MEDIO AMBIENTE


A fin de armonizar el desarrollo de las actividades productivas con la protección del medio ambiente y de esta manera lograr un crecimiento económico sustentable, los esfuerzos del sector se orientaron a frenar el deterioro de los ecosistemas y los recursos naturales, y sentar las bases para un proceso de restauración y recuperación ecológica. Para ello, se diseñó una política integral de regulación, prevención y vigilancia, así como de inducción a la participación voluntaria y responsable de los sectores social y privado en el cuidado del entorno natural. En consecuencia, las tareas se centraron en los siguientes aspectos:

Para que el nuevo enfoque de la política ambiental se apoye en ordenamientos precisos que regulen las diversas actividades que se realizan en el ámbito productivo y social, y promuevan nuevas formas de interacción entre la población y su entorno natural, en 1996 se continuó brindando la mayor prioridad a la revisión del marco jurídico y normativo aplicable en la materia. Al efecto, y como resultado de un amplio proceso de consulta popular, se modificó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, con lo cual se sentaron las bases para impulsar un proceso de descentralización de facultades en materia ambiental; ampliar los márgenes de la participación social, reducir la discrecionalidad de la autoridad; incorporar instrumentos económicos y figuras de cumplimiento voluntario de la Ley; y fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental.

En complemento a lo anterior, se avanzó en la modernización de la regulación ambiental, a fin de consolidar un esquema de controles, incentivos y oportunidades. En este sentido, sobresale el diseño de un Sistema Unificado de Trámites para la Industria, que agrupa los procedimientos vinculados con la emisión de contaminantes, descarga de aguas residuales, generación y manejo de residuos peligrosos y actividades de alto riesgo, lo que redundará en un mayor control y menores costos para las empresas; la concertación de nueve convenios de autorregulación con 70 empresas privadas, a través de los cuales se determinaron parámetros de cumplimiento más estrictos para el manejo de desechos peligrosos y reconversión de equipo de transporte; y las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con las que se estableció la deducción de los donativos otorgados a las asociaciones y sociedades que se dedican a la protección o conservación ecológica.

Dentro de este contexto de transformaciones jurídicas y normativas, también fue indispensable consolidar el nuevo marco institucional para una gestión ambiental moderna. Con la publicación del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca -SEMARNAP-, se definió su esquema orgánico-funcional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se precisaron las competencias de sus órganos desconcentrados.

Con objeto de garantizar la correspondencia de las estrategias ambientales a nivel nacional, con las prioridades y problemas específicos de las diversas regiones, la SEMARNAP emprendió un proceso gradual de descentralización, mismo que prevé la transferencia de 45 funciones a las entidades federativas. Para ello, durante 1996 se elaboró un proyecto de Acuerdo Marco, el cual fue difundido a todos los estados de la República para su discusión y firma. Asimismo, se promovió el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las delegaciones federales y las representaciones estatales, mediante la transferencia de facultades y recursos, y la redefinición de su estructura orgánica, a fin de brindar una mejor atención a los asuntos de impacto o alcance regional. Sobresale la instalación en cada delegación, de un Comité de Coordinación Sectorial, cuyo objetivo es coordinar y articular los proyectos y acciones específicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente -PROFEPA-, la Comisión cional del Agua -CNA-, y en su caso, el Instituto Nacional de la Pesca en cada estado.

Uno de los elementos fundamentales de la política ambiental lo constituye el fomento a la corresponsabilidad y participación social. Al efecto, durante el año continuaron operando el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y los cuatro consejos consultivos regionales, como instancias de coordinación entre los sectores público, social y privado para el diseño, aplicación y vigilancia de las estrategias nacionales en materia de protección al medio ambiente y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Aunado a lo anterior, y con el propósito de atender situaciones específicas, también operaron los Consejos Sectoriales, entre los que se distinguen: los de Cuenca, de Areas Metropolitanas en Materia de Gestión de la Calidad del Aire, el de Normalización Ambiental, el Técnico Consultivo Nacional Forestal, y los correspondientes a Areas Naturales Protegidas y Técnico Consultivo de Restauración y Conservación de Suelos, que fueron creados en 1996.

En materia de investigación, durante el ejercicio se elaboraron 14 estudios de ordenamiento ecológico del territorio, mismos que contienen información técnica y científica sobre las causas y efectos de los problemas ambientales en las zonas analizadas. Entre los estudios concluidos destacan: la zonificación y difusión de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y la de El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

A través del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Instituto Nacional de Ecología -INE- analizó y dictaminó 755 proyectos productivos de diversa índole, con el propósito de conocer su incidencia y proponer las medidas y alternativas técnicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones identificadas. De los proyectos evaluados, 80 corresponden al sector primario, 554 al secundario y 121 al terciario. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los dictámenes, se efectuaron 538 visitas de inspección y verificación: 245 a proyectos autorizados, 249 a irregulares, y 44 a denuncias populares. Asimismo, se realizaron 295 análisis de riesgo, asociados con el manejo de sustancias peligrosas, de los cuales se dictaminaron 222.

En el ámbito de sus responsabilidades, PROFEPA continuó con la operación del Programa de Inspección y Vigilancia a Fuentes de Contaminación, mediante el cual se verificó que los establecimientos industriales de competencia federal y las fuentes de generación de residuos peligrosos cumplieran con la normatividad en la materia. En este sentido, durante 1996 se efectuaron 13 790 visitas de inspección con los siguientes resultados: 66 clausuras totales; 228 parciales; 9 736 sanciones económicas que sumaron más de 19 millones de pesos; y 3 907 empresas sin irregularidades. Cabe destacar que de las visitas señaladas, 186 correspondieron a la industria paraestatal y 650 a unidades médicas para revisar los procedimientos en el manejo de residuos biológico-infecciosos, de las cuales sólo 49 cumplieron con lo estipulado.

En coordinación con los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, la PROFEPA continuó apoyando los programas de Atención a Contingencias Ambientales, Vigilancia Aérea y Detección de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por otra parte, a través del Sistema Nacional para la Atención a la Denuncia Popular, el organismo recibió y dio trámite a 6 429 denuncias logrando concluir 3 566. Del total recibido, 2 014 correspondieron a recursos forestales, 1 799 al aire, 937 al suelo, 600 a fauna silvestre, 467 al agua, 355 a flora silvestre y 257 a fauna acuática.


 

El adecuado manejo de materiales y residuos peligrosos constituye una de las prioridades de la política ambiental. La estrategia propuesta incorpora medidas para estimular su disminución, con el propósito de atemperar su impacto en el medio ambiente y los riesgos inherentes a su manipulación; el reuso y reciclaje; y la creación de infraestructura para el transporte, almacenamiento, tratamiento, destrucción térmica y disposición final. Al cierre de 1996 se encontraban en operación 155 empresas autorizadas para tal fin; de este total 67 correspondieron a la modalidad de recolección y transporte; 14 de almacenamiento temporal; seis de alojamiento; 24 de tratamiento; 30 de reciclaje; nueve a incineración; cuatro a disposición final; y una a reuso. Adicionalmente, en 35 municipios de nueve estados del centro del país se identificaron 55 sitios susceptibles para la ubicación de centros integrales, destinados al manejo y aprovechamiento de residuos industriales.

En cuanto a movimientos transfronterizos, se efectuó el control y rastreo de desechos generados por las 3 124 empresas maquiladoras de la frontera norte; y se dictaminaron 4 836 solicitudes de registro y de importación de sustancias tóxicas con un valor de 1.7 millones de dólares. Por otra parte, para atender el manejo de desechos biológico-infecciosos, se autorizaron 11 proyectos de infraestructura de tratamiento y 13 de transporte, mismos que implicaron una inversión de 235 millones de pesos y la generación de 430 empleos. Con estos proyectos se tiene previsto atender el equivalente a 43.0 por ciento de las necesidades nacionales en la materia.

La preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico es una tarea compleja ante la dimensión y la heterogeneidad física y biológica del país. Con este propósito, a través del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas se consideraron 94 zonas que cubren una superficie de 11.2 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 4.3 por ciento respecto a la cobertura de 1995, que se explica por la incorporación de cinco áreas ubicadas en Quintana Roo, Baja California Sur y Sonora, con un total de 464.5 miles de hectáreas.


 

Con objeto de consolidar la administración de las áreas naturales protegidas, se seleccionaron 25 zonas piloto que representan alrededor de 75.0 por ciento de la superficie decretada y contemplan los ecosistemas más representativos. De esta forma, los esfuerzos iniciales se concentraron en la integración institucional, así como en el financiamiento, atención y administración. Para apoyar la planeación de las actividades, se elaboraron 10 programas de manejo, de los cuales se publicaron tres: Sian Ka´an, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, El Pinacate y Gran Desierto de Altar; y se avanzó en el desarrollo de otros cuatro. Por otra parte, se dio continuidad a las acciones de descentralización de las funciones administrativas de algunas áreas, mediante la firma de cinco convenios con los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, con lo que ascendió a nueve el total de zonas transferidas a los estados.

 

PROTECCION AMBIENTAL

  UNIDAD M  E  T  A  S
DESCRIPCION DE 1995 1  9  9  6
  MEDIDA Alcanzada Original Alcanzada
Normar el aprovechamiento de la flora y fauna  
   silvestre, marítima, pluvial y lacustre     Programa 26.0 13.0 13.0
Elaborar la normativi-dad en materia de contaminación del agua, aire y por residuos sólidos  
   silvestre, marítima, pluvial y lacustre     Estudio 3.0 15.0 8.0
Realizar programas para el fomento, aprovechamiento  
   y desarrollo de la vida silvestre y su habitat      Programa 23.0 24.0 24.0
Realizar programas de inspección y vigilancia en  
   materia de contaminación del aire, agua y por  
   residuos sólidos o peligrosos       Programa 9.0 31.0 31.0
Realizar y coordinar programas de participación y  
   concertación pública y social para la protección del  
   patrimonio ecológico       Programa 6.0 1.0 1.0

FUENTE:  Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

 

En complemento a estas acciones, el INE efectuó 24 programas de protección a la vida silvestre, entre los que destaca el relacionado con la operación de campamentos tortugueros, donde anidan siete de las nueve especies de tortugas marinas existentes en el mundo. Por su parte, la PROFEPA a través de la Subprocuraduría de Recursos Naturales realizó 2 064 inspecciones en zonas protegidas, en donde se aseguraron 15 499 ejemplares de flora y 11 124 de fauna silvestre; y se promovieron 1 009 procedimientos administrativos, de los cuales se resolvieron 388. Entre las áreas vigiladas por la PROFEPA destacan la Zona Mariposa Monarca en Michoacán, la Selva Lacandona y la Zona Marqués de Comillas en Chiapas.

Con objeto de prevenir daños a los ecosistemas y fomentar el aprovechamiento racional del potencial biológico del país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad -CONABIO- realizó 325 proyectos y programas especiales en varios estados y regiones del país, entre los que destacan: Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones para la Reforestación Rural en México; Zooplancton de Sistemas Acuáticos Epicontinentales Mexicanos; y la Guía para la Identificación de Cactáceas de México; así como 62 estudios regionales en apoyo a los proyectos Sian Ka´an, Biosfera la Michilia y Calakmul.

A través del Sistema Nacional para la Atención de Emergencias en los Recursos Naturales, se dio respuesta a 18 contingencias en 16 entidades federativas, siendo las más importantes: la mortandad de pelícanos en Baja California Sur, y de peces en Campeche, Quintana Roo y Oaxaca; y la Marea Roja en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

La protección del medio ambiente y la biodiversidad es una responsabilidad del sector público en su conjunto. Para ello, las dependencias y entidades públicas en el ámbito de sus funciones se han abocado a la tarea de cumplir con la normatividad vigente. En particular, sobresalen las acciones emprendidas por PEMEX y sus organismos subsidiarios, CFE y FERRONALES.

PEMEX

C F E

FERRONALES

En el desarrollo de sus actividades, el Sector ejerció un mil 303.3 millones de pesos, monto superior en 43.8 por ciento real al de 1995; sin embargo, comparado con lo presupuestado originalmente fue inferior en 77.0 por ciento. El primer resultado se atribuye, básicamente, al aumento de los recursos fiscales asignados a la CNA y de las erogaciones directas de la SEDESOL orientadas a la ejecución de programas de protección ecológica; en tanto que, la reducción con respecto a lo previsto se explica por los menores gastos de SEMARNAP y PEMEX.

En este sector, la CNA ejerció recursos fiscales por arriba de lo registrado el ejercicio anterior en 189.5 por ciento real, debido al impulso otorgado al Programa Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras. Destaca la realización de 5 528 obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, que permitieron aumentar la cobertura nacional de estos servicios. En contraste, con respecto al presupuesto original resultó menor en 69.4 por ciento, debido a que los recursos asignados al programa de infraestructura para agua potable, fueron reclasificados al subsector de desarrollo urbano, en razón a las características de las obras que se realizan con su ejecución.

La SEDESOL registró un gasto directo que rebasó al del año previo en 45.0 por ciento real, lo que se atribuye, en gran medida, a la ampliación del Programa de Regulación y Preservación Ecológica, orientado a prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo, y preservar los recursos naturales.

El gasto directo ejercido por SEMARNAP fue inferior en 73.3 por ciento a lo programado, debido a que se transfirieron recursos a la CNA para atender los compromisos adquiridos con el Banco Mundial y la SHCP, para impulsar la ejecución del Programa de Modernización del Manejo de Agua -PROMMA-, así como para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica del Sistema Cutzamala y las indemnizaciones derivadas de la afectación de terrenos para la construcción de obras. También influyeron los mayores apoyos canalizados al Instituto Nacional de Ecología con objeto de dar cumplimiento a las acciones en materia ambiental.

 

SECTOR MEDIO AMBIENTE
  ( Millones de Pesos )

  1 9 9 5 1       9       9        6 Variaciones Respecto a:
C O N C E P T O P R E S U P U E S T O Presupuesto Original 1 9 9 5
  Ejercido Original Ejercido Importe % %  Real*
          T O T A L 688.5 5 671.2 1 303.3 (4 367.9) (77.0) 43.8
  GOBIERNO FEDERAL  1/ 242.4 725.2 308.1 (417.1) (57.5) (3.5)
     Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 180.8 713.2 190.5 (522.7) (73.3) (20.0)
     Desarrollo Social 61.6 12.0 117.6 105.6 880.0 45.0
  ORGANISMOS, EMPRESAS, FONDOS  
   Y FIDEICOMISOS SUBSIDIADOS   2/ 446.1 4 946.0 995.2 (3 950.8) (79.9) 69.4
     Comisión Nacional del Agua 62.9 784.2 239.8 (544.4) (69.4) 189.5
     Otros  3/ 383.2 4 161.8 755.4 (3 406.4) (81.8) 49.7

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
1/  Corresponde a gasto directo.
2/  Se refiere a ayudas, subsidios y transferencias del Gobierno Federal y distribución de los ramos generales.
3/  El detalle de este concepto se encuentra en el Banco de Información.
FUENTE: Dependencias del Gobierno Federal.

 

El rubro de otros, presentó una reducción de 81.8 por ciento respecto al presupuesto original, como resultado de las menores erogaciones de PEMEX en los programas específicos de protección ambiental, en razón a la reasignación de recursos hacia proyectos de inversión en plantas que conllevan la incorporación de tecnologías diseñadas con criterios ecológicos.