan mejorar la eficiencia operativa y las acciones de apoyo logístico;

• Elevar los niveles de preparación y asegurar el adiestramiento permanente en todos los niveles jerárquicos del personal de la Armada de México;

• Coadyuvar al combate del narcotráfico en coordinación con la SEDENA, la PGR y otras instituciones abocadas a garantizar la seguridad pública;

• Atender el mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria para la ejecución de las operaciones navales y de otra índole; y

• Apoyar a la población en casos y zonas de desastre y participar en las campañas de salud y alfabetización.

Para realizar en forma eficiente su función como garante de la soberanía e integridad territorial de la nación, la Secretaría de Marina dio permanencia a la actualización de sus planes de Patrulla y Vigilancia Costera; Auxilio y Salvamento; Emergencia Radiológica Externo; y el de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar. En este marco, durante el año se efectuaron 1 120 operativos de adiestramiento por buques, aeronaves, unidades de infantería de marina y una maniobra naval en el Golfo de México.

La reestructuración de los cuerpos navales continuó siendo un factor fundamental para aumentar la capacidad operativa de la Marina. En 1996, se crearon cuatro escuadrones aeronavales localizados en Acapulco, Gro., Campeche, Camp., La Paz, B.C.S. y Veracruz, Ver. También, se constituyeron cinco Bases Aeronavales destinadas a conservar y mantener a las unidades aéreas, mismas que se ubicaron en Campeche, Camp., Chetumal, Q. Roo., La Paz, B.C.S., México, D.F., y Veracruz, Veracruz.

En el cumplimiento de sus responsabilidades estratégicas, la Armada de México efectuó un total de 8 721 operaciones navales: 5 217 de patrulla y vigilancia; 1 551 de apoyo, auxilio, búsqueda y salvamento; 1 918 de combate el narcotráfico; y 35 para prevenir y controlar la contaminación marina. Ello implicó una cobertura de 1.5 y 1.1 millones de millas náuticas navegadas y de vuelo, respectivamente; y 944.1 miles de kilómetros recorridos en la faja costera. Como resultado de estos operativos se llevaron a cabo 169 916 inspecciones; se detuvieron 180 embarcaciones y 1 031 infractores; y se decomisaron 167 embarcaciones, 69 armas de fuego de diversos calibres y 99 562 kilogramos de productos marinos.

Cabe destacar la participación activa de la Marina en el combate a la producción y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los operativos realizados al efecto permitieron la destrucción de 179 plantíos y el decomiso de 48 939 kilogramos de marihuana y de 2 033 kilogramos de cocaína. Sobresalen las acciones efectuadas en la península de Baja California, y los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Secretaría de Marina.

En la protección brindada a las instalaciones vitales, se distinguen los operativos de vigilancia en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, la Nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de Veracruz y en la colonia penal federal de Islas Marías, Nayarit.

Con relación al Plan de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar, la Marina realizó 6 684 operativos de vigilancia e inspección, 35 de prevención y control de la contaminación del mar por derrames de hidrocarburos y 4 578 de control y disposición de desechos sólidos y líquidos de buques en los recintos portuarios. Esto, se tradujo en la recolección de 70 654 litros de hidrocarburos derramados en el mar, 7 787 toneladas de desechos sólidos y 3.0 millones de litros de líquidos contaminantes.

Para avanzar en la modernización de la Armada de México, se adquirieron dos fragatas, siete aviones, seis helicópteros y seis camiones tipo comando; asimismo, se incorporaron al servicio dos buques clase Natura y dos dragas clase Laguna. En materia de rehabilitación de unidades navales, se distinguen las tareas en los buques cañoneros clase AUK, APD y las patrullas Clase Azteca. Entre las obras realizadas para ampliar la infraestructura operativa sobresalen: la construcción en la primera etapa de la Base Naval en Tuxpan, Ver.; una Comandancia de Flotilla en Tampico, Tamps.; y cuatro muelles: dos en Tuxpan, uno en Tampico y otro en Guaymas, Son. Las actividades de dragado permitieron facilitar las maniobras de atraque y fondeo de los buques de la Armada, mismas que alcanzaron más de un millón de metros cúbicos.

La modernización de los procedimientos técnicos y administrativos se apoyó en el desarrollo de la informática. Destaca la creación de un centro de comando, control, comunicación e inteligencia del Estado Mayor General, orientado a apoyar en forma efectiva la toma de decisiones en materia operativa. Adicionalmente, se diseñó un sistema integral automatizado en el Centro Médico Naval, compuesto de dos subsistemas principales utilizados en el Area Médica y Técnico-Administrativa.

