Cuenta de la Hacienda Pública Federal1997

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

Durante 1997, en este subsector se procedió con la convicción de que el impulso al desarrollo regional y urbano constituye un medio privilegiado para lograr que la población de todo el país, especialmente la más vulnerable, participe del bienestar y el progreso nacional. En consecuencia, el Gobierno Federal reforzó las acciones orientadas a combatir la pobreza extrema, así como los programas que promueven el ordenamiento territorial de las actividades económicas y de los asentamientos humanos. Bajo este marco, las tareas se orientaron conforme a las siguientes vertientes:

• Fortalecer la descentralización de los recursos y de las actividades para incrementar el impacto de las acciones a nivel local;
• Fomentar el desarrollo de las capacidades productivas de los individuos y las comunidades; e
• Inducir el crecimiento urbano de manera equilibrada en cada región.

Superación de la Pobreza

Para imprimir mayor alcance y equidad a la política social, se enfatizó el carácter integral, federalista y corresponsable de la estrategia orientada a revertir la pobreza extrema y la exclusión social. En este sentido, el presupuesto federal del Ramo 26.- Superación de la Pobreza, se orientó y aplicó de acuerdo con las siguientes líneas de acción:

• Persistir en la descentralización de la política de superación de la pobreza;
• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales;
• Alentar los espacios de participación social; y
• Promover la operación de programas que favorezcan la provisión de servicios básicos y la creación de oportunidades de empleo e ingreso para la población.

Con objeto de impulsar la renovación federalista, se profundizó el proceso de descentralización de los programas de superación de la pobreza. Se trata de transferir facultades y recursos a los gobiernos locales, de manera gradual y con base en criterios de transparencia, eficacia y equidad, a fin de fortalecer su capacidad de decisión y de respuesta a las demandas de la población. Ello se complementó con el aliento a la participación organizada de las comunidades en la planeación, ejecución, supervisión, control y evaluación de las tareas orientadas a mejorar su nivel de vida.

Con este propósito, en el Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF- para 1997, se propuso transferir a las entidades federativas y municipios dos terceras partes del presupuesto asignado al Ramo 26, a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal -FDSM-.

Para asegurar que la asignación de los recursos se lleve a cabo en forma equitativa y transparente, por segundo año consecutivo su distribución se apoyó en una fórmula basada en indicadores de pobreza. Esta, además de considerar la proporción de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, contempla la intensidad del fenómeno al interior de cada entidad y su situación comparativa con otras. Con ello se evita la discrecionalidad y se garantiza que los apoyos beneficien principalmente a los estados con mayores rezagos. Por su parte, los gobiernos de los estados diseñaron y aplicaron una fórmula similar a la del Gobierno Federal para canalizar los recursos a los municipios. Cabe destacar que la participación de diversas instituciones académicas y especialistas del área social fue determinante en la elaboración de la metodología. Asimismo, fue objeto de análisis y discusión por parte del Poder Legislativo, en cuyo seno también se revisó la propuesta de descentralización y sus principales instrumentos.

El Convenio de Desarrollo Social -CDS- se consolidó como instrumento único de coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales, para la aplicación de políticas de desarrollo social y de superación de la pobreza. En la renovación anual de los convenios con las 31 entidades federativas, se consideró, entre otros compromisos, la distribución equitativa, racional y transparente de los recursos del Ramo 26; la colaboración corresponsable de los ayuntamientos y comunidades; y la difusión pública de los recursos asignados y de los resultados obtenidos. Adicionalmente, se definieron los montos y porcentajes de participación de los recursos federales y las inversiones estatales.

El aliento a la participación social continuó siendo elemento clave en la planeación y programación de los proyectos de beneficio social, así como en la supervisión, control y evaluación de los resultados. Al efecto, siguió impulsándose la creación y operación de los Consejos de Desarrollo Municipal -CDM- y de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal -COPLADEM- en la totalidad de los ayuntamientos del país. Al cierre del ejercicio se habían constituido un total de 1 784 CDM, y 632 COPLADEM; asimismo, se logró la integración de más de 80 mil comités comunitarios en los que participaron cerca de 238 mil personas. Merece destacarse que con este esquema se vigoriza la capacidad de decisión de las comunidades en la ejecución de las obras, se eleva la eficiencia en la aplicación de los recursos, y se intensifica, mediante la Contraloría Social, la supervisión de las obras.

Acorde con los objetivos del nuevo federalismo, la operación del Ramo 26 se simplificó y agilizó. En este sentido, los programas se agruparon en sólo dos fondos, frente a tres de un año antes, mismos que atienden acciones específicas, pero complementarias entre sí, a saber:

• Fondo de Desarrollo Social Municipal; y
• Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo -FDRE-.

A través del primero, se alienta la descentralización de los programas de Superación de la Pobreza. Su efectividad se sustenta en la fortaleza y autonomía de los municipios y en la participación social. Por su parte, el FDRE se caracteriza por promover la adecuada coordinación entre la Federación y los gobiernos locales en el ejercicio de los recursos.

Durante 1997, las erogaciones federales dirigidas a la superación de la pobreza ascendieron a 13 mil 313.5 millones de pesos, cifra superior a la meta en 5.2 por ciento. De esta cantidad, 11 mil 632.7 millones corresponden al gasto efectuado por los gobiernos de los estados y municipios, mismos que se registraron en el presupuesto del Ramo 26; y los restantes un mil 680.8 millones de pesos fueron aplicados directamente por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En complemento a lo anterior, los gobiernos estatales y los beneficiarios de las obras aportaron 2 mil 159.1 millones de pesos, con lo cual el presupuesto total alcanzó un monto de 15 mil 427.6 millones de pesos.

Al cierre del ejercicio, a través del FDSM se descentralizaron 61.5 por ciento de los recursos del Ramo 26, proporción que se compara con 58.6 por ciento de un año antes. El restante 38.5 por ciento se destinó al FDRE.

GASTO FEDERAL EJERCIDO
POR EL RAMO 26.- SUPERACION DE LA POBREZA
(Millones de Pesos)

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Ramo 26.

Fondo de Desarrollo Social Municipal -FDSM-

Con la operación de este fondo se enfatiza el carácter descentralizado de la estrategia de superación de la pobreza, al transferir a los municipios los recursos y facultades indispensables para elevar su capacidad de atención y de respuesta a las demandas de la población en situación de pobreza extrema. Cada estado distribuyó los fondos del FDSM a partir de fórmulas basadas en indicadores de pobreza similares a las utilizadas por el Gobierno Federal, favoreciendo con ello a los municipios más necesitados. Con dichos recursos se impulsaron los programas de infraestructura social y productiva, de acuerdo a las prioridades definidas en el seno de los CDM. Cabe destacar que en dichas instancias participan las autoridades municipales y la sociedad organizada, a través de los Comités Comunitarios. Estos últimos cuentan con la figura de la Contraloría Social para vigilar el cumplimiento de las obras.

A partir de la metodología de distribución de los recursos del FDSM, fue posible beneficiar en mayor medida a los municipios en extrema pobreza, que se encuentran ubicados en los estados de Veracruz, Coahuila, Oaxaca, México, Puebla y Guerrero, mismos que absorbieron 40.1 por ciento del total.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
(Millones de Pesos)

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Ramo 26.

En el marco del FDSM, se ejercieron 8 mil 187.0 millones de pesos, de los cuales 72.9 por ciento se destinaron al desarrollo de infraestructura básica; 15.9 a estímulos a la educación básica; 4.7 al otorgamiento de créditos a la palabra; 3.9 a la ejecución de proyectos productivos; y 2.6 por ciento a acciones de asistencia social y servicios comunitarios.

A través de los proyectos de infraestructura básica, se ejecutaron entre otras las siguientes acciones: la construcción, ampliación y rehabilitación de 6 162 sistemas de agua potable y 4 095 de alcantarillado; la pavimentación de 15.9 millones de m2 de calles, 1.6 millones de banquetas y de 2.1 millones de metros de guarniciones; la edificación, reconstrucción y conservación de 20 214 kms. de caminos rurales; la electrificación de 1 112 colonias y 3 134 poblados; la construcción y reconstrucción de 13 903 espacios educativos y 1 710 canchas deportivas; acciones de rehabilitación en 7 589 escuelas y 92 958 viviendas; y la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de 1 149 centros de salud. Estas obras requirieron recursos federales por 5 mil 971.7 millones de pesos, y estatales por un mil 122.3 millones de pesos. Con dicha inversión se benefició, principalmente, a los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, y Puebla, que concentraron 38.1 por ciento del total.

Mediante el Programa de Estímulos a la Educación Básica se erogaron un mil 507.6 millones de pesos, correspondiendo 86.3 por ciento a la Federación y 13.7 a los estados. Destaca el otorgamiento de 791 023 becas a niños de familias de escasos recursos para continuar con su instrucción primaria y la distribución de 30.3 millones de desayunos. Las entidades más favorecidas fueron: Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, México, Tabasco e Hidalgo, que en conjunto recibieron 38.0 por ciento de los recursos asignados a este programa.

Con el Programa de Crédito a la Palabra se apoyó a 497 142 productores que laboran en 1.2 millones de hectáreas de temporal con elevado índice de siniestralidad, localizados en 1 308 municipios de 30 estados del país. La inversión federal ejercida en estas acciones ascendió a 383.6 millones de pesos, y la estatal sumó 61.2 millones. Cabe destacar que seis estados concentraron 54.2 por ciento de los recursos: Guanajuato, Colima, Michoacán, Jalisco, Durango y Puebla.

Para impulsar el desarrollo de proyectos productivos, la Federación participó con 322.7 millones de pesos, mismos que se complementaron con fondos estatales por 76.8 millones. Se distinguen los recursos otorgados a 201 647 productores para el cultivo de 180.5 miles de hectáreas; así como la entrega de 28.1 miles de cabezas de ganado, 31.2 miles de aves y 4.9 miles de colmenas a cerca de 29 mil personas. Del total ejercido, 66.5 por ciento se concentró en los estados de Guerrero, Puebla, Coahuila, México y Yucatán.

A continuación se presentan los resultados de los principales programas del FDSM:

Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo -FDRE-

Con este fondo además de impulsar programas y proyectos productivos de alcance regional y nacional, que generan alternativas de ocupación e ingreso, se apoya la creación y consolidación de pequeñas unidades productivas; el desarrollo de acciones en zonas áridas del país; y se da atención, a través de programas especiales, a grupos vulnerables como indígenas, jornaleros agrícolas, mujeres, maestros jubilados y jóvenes pasantes. La operación del FDRE se lleva a cabo por medio de las delegaciones estatales de la SEDESOL, mismas que promueven las obras de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales. Los proyectos que se desarrollan bajo este esquema se distinguen por su tamaño y plazos de ejecución, así como por requerir del uso intensivo de mano de obra.

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y EL EMPLEO
(Millones de Pesos)

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Ramo 26.

Mediante el FDRE se ejercieron recursos federales por 5 mil 126.5 millones de pesos. De este monto, 44.7 por ciento se destinó al renglón de prioridades estatales; 31.5 a programas prioritarios, y el restante 23.8 por ciento al impulso del Programa de Empleo Temporal -PET-.

En complemento a las acciones realizadas por el FDSM, el FDRE atendió diversos programas de infraestructura básica considerados como de prioridad estatal. La ejecución de estas obras requirió una inversión federal de 2 mil 289.0 millones de pesos, que se complementó con aportaciones estatales por 351.7 millones. Entre las obras impulsadas destacan las orientadas al mejoramiento de los servicios urbanos, que incluyen la construcción, ampliación y rehabilitación de 504 sistemas de agua potable y 150 de alcantarillado; la pavimentación de 827 mil m2 de calles; la construcción y reconstrucción de 772 mil m2 de vialidades urbanas; la electrificación de 160 poblados y 48 colonias; la rehabilitación de 57 235 viviendas; y la edificación, ampliación, rehabilitación y equipamiento de 17 hospitales, 58 unidades médicas rurales y 101 centros de salud. Además se construyeron 493 kms. de caminos, se reconstruyeron 600 kms. y se realizaron labores de conservación en otros 2 603 kms.

En el marco de los Programas Prioritarios, sobresalen las acciones del Fondo Nacional de Empresas Sociales, en el que se ejercieron 599.4 millones de pesos para impulsar la creación y consolidación de 2 748 unidades productivas, de las cuales 957 se consideraron como capital de riesgo; de esta última cantidad, 621 son empresas pecuarias, forestales o pesqueras; 80 agrícolas y agroindustriales; 165 comercializadoras; 75 microempresas y 16 extractivas. Las restantes 1 791 fueron apoyadas con fondos de financiamiento. De esta forma se alentó la generación de 106 124 empleos productivos.

Las acciones del Programa Nacional de Reforestación se orientaron a la preservación y recuperación de los recursos silvícolas, al tiempo que se promovió el desarrollo de las comunidades dedicadas a la actividad forestal y la creación de empleos. Con recursos federales por 212.5 millones de pesos y estatales por 30.3 millones, se impulsó la producción, mantenimiento y siembra de 756 millones de plantas. Sobresalen las obras realizadas en Michoacán, Veracruz, Yucatán, Puebla, Guerrero y Jalisco.

A través del Programa de Apoyo al Servicio Social, los pasantes de educación técnica y superior realizaron actividades en apoyo de las comunidades más necesitadas, relacionadas con su formación técnica y/o profesional. Para ello se ejerció un gasto federal por 93.2 millones de pesos, mismos que permitieron otorgar 44 326 estímulos económicos, principalmente en los estados de Coahuila, Hidalgo, México, Sonora, Michoacán y Veracruz.

En el marco del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, se erogaron 62.5 millones de pesos por concepto de inversión federal. De esta forma, se llevaron a cabo 8 794 proyectos que incluyen acciones de vivienda, saneamiento ambiental, salud, seguridad social, alimentación, abasto, educación, cultura, recreación, empleo, capacitación y procuración de justicia, en favor de más de 609 mil personas.

Con la operación de los 19 Fondos Regionales de Chiapas se apoyó la adquisición y distribución de insumos, fertilizantes, acémilas, maquinaria y equipo; la instalación de unidades pecuarias; el acopio y comercialización de productos básicos; el mejoramiento del beneficio del café; y el establecimiento de talleres artesanales, tiendas rurales y cooperativas de transporte, todo ello en apoyo de la población indígena del estado. Se distingue el impulso al cultivo de productos básicos y comerciales en 27 740 hectáreas; la atención brindada para el cuidado de 6 324 cabezas de ganado bovino y porcino; la instalación de 1 522 colmenas, y la promoción de 134 proyectos agroindustriales y artesanales, en beneficio de 27 325 productores. En estas acciones se erogaron 59.1 millones de pesos de origen federal.

Mediante los Programas de Desarrollo Agrícola se realizaron obras de infraestructura básica en comunidades de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Sobresalen la construcción, ampliación y rehabilitación de 43 sistemas de agua potable; la instalación de cuatro talleres, 12 granjas, seis huertos y cinco centros comunitarios; la entrega de 711 cabezas de ganado; y la rehabilitación y construcción de infraestructura para irrigar 182 hectáreas y de 30 unidades pecuarias. Adicionalmente, se distribuyeron 135 mil raciones alimenticias y se realizaron 106 cursos de capacitación. Dichas obras implicaron una inversión federal por 58.8 millones de pesos.

Con el programa de Mujeres del Ramo 26 se promueve la incorporación de este importante segmento de la población, principalmente del ámbito rural y urbano popular, a proyectos productivos y de beneficio comunitario. En el ejercicio que se informa se distinguieron, entre otras actividades, la instalación de 86 cocinas, 90 granjas, 181 huertos, 377 molinos, 46 tortillerías, 31 panaderías, 308 talleres y 32 centros de producción. El gasto federal aplicado a estas acciones ascendió a 34.2 millones de pesos.

Por medio del programa de Maestros Jubilados se aprovecha la experiencia y vocación de servicio de los docentes, mediante su participación en actividades de apoyo a las comunidades. Con recursos federales por 37.3 millones de pesos se otorgaron 6 119 estímulos a profesores retirados, destacando los entregados en Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Campeche y Sinaloa.

A través del Programa de Empleo Temporal se favoreció a la población más desprotegida, fundamentalmente en las áreas rurales. De esta manera las comunidades se benefician, tanto de los empleos temporales, como de las acciones de carácter social involucradas en la tareas efectuadas. En el ejercicio que se informa se crearon 427 326 empleos temporales, de los que 56.8 por ciento se generaron en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Hidalgo y Michoacán. Los recursos federales canalizados al programa ascendieron a 1 221.5 millones de pesos.

A continuación se presentan los principales resultados alcanzados con la operación del FDRE:

Para apoyar a la población afectada por el huracán Paulina en Guerrero y Oaxaca, en el marco de las acciones de prioridades estatales, se realizaron diversas acciones entre las que se encuentran:

• La construcción de 499 pies de casa, siete sistemas de agua potable, tres de alcantarillado y dos rellenos sanitarios;
• La rehabilitación de 8 900 viviendas;
• La electrificación de siete poblados y una colonia;
• La reconstrucción de 20 albergues y el equipamiento de 29; y
• La conservación de 17 kms. de caminos rurales.

Adicionalmente, se otorgó apoyo a 1 285 microempresas y 57 empresas pecuarias, forestales y pesqueras, y se dotó a 103 pescadores con 31 embarcaciones. La inversión federal destinada a la realización de estas actividades fue de 208.0 millones de pesos.

En apoyo a la población afectada por el huracán Nora en los estados de Baja California Sur, Coahuila y Colima, se asignó una inversión federal por 29.7 millones de pesos, a efecto de impulsar entre otras acciones:

• La rehabilitación de cuatro sistemas de agua potable, un sistema de alcantarillado, 472 viviendas, 44 escuelas, dos hospitales y seis módulos deportivos; y
• La construcción de 59 mil m2 de calles y reconstrucción de 2.1 millones de m2 de vialidades.

Desarrollo Urbano

Promover la generación de condiciones que favorezcan el ordenamiento territorial de las actividades económicas y de los asentamientos humanos representa una prioridad de la política social, por sus efectos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Se trata de enfrentar las carencias acumuladas en la provisión de servicios públicos y de equipamiento urbano en las ciudades consideradas como estratégicas, e impulsar el funcionamiento eficaz de las principales metrópolis y el crecimiento ordenado de sus zonas aledañas. En este sentido, en 1997 las acciones se orientaron por los siguientes lineamientos:

• Alentar la consolidación de 116 ciudades medias y pequeñas estratégicas, que cuentan con la capacidad para atraer capital productivo y difundir el bienestar a sus regiones de influencia;
• Mejorar los criterios de consolidación de las cuatro grandes zonas metropolitanas;
• Impulsar la actualización y aplicación de la legislación en materia de asentamientos humanos, así como de los planes y programas de desarrollo urbano locales;
• Propiciar la oferta suficiente de suelo urbano; y
• Continuar con el fomento a la participación de la sociedad en el desarrollo urbano.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 100 CIUDADES

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.

Con el propósito de aprovechar el potencial de las ciudades medias y pequeñas estratégicas para la promoción de la inversión y la atracción de flujos migratorios continuó impulsándose el Programa 100 Ciudades. Asimismo, se distingue su importante papel en apoyo a la renovación federalista, mediante la descentralización de recursos, funciones y decisiones hacia los gobiernos estatales y municipales, quienes son los responsables de asignar y ejercer el gasto de acuerdo a las necesidades locales. En el ejercicio que se informa, a través de este programa se ejercieron recursos federales por 672.8 millones de pesos, que permitieron efectuar 634 obras y acciones en materia de catastro urbano, urbanización de lotes, vialidad y transporte urbano, saneamiento de agua y de cauces, residuos sólidos y reactivación económica de los centros de las ciudades, todo ello en beneficio de 96 localidades y 19.1 millones de habitantes. En complemento, la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL- apoyó a las autoridades locales en la elaboración de estudios, proyectos manuales y programas de asistencia técnica y capacitación, para coadyuvar al fortalecimiento de los servicios urbanos.

Las acciones emprendidas abarcaron las cinco vertientes básicas del programa, como a continuación se detalla:

Avanzar en la consolidación de las cuatro grandes zonas metropolitanas del país, requirió de la asistencia técnica permanente para la actualización y vigencia jurídica de los planes de ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Asimismo, se promovió el establecimiento de un acuerdo de coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y se formuló el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada; también se apoyó a cuatro municipios aledaños a la ciudad de Puebla en la revisión del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de esta zona conurbada.

En materia de reordenamiento territorial, las tareas consistieron en apoyar a los gobiernos estatales en la formulación y mejoramiento de los planes locales y de la normatividad sobre el desarrollo urbano. En este sentido, se otorgó asesoría técnica para la revisión de siete leyes y nueve planes estatales; se publicaron las leyes de Desarrollo Urbano de Chiapas y Guanajuato y el Plan del estado de Jalisco; y se actualizaron los planes de Chihuahua y Yucatán. Adicionalmente, se proporcionó asistencia para la elaboración del Programa Subregional de Ordenamiento Territorial del Corredor San Juan del Río-Querétaro; y se emitieron 591 dictámenes técnicos de uso del suelo.

La participación social en las acciones de desarrollo urbano se alentó mediante la creación de Consejos Consultivos, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Durante el año se brindó asistencia técnica para la instalación de dichos consejos en 37 localidades y 11 entidades federativas; se dio seguimiento a sus actividades en 59 localidades y 16 estados; y se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Urbano. También, se asesoró a las autoridades de ocho ciudades para definir y operar estrategias de desarrollo urbano.

Vivienda

A fin de atender uno de los reclamos más sentidos de la población: contar con una vivienda digna, en 1997 se conjuntaron los esfuerzos de los sectores público, social y privado, con objeto de reactivar tanto la oferta como la demanda habitacional en beneficio de un mayor número de familias, principalmente las de menores ingresos. Al efecto, se definieron las siguientes líneas de acción:

• Avanzar en el fortalecimiento institucional de los organismos promotores de vivienda, con el propósito de transformarlos en entidades eminentemente financieras, sin perder su orientación social;
• Proseguir con la desgravación y desregulación en la materia, para abatir costos, tiempos y trámites;
• Incrementar la oferta de suelo para vivienda; e
• Impulsar la autoconstrucción en el medio urbano y rural.

Elevar la oferta habitacional requiere no sólo de una mayor canalización de recursos, sino también de una operación eficiente de los organismos promotores. Para ello, en el marco de la Alianza para la Vivienda se continuó impulsando la adecuación de sus reglas de operación y sus esquemas crediticios, con el fin de apoyar de manera transparente y directa la demanda habitacional y alentar el ahorro voluntario. Entre dichas medidas, sobresalen las siguientes:

• En el INFONAVIT se incorporaron reformas a su marco legal con objeto de vincularlas con el nuevo sistema de pensiones y alcanzar una mayor simplificación administrativa; también se modificó su sistema de calificación, incorporando el ahorro. En complemento, el Instituto firmó un convenio con el IMSS, a efecto de llevar a cabo acciones conjuntas en materia de afiliación de derechohabientes, recaudación, fiscalización y recuperación de cartera; y abatió casi en su totalidad el rezago histórico en titulación de viviendas.
• FOVISSSTE modificó su estatuto orgánico para fortalecer y ampliar las facultades de decisión, operación y control de su Comisión Ejecutiva, como instancia para el análisis, definición y autorización de los programas crediticios. Además, impulsó la simplificación de trámites y procedimientos para el otorgamiento de créditos y estableció nuevos parámetros para su calificación y autorización, entre los que destaca el ahorro previo.
• FONHAPO avanzó en la modificación de sus reglas de operación, a fin de dar mayor transparencia a la asignación de créditos y estímulos, y actualizar los mecanismos para la administración y recuperación de su cartera.
• FOVI aumentó los créditos puente de 50.0 a 60.0 por ciento del valor de los conjuntos habitacionales, mejoró la planeación de subastas de derechos de crédito y permitió la participación de nuevos intermediarios financieros. Para ampliar las posibilidades de acceso a sus esquemas de financiamiento, puso en marcha el Programa Especial de Créditos y Subsidios para Vivienda -PROSAVI- mediante el cual se establecen mecanismos más transparentes en la distribución de los subsidios para complemento del enganche, reconociendo los esfuerzos de ahorro previo. Con la operación de este programa, se asignaron poco más de 65 mil derechos de crédito en diversas entidades del país.

En 1997, los organismos públicos de vivienda, la banca comercial y de desarrollo otorgaron más de 359 mil créditos, de los cuales 54.6 por ciento se canalizaron a la adquisición de vivienda y el resto para mejoramiento. De este total, 55.1 por ciento correspondió al INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI, FONHAPO y BANOBRAS; 38.4 por ciento provino de la banca de desarrollo, organismos estatales y municipales de vivienda y al Programa de Autoconstrucción Crédito a la Palabra; 1.3 por ciento de la banca comercial; y el restante 5.2 por ciento de otras instituciones.

La ampliación y mejoramiento de los servicios financieros fueron determinantes en el aumento de la derrama de recursos, la diversificación de los esquemas crediticios y el fortalecimiento del ahorro interno. Al efecto, se avanzó en el establecimiento de las condiciones para la operación de un mercado secundario de hipotecas y la concurrencia de diversos intermediarios, al seguirse promoviendo, en coordinación con los gobiernos estatales, la adecuación de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles en materia de transferencia de cartera hipotecaria. Durante el año se aprobaron en 13 entidades las modificaciones a dichos códigos, con lo cual llegó a 22 el número de estados que cuentan con un marco legal actualizado, incluyendo al D.F. Como resultado de estas acciones, los intermediarios y los organismos nacionales de vivienda han dado prioridad en sus programas y recursos a esos estados.

A fin de disminuir los costos indirectos relacionados con la producción y titulación de vivienda de interés social, las autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un gran esfuerzo en materia de desgravación. De esta forma, la participación promedio de los costos en el valor final de la vivienda se redujo de 4.39 a 3.78 por ciento. Para avanzar en la desregulación y simplificación administrativa en materia de permisos y licencias de construcción, se instalaron nueve Oficinas Unicas Municipales de Trámites para Vivienda, con lo cual ascendió a 233 el número de oficinas en operación. De este total, 109 corresponden a localidades del Programa 100 Ciudades.

Con objeto de aumentar la oferta de suelo para vivienda, se continuó promoviendo la constitución de reservas territoriales a través del Programa de Incorporación de Suelo Social -PISO-. Así, se incluyeron 2 183 hectáreas para el desarrollo de programas habitacionales. También se prosiguió con la actualización del inventario de tierra para vivienda, que comprende casi 40 mil hectáreas, de las cuales 84.5 por ciento corresponden a terrenos en breña; 10.4 a urbanizados; y 5.1 por ciento se encuentran en proceso de urbanización.

A través de las acciones de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda se siguió apoyando a los grupos sociales más necesitados y cuyos ingresos son menores a 2.5 salarios mínimos mensuales. Al efecto, continuaron en operación el Programa de Autoconstrucción Crédito a la Palabra, en cuyo marco se distribuyeron 241 mil paquetes para la edificación y mejoramiento de vivienda; y el Programa de Mejoramiento de la Vivienda Rural, donde se realizaron cerca de 59 mil acciones en favor de los habitantes del campo. Para apoyar a los autoconstructores, se amplió la red de tiendas de materiales de 2 721 a 3 055 establecimientos afiliados, en los que se ofrecen descuentos de 2.0 a 50.0 por ciento en los productos de mayor demanda. En complemento, se impulsó el programa de transparencia de precios Quién es Quién, con el fin de orientar al autoconstructor sobre los precios de materiales de calidad. Dicho programa cubrió 922 distribuidoras de 30 entidades federativas, incluyendo el D.F., mediante la emisión de 51 boletines informativos.

Las acciones de fomento tecnológico se orientaron a elevar la calidad y durabilidad de la vivienda. Sobresale la organización del Primer Concurso Internacional de Tecnologías para la Vivienda. Asimismo, se dio permanencia a las actividades de normalización, certificación y verificación de materiales, productos y sistemas constructivos, con las cuales se avanzó en la elaboración de 12 Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas de los principales productos para construcción de viviendas.

Agua Potable

Contar con una infraestructura hidráulica adecuada y suficiente, e incrementar la eficiencia en la administración, manejo y control del vital líquido, son los objetivos principales de la acción pública en esta materia. Para ello, en 1997 las tareas de la Comisión Nacional del Agua -CNA- se orientaron bajo las siguientes vertientes:

• · Vigorizar la administración de los usos del agua;
• · Modernizar el manejo y control del líquido, mediante la mayor participación de la sociedad;
• · Conservar y ampliar los sistemas de suministro y saneamiento del agua potable; e
• · Intensificar los programas orientados a mejorar la calidad del recurso.

El impulso al cumplimiento voluntario de las obligaciones de los agentes participantes en la actividad fue pieza clave en el mejoramiento de la administración de los usos del agua. Al efecto, se mantuvo la vigencia de los Decretos Presidenciales publicados en octubre de 1995, a través de los cuales se otorgan facilidades administrativas para la tramitación de títulos y permisos, y se condonan parcial o totalmente los adeudos fiscales. Con ello, además de brindar seguridad jurídica a los usuarios, ha sido factible conocer con mayor precisión la ubicación, cantidad y calidad de los volúmenes requeridos del líquido. A diciembre de 1997 se han adherido a estos decretos 238 941 usuarios; 56.7 por ciento corresponden al sector agropecuario, 39.0 a localidades diversas, y 4.3 por ciento son empresas industriales, comerciales y de servicios.

La inscripción al Registro Público de Derechos de Agua -REPDA- se promovió mediante las reformas incorporadas en 1997 a la Ley Federal de Derechos, que exentan a los beneficiarios de escasos recursos del pago del costo del trámite de inscripción al mismo; la simplificación de 26 trámites administrativos; y la apertura de 53 nuevas ventanillas únicas para la atención de solicitudes. De esta manera, se otorgaron 50 508 títulos, con lo que se alcanzó un total de 115 969 inscritos en el REPDA, cifra superior a la de un año antes en 76.7 por ciento. Además, se confirieron 35 031 títulos de concesión y 1 964 permisos de descarga de aguas residuales.

En su segundo año de operación, el Programa de Modernización del Manejo del Agua -PROMMA-, que opera con financiamiento del Banco Mundial, continuó impulsando la participación social en la formulación y ejecución de programas y acciones para mejorar la administración del recurso, mediante la integración de los Consejos de Cuenca, como instancias de coordinación y concertación. Destaca la instalación del Grupo de Trabajo Técnico del Consejo de Cuenca del Valle de México y del correspondiente a la Comisión de Cuenca del Río San Juan. Adicionalmente, se constituyeron las comisiones de Cuenca del Río Santiago y para el Saneamiento del Río Turbio; y se instaló el Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas, junto con su Grupo Básico y su Asamblea de Usuarios. También se establecieron las bases para la instauración del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de Santo Domingo y de Querétaro. En este marco, las acciones del PROMMA se orientaron a incrementar la calidad del agua; prevenir eventos climatológicos y meteorológicos que afecten a la población y a la infraestructura hidráulica; y asignar equitativa y eficientemente el vital líquido. Con relación al primer aspecto, durante el año se rediseñaron las redes nacionales de monitoreo de calidad del agua y la de laboratorios. Para alertar sobre la ocurrencia de fenómenos naturales adversos, se modernizaron los sistemas de obtención y procesamiento de información meteorológica; se habilitaron ocho estaciones de radiosondeo del país y se actualizaron los sistemas en dos entidades federativas; y se adquirieron dos plantas generadoras de hidrógeno.

El impulso a la construcción de obras de captación, conducción y potabilización, permitió enfrentar los requerimientos de la población que habita en los medios urbanos y rurales, y frenar el deterioro en los cuerpos de agua. Para garantizar el abastecimiento en la zona metropolitana del Valle de México, mediante el Plan de Acción Inmediata se construyeron, repusieron y rehabilitaron pozos y otras estructuras, con las cuales se logró proporcionar un caudal de 7.7 m3/s. En el Sistema Cutzamala se realizaron, principalmente, obras complementarias y de seguridad, con lo que se mantuvo una capacidad instalada de 19.0 m3/s en la conducción y 19.0 m3/s en la potabilización. En el Sistema de Distribución de Agua Potable Ramal Norte, se efectuaron obras de construcción, mantenimiento y protección en tanques y líneas de conducción. Como resultado de las tareas efectuadas en estos tres proyectos, fue posible proporcionar un caudal de 22.9 m3/s de agua potable en beneficio de 6.0 millones de habitantes del Valle de México, logrando mantener la cobertura de 98.0 por ciento de la población atendida en el D.F. y de 94.0 por ciento en los municipios del Estado de México.

OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA AGUA POTABLE

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

A las medidas anteriores, se agrega el inicio del proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento para la Zona Metropolitana del Valle de México, con financiamiento del BID y del Fondo de Cooperación Económica de Ultramar. En materia de suministro, se busca aumentar el caudal del vital líquido al D.F. y a 18 municipios del Estado de México, con la realización de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, que incluye el proyecto Temascaltepec; así como obras de ampliación, modernización y rehabilitación del sistema actual para incrementar a 24.0 m3/s nominales el flujo que se extrae del sistema. En este marco, se avanzó en la elaboración de estudios y proyectos de obras, y de impacto ambiental, e iniciaron las licitaciones relativas a las obras del Macrocircuito y el Acuaférico, que permitirán llevar el recurso potable a los municipios conurbados del Estado de México y a las delegaciones del sur y oriente del D.F. Con relación a las acciones de saneamiento, en dicho proyecto se prevé la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y tres túneles, la rectificación y revestimiento de emisores superficiales, y lagunas de regulación y plantas de bombeo.

Mediante el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas -APAZU- se cubrieron todas las entidades del país, con una inversión de un mil 215.0 millones de pesos. Dicha cantidad se conformó de la siguiente manera: 53.0 por ciento correspondió a aportaciones de la CNA; 24.0 a los gobiernos estatales; 14.0 a los órganos operadores; y 9.0 por ciento fueron recursos crediticios. Por tipo de obras, las de agua potable recibieron 48.0 por ciento; de alcantarillado, 42.0; y de saneamiento, el restante 10.0 por ciento. El programa se dirigió a expandir y mejorar la infraestructura de captación, conducción y potabilización, así como de recolección de aguas residuales de diversas ciudades. Entre las acciones más importantes desarrolladas con el programa directo, destacan las tareas realizadas en Baja California, en especial la rehabilitación del Acueducto Río Colorado-Tijuana, en su primera etapa; y la construcción de redes de agua potable, tanques y líneas de conducción en las ciudades de Tecate, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Asimismo, se elaboró un estudio técnico para la puesta en marcha del Sistema de Macro Medición Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado -SIAPA-, y se desarrollaron proyectos ejecutivos y diversas obras de rehabilitación del sistema de agua potable. Adicionalmente, en Guaymas, Son. se reforzaron 1.7 kms. de redes primarias y líneas de conducción y 23.9 kms de redes secundarias, se construyeron dos tanques, y se rehabilitaron equipos de bombeo. En el proyecto Monterrey IV, las tareas se concentraron en el suministro, fabricación e instalación de 15 cámaras de aire en las plantas de bombeo del acueducto El Cuchillo-Monterrey.

Con objeto de asegurar el suministro de agua potable en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, en el ejercicio que se informa se puso en marcha el Programa de Saneamiento de la Frontera Norte. Al respecto, se lograron concluir las obras en el Acueducto Control-Valle Hermoso en Tamaulipas, en beneficio de 28 450 personas; y en Reynosa se llevaron a cabo acciones de agua potable en favor de 30 mil habitantes. En Nogales, Son. se continuó con la construcción del Acueducto "Los Alisos", con una cobertura de 86 mil habitantes, y se realizaron obras en Naco para beneficio de 7 242 habitantes.

El abatimiento de los rezagos y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales, se apoyó en los siguientes proyectos: Agua para el Bienestar de las Comunidades Rurales; Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable; Drenaje en Zonas Rurales; y Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillado Rural. De esta forma, se logró la construcción de 294 nuevos sistemas de agua potable en el estado de Chiapas y de 96 obras en 27 municipios; la rehabilitación de 232 sistemas de agua potable; la construcción y rehabilitación de 20 sistemas de alcantarillado; y la construcción de 7 015 sanitarios ecológicos.

Como resultado del conjunto de medidas señaladas, se estima que en el ejercicio que se informa, 79.9 millones de habitantes recibieron el vital líquido; en tanto que el número de personas beneficiadas con los servicios de alcantarillado ascendió a 68.0 millones a nivel nacional.

En materia de saneamiento, destaca la participación del capital privado en la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, bajo el esquema de concesión o mediante contratos de prestación de servicios. En 1997 entraron en operación ocho plantas de esta índole, alcanzando un total de 11, en manos del sector privado en diferentes entidades, entre las que destacan: La Paz, Querétaro Sur, Toluca Norte y Oriente, Yautepec, y Ciudad Obregón Norte y Sur.

Con la participación de los tres niveles de gobierno, se continuaron las obras de tratamiento en Mexicali, Tijuana y Ensenada, B.C.; obras diversas en los estados del Programa de la Frontera Norte; planta de tratamiento de Nuevo Laredo, Tamps.; saneamiento integral de Acapulco, Gro.; y plantas de tratamiento en Cancún, Q. Roo; y Uruapan, Zamora, Zacapu y Morelia, Michoacán.

Para imprimir un mayor impulso a las acciones de saneamiento, durante el año se efectuaron modificaciones a la normatividad aplicable a la descarga de aguas residuales. De esta manera, se elaboraron 2 613 dictámenes y nueve informes relativos a los avances en el cumplimiento de la normatividad en infraestructura hidráulica.

A través del Programa Agua Limpia se siguió contribuyendo al cuidado de la salud y calidad de vida de la población. Sobresale la cloración de 73 358 fuentes de abastecimiento y la desinfección de 12 725 sitios de alto riesgo con la utilización de 224 314 toneladas de cal; con ello se benefició a 7.5 millones de habitantes de 3 594 localidades ubicadas en 650 municipios. Asimismo, se amplió la cobertura de cloración en el sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano mediante la instalación de 1 650 bombas dosificadoras de hipoclorito de calcio. Para concientizar a la población sobre al manejo adecuado y la prevención de la calidad del agua, se llevaron a cabo 1 872 visitas de inspección; se realizaron 1 197 pláticas escolares y 1 105 reuniones comunitarias; y se elaboraron 1 028 pintas con mensajes preventivos en entidades donde se presentaron