Con el propósito de elevar el profesionalismo y la capacitación de los integrantes de los diferentes grados navales, se revisaron y modernizaron los planes y programas de estudio. Destaca la actualización de éstos en las escuelas de Enfermería e Intendencia Naval, así como la impartición del curso de Pilotos en Helicópteros Hiller. Asimismo, se crearon las escuelas de Técnicos Profesionales de Mecánicos de Aviación Naval y la de Idiomas de la Armada de México. En 1996 egresaron 2 399 elementos de los diferentes planteles educativos de la Armada de México, de los cuales 1 560 correspondieron a la Escuela de Clases y Marinería; 472 al Centro de Instrucción de Destructores; 119 a la Escuela de Comando Submarino; 109 al Centro de Estudios Superiores Navales; 51 a la Heroica Escuela Naval Militar; 31 a la Escuela de Especialización de Intendencia Naval; 30 a Médicos Especialistas Navales; nueve a la Escuela de Aviación Naval; y nueve a la Escuela de Enfermería Naval.

En el ámbito de la investigación oceanográfica, las acciones se acotaron bajo cuatro vertientes estratégicas: la exploración e investigación de los recursos marinos; la cuantificación de los niveles de contaminantes en los mares nacionales; la generación de información técnica y cartográfica de costas, islas y puertos; y la elaboración de pronósticos de fenómenos de carácter oceanográfico y meteorológico, para aumentar la seguridad de la navegación. En el año se realizaron ocho estudios de investigación y de contaminación marina, y seis levantamientos topohidrográficos en diferentes puertos. También se instalaron mareógrafos y estaciones mareográficas en diversos puertos de los estados de Veracruz, Baja California Sur, Nayarit y Campeche; estaciones meteorológicas fijas en Tamaulipas, Quintana Roo y Campeche; y se creó la estación de investigación oceanográfica de Progreso, Yucatán.

Las actividades de apoyo social contribuyeron a elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población, principalmente de comunidades marginadas. En este sentido, el personal de sanidad naval proporcionó 1 651 consultas médicas; aplicó 2 637 vacunas; y brindó apoyo a 12 escuelas con diferentes servicios. Asimismo, participó en las tres Semanas Nacionales de Salud efectuadas a lo largo de 1996, aplicando 67 301 dosis de biológicos contra la polio, sarampión, rubeola, toxoide tetánico, antiparasitario, vitamina A y DPT. En apoyo al Programa Nacional de Reforestación, la dependencia cooperó en las tareas de mantenimiento de áreas verdes, chaponeo, azadoneo y reforestación de viveros.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se aplicó el Plan SM-AM-AS/96 brindando ayuda a personas damnificadas como consecuencia de los huracanes que azotaron varios estados costeros. Durante los períodos vacacionales, se colaboró con el sector turístico mediante la Operación Salvavidas, proporcionando seguridad y protección al turismo nacional y extranjero en distintas playas del país.

La SEMAR efectuó erogaciones adicionales a lo programado inicialmente en 17.5 por ciento y en 9.1 por ciento real con relación al año previo. Lo anterior se atribuye, entre otros factores, al pago de los aumentos autorizados en las cuotas de haberes, sueldos y salarios; la creación de plazas para alumnos egresados de las escuelas de la institución; la mayor adquisición de materiales de construcción, vestuario y blancos, prendas de protección y artículos deportivos; los incrementos registrados en los precios de los lubricantes y combustibles; la adquisición de dos fragatas, siete aviones y seis helicópteros; la instalación de estaciones meteorológicas y equipo mareográfico; la compra de dos terrenos en Guaymas, Son. y Tuxpan, Ver.; la conclusión de la Unidad Habitacional en la Paz, B.C.S., compuesta por 142 viviendas; y la rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Con objeto de avanzar en la conformación de un sistema de impartición de justicia apegado a la Ley, expedito y honesto, como soporte de la convivencia y el progreso social, la Procuraduría General de la República -PGR- orientó sus acciones en 1996 en las siguientes directrices:

• Coadyuvar a la actualización permanente del marco jurídico-penal;

• Mejorar la organización y operatividad de la dependencia y de los órganos responsables de la procuración de justicia;

• Elevar la eficiencia en la intervención del ministerio público, como garante de los intereses de la Federación y de la constitucionalidad;

• Fortalecer los vínculos de colaboración y coordinación de carácter interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno;

• Intensificar la lucha contra la delincuencia organizada, particularmente la relacionada al narcotráfico;

• Fomentar una cultura de prevención del delito y de la farmacodependencia, con la participación activa de la sociedad; y

• Ampliar, promover y reforzar la cooperación internacional en materia penal.

La revisión y actualización del marco jurídico-penal continuó siendo un elemento fundamental para sentar sobre bases sólidas la modernización del sistema de justicia. En este sentido, se promovieron diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, y se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Con estas modificaciones, se regulan entre otros aspectos: la intervención judicial en las comunicaciones privadas; el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución; el decomiso y administración de bienes pertenecientes a personas sentenciadas; y los delitos de secuestro, daños contra la salud, producción de drogas y lavado de dinero.

Con la culminación de la primera fase del proceso de reestructuración de la PGR, se dieron pasos firmes en el fortalecimiento del marco institucional del sistema de procuración de justicia. Al publicarse durante el año la nueva Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento Interno, se buscó poner fin a la duplicidad de funciones, evitar la excesiva concentración de controles y disponer de un eficaz programa de evaluación de los servidores públicos. Asimismo, dichas disposiciones reconceptualizan las facultades y obligaciones del Ministerio Público de la Federación y garantizan el ejercicio pleno de la ley y el respecto a los derechos humanos.

La estructura aprobada de la institución contempla la creación de tres Subprocuradurías de Procedimiento Penales, que concentran la responsabilidad administrativa de todo el procedimiento penal, desde la averiguación previa hasta la consignación y el seguimiento. A cada subprocuraduría, se le asigna un número determinado de delegaciones bajo su control directo y vigilancia, lo que favorecerá una adecuada operación de las áreas regionales. Con ello, se elimina el control que sobre la operación de las delegaciones estatales ejercía la Subprocuraduría General, misma que se transforma en Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo. Esta última, asume las funciones relativas a la normatividad y el apoyo de las áreas operativas; la coordinación y vínculo con las procuradurías estatales y demás dependencias de la Administración Pública Federal, así como para el estudio e incorporación de tecnologías de punta y avances criminalísticos.

Para mejorar el desempeño del Ministerio Público como garante y vigilante de la legalidad, se continuó apoyando su profesionalización, especialización y actualización. De esta manera, su actuación se rigió por la aplicación de criterios técnicos; la agilización de los procedimientos para la integración de las indagatorias; el impulso a la simplificación de trámites para evitar dilaciones jurisdiccionales; la preservación de la facultad de atracción de aquellos delitos del orden común que tienen alguna vinculación con los federales; y el avance en el abatimiento del rezago de expedientes. Durante el año, se despacharon 73 418 averiguaciones previas, de las cuales 49 577 correspondieron a delitos diversos y 23 841 fueron contra la salud. Como representante de la Federación, el Ministerio Público actualizó permanentemente los expedientes judiciales y mejoró la comunicación y coordinación con las áreas jurídicas de la Administración Pública Federal. Cabe destacar que, de los 154 juicios que inició, concluyó 147. Con relación a la lucha contra la impunidad, las acciones se orientaron especialmente a dar seguimiento a los delitos vinculados al narcotráfico, fiscales, financieros y al lavado de dinero; al efecto, sobresale la conclusión de 27 663 procesos penales. La intervención ministerial en el juicio de amparo, se normó por los lineamientos del Sistema Nacional de Control y Evaluación Técnico Jurídica de la actuación del Ministerio Público Federal en el Juicio de Amparo y del Programa Nacional de Supervisión y Coordinación de Amparo Relevante. Así, durante el año, intervino en 111 473 juicios de esta índole.

Para fomentar la capacitación científica y tecnológica de los cuerpos ministeriales, policiales y periciales, se reinstaló el Instituto Nacional de Ciencias Penales -INACIPE- como organismo descentralizado de la dependencia, dotándolo de autonomía técnica y administrativa. En cumplimiento de sus funciones, el Instituto acotó sus tareas en dos vertientes generales: el desarrollo profesional del personal de carrera, y la planeación y el desarrollo tecnológico-criminalístico. Ello se apoyó en la reorganización de sus estructuras y en la aplicación de nuevos programas de estudio, especialmente para agentes de la Policía Judicial Federal y Peritos técnicos en Criminalística. También, preparó el Manual Técnico de Capacitación para Mandos Medios de la Policía Judicial Federal, procedimiento que será extendido al personal operativo; y diseñó cinco cursos de especialización de la función policial, para favorecer la capacidad de respuesta ante el actual nivel tecnológico con que opera la delincuencia organizada. Cabe destacar que, durante el año se evaluó a 1 359 agentes del Ministerio Público Federales que concluyeron el curso de actualización impartido en 1995.

En el marco de la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la PGR fortaleció sus mecanismos para detectar y, en su caso, corregir la deshonestidad, prepotencia, ineficiencia y corrupción. Así, dio trámite a 1 340 quejas, y resolvió 688 procedimientos administrativos, mismos que derivaron en alrededor de mil resoluciones, de las cuales 73 fueron de improcedencia, 362 sin responsabilidad administrativa y 583 sanciones. De estas últimas, 512 correspondieron a personal de los cuerpos ministeriales.

El combate al narcotráfico continuó erigiéndose en el objetivo más importante contra el crimen organizado. Al efecto, los esfuerzos se orientaron por el Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000, que conjuga la acción coordinada de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, a fin de disminuir la producción y trafico ilícito de drogas, y prevenir la farmacodependencia. Para la erradicación de plantíos, laboratorios y otros modos de producción y distribución de estupefacientes, se integró y puso en marcha el Plan Maestro, que con la participación de la SEDENA, SEMAR y la PGR, contempla las siguientes líneas de acción: intercepción de aeronaves ilícitas; establecimientos de sistemas de comunicación tierra-aire; y operaciones sistemáticas de destrucción de plantíos, laboratorios y de pistas no registradas. Como resultado de lo anterior, se destruyeron 17 laboratorios y 89 732 plantíos en 9 746 hectáreas; y se aseguraron 12 756 kilogramos de cocaína, 543 198 kilogramos de marihuana, 1.1 millones de psicotrópicos, 2 714 vehículos marítimos, terrestres y aéreos, y 919 armas.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Incluye goma de opio y semilla de amapola.
^2/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Procuraduría General de la República.

Con la convicción de que el combate al narcotráfico no se logrará atacando únicamente su producción y distribución, se brindó la mayor importancia a los programas dirigidos a la prevención de la farmacodependencia. En el año se realizaron 26 eventos de capacitación para padres de familia, maestros y trabajadores de la salud; 238 conferencias en escuelas para prevenir las adicciones; se difundieron a través de los medios de comunicación cuatro mensajes; y se diseñaron, elaboraron y distribuyeron 47 113 cárteles y 41 971 trípticos.

El fortalecimiento de la cooperación internacional continúa ocupando un lugar preponderante en la lucha contra la proliferación de las drogas, y el lavado de dinero. Sobresale la celebración de reuniones con el Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas -GICAN- mediante el cual se dio seguimiento al acuerdo bilateral establecido entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América. También se distingue la participación en diversos foros y organismos internacionales, como los siguientes:

• Las reuniones binacionales con Panamá, Francia y Colombia.

• La reunión del Grupo de Expertos sobre el Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas.

• La reunión del Grupo de Expertos sobre el Control de Armas y Explosivos relacionados con el narcotráfico.

• La firma de un Memorándum entre México y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas con los países centroamericanos; y

• La realización en nuestro país de la XIV Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

La PGR presentó un gasto superior a la meta en 28.4 por ciento; sin embargo, comparado con el año previo fue inferior en 4.3 por ciento real. La primera variación se asocia, principalmente, con el pago de los aumentos salariales; las aportaciones al FOVISSSTE; la creación de plazas de la Policía Judicial Federal; y los requerimientos adicionales de refacciones para aeronaves, mantenimiento y arrendamiento. La disminución anual se originó, en gran medida, por el menor consumo de energía eléctrica; el mayor aprovechamiento de los espacios para oficina de los inmuebles contratados en arrendamiento; y la reducción al mínimo indispensable de las contrataciones de asesoría, capacitación y otros servicios.

GOBERNACION

Modernizar la política interior y garantizar el Estado de Derecho, son objetivos esenciales en el quehacer de la Secretaría de Gobernación. Por ello, en 1996 sus esfuerzos se acotaron bajo las siguientes líneas de acción:

• Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, particularmente los relativos a las garantías individuales y los derechos humanos;

• Fortalecer la relación entre los poderes, en un marco de pleno respecto a su autonomía;

• Impulsar la renovación del federalismo;

• Promover el desarrollo democrático, en un contexto de mayor pluralismo político;

• Mejorar los sistemas de seguridad pública y readaptación social;

• Reforzar la coordinación y conducción de las políticas migratoria y demográfica; y

• Consolidar la organización y operación del Sistema Nacional de Protección Civil.

En la vigilancia del respeto a las garantías individuales, las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se caracterizaron por brindar particular atención a la población mas vulnerable, dadas las dificultades que enfrenta para acceder a la procuración de justicia. Dentro de los aspectos de mayor relevancia destacan: negativa injustificada de beneficio de ley y al derecho de petición; detención arbitraria; violación a los derechos de los reclusos o internos; lesiones, negligencia y negativa en la prestación de servicios médicos. Durante el ejercicio, se atendieron 8 672 quejas, de las cuales resolvió 94.9 por ciento. Como resultado de la efectividad de las medidas aplicadas para combatir la impunidad, se sancionaron 204 servidores públicos, de los cuales 32.4 por ciento fueron objeto de acción penal, 29.9 amonestados o apercibidos, 21.6 suspendidos, 7.4 destituidos, y el restante 8.7 por ciento con otro tipo de sanción.

Con el fin de coadyuvar a combatir las injusticias y los atrasos que afectan a las diferentes etnias del país, se sometió a revisión el tema referente a los derechos y la participación de las comunidades indígenas en la vida nacional. Al efecto, resalta la realización de una Consulta Nacional, misma que contó con la colaboración del Poder Legislativo Federal y de los gobiernos y congresos estatales. En las conclusiones de dicha consulta se recogieron las propuestas y pronunciamientos sobre Derechos y Cultura Indígena, derivados del diálogo de San Andrés Larráinzar, Chis., entre los que se distingue el respeto a sus valores, costumbres y tradiciones, así como la garantía de su acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y apoyos productivos. Con base en lo anterior, las dependencias federales se abocaron al diseño y elaboración de planes en los ámbitos de su competencia, a fin de conformar el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Para fortalecer el ejercicio republicano, el Ejecutivo Federal promovió el mejoramiento de los mecanismos para conducir las relaciones y el diálogo con los Poderes Legislativo y Judicial. Con el Congreso de la Unión y bajo las formalidades jurídicas del caso, se presentaron tres iniciativas de reformas constitucionales, y 30 para expedir o modificar distintos ordenamientos. También, sobresale la realización de 15 comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante diferentes comisiones de trabajo de las Cámaras de Diputados y Senadores, para analizar el segundo Informe de Gobierno; y la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997.

La renovación del federalismo se impulsó con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal. Al respecto, el Gobierno Federal promovió el desarrollo de nuevas fórmulas de coordinación para equilibrar la distribución de los recursos fiscales; reasignar atribuciones y responsabilidades; y desarrollar acciones basadas en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Con el propósito de fortalecer el marco institucional en que se sustenta este proceso, durante el año se constituyó la Comisión para el Impulso del Federalismo. Se trata de fortalecer el pacto federal, bajo el principio básico de la autonomía de los estados y el libre municipio, particularmente en el ámbito de las relaciones jurídico-institucionales, los procesos de descentralización en materia hacendaria y los orientados al fortalecimiento municipal.

Promover el desarrollo democrático del país, requiere de la participación conjunta, responsable y comprometida de los Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos, así como de las organizaciones sociales y civiles. Al efecto, se distingue la adecuación de las disposiciones constitucionales en materia electoral, dirigidas a reforzar los principios de legalidad, competencia, equidad e imparcialidad en la celebración de los comicios. Además se revisaron las premisas para la integración de las Cámaras de Diputados y de Senadores, a fin de que reflejen la pluralidad política que existe en el país. Entre los alcances de esta reforma electoral destacan:

• La consolidación de la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral, a través del fortalecimiento de la representación ciudadana que será la encargada de la toma de decisiones, y la eliminación de la participación del representante del Ejecutivo Federal en su Consejo General.

• El establecimiento de las bases para el financiamiento de los partidos políticos, y la fijación de los límites a los gastos de las campañas electorales. También se precisaron las reglas para el acceso a los medios de comunicación.

• La modificación de algunas normas para la integración del Congreso de la Unión, orientadas a imprimir mayor pluralismo político al quehacer legislativo.

• La incorporación del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación, con lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes electorales.

En igual sentido, las disposiciones orientadas a normar la integración de las instituciones políticas del gobierno del Distrito Federal fueron objeto de revisión, resaltando los aspectos siguientes:

• La determinación para que la elección del titular del órgano ejecutivo de gobierno se haga de manera directa;

• El establecimiento de un período de seis años de vigencia del encargo del Jefe de Gobierno, sin posibilidad de reelección;

• El fortalecimiento de las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

• La incorporación del principio de elección directa de los delegados de las demarcaciones político-administrativas, excepto en 1997, en que aún serán designados mediante el sistema de elección indirecta; y

• La atribución otorgada a la Asamblea Legislativa para aprobar la designación del procurador de justicia capitalino.

En materia de comunicación social, las acciones se realizaron bajo el pleno respeto de las libertades de expresión y prensa, consagradas en la Constitución General de la República. Como una tarea prioritaria y permanente, se vigiló que los medios de comunicación se manejen dentro de los límites del respeto a la vida privada, la paz y la moral pública; asimismo, se supervisó el cumplimiento y la observancia de la ley vigente en materia de radio, televisión y cinematografía. Para fortalecer los valores e impulsar una mayor participación ciudadana en los asuntos de la comunidad y el país, durante el año se realizaron diversas campañas sobre la importancia de la familia como institución básica de la sociedad. Sobresalen las campañas "Planificar, es Cuestión de Querer" dirigida a promover la planificación familiar entre las poblaciones urbano marginadas y rural; y "De Joven a Joven", como instancia de información, consejería y prevención institucional para el adolescente.

Ante la urgente necesidad de atender una de las demandas más sentidas y generalizadas de la población, se intensificaron las acciones para consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la creación de nuevas instituciones e instrumentos orientados a combatir y prevenir el delito, entre los que destacan:

• El Consejo Nacional de Seguridad Pública;
• 32 Consejos Estatales de Seguridad Pública;
• 451 Consejos de Justicia y de Prevención y Readaptación Social;
• El Sistema de Información sobre Seguridad Pública;
• El Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública;
• El Registro Nacional de Armamento y Equipo; y
• El Programa de Prevención del Delito.

A fin de coadyuvar a la readaptación social de los sentenciados, se elaboró y publicó el Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000. Con base en sus lineamientos y para atender el problema de la sobrepoblación en los centros de reclusión, se prosiguió con la construcción de centros penitenciarios y se alentó el Programa de Rezago Cero, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. En igual sentido, se puso en marcha el Programa de Educación Penitenciaria, mismo que se apoyó en los programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; así como el Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria, orientado a erradir las violaciones a los derechos humanos dentro de los reclusorios.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se intensificó el desarrollo de planes y programas operativos y de información, dirigidos a mejorar la capacidad de respuesta de la población ante las contingencias. Destaca la difusión, durante la temporada de huracanes, de 652 boletines meteorológicos con el fin de inducir la adopción de las medidas preventivas necesarias; la realización de cuatro reuniones de información sobre fenómenos hidrometeorológicos y una referente a incendios forestales; la integración de un Comité Técnico de Personal Científico en colaboración con la UNAM, para vigilar el comportamiento del volcán Popocatépetl; y la firma de un convenio de coordinación con la SEP, para llevar a cabo acciones en materia de protección civil y prevención de desastres.

La política demográfica continuó apoyándose en el fortalecimiento de los programas de planificación responsable y ordenada del crecimiento poblacional, así como en la generación de condiciones apropiadas para mejorar el bienestar de la población, en especial de los grupos que viven en condiciones de pobreza extrema.

En materia de política migratoria, la estrategia consistió en buscar que los movimientos de extranjeros y nacionales favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, preservando la seguridad y la soberanía de la Nación y el respeto a los derechos humanos. Al respecto, resalta la permanencia del Programa Nacional de Protección al Migrante. Conforme a los compromisos internacionales, se proporcionó a los refugiados los elementos necesarios para su sustento y la reintegración a su país de origen, bajo el pleno respecto de sus derechos individuales y colectivos.

La SEGOB ejerció un gasto directo de 2 mil 209.4 millones de pesos, monto que superó en 32.6 por ciento a la meta; no obstante, comparado con el año anterior fue menor en 5.6 por ciento real. La primera variación obedeció a los mayores recursos destinados a los programas de Seguridad Pública e Infraestructura Penitenciaria, de Comunicación Social, Bienvenido Paisano y de Formación Policial; la creación de plazas para fortalecer las áreas sustantivas de la Secretaría; y cubrir los gastos asociados con la operación del área de la dependencia que colabora en el grupo interinstitucional que participa en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. La disminución respecto al año previo se relaciona, principalmente, con el desempeño del capítulo de servicios generales de los programas CA.- Política y Gobierno y DN.- Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales, donde se lograron importantes ahorros en el consumo de agua potable y en los servicios de energía eléctrica, telefónico y postal, así como en la contratación de asesoría y apoyo informático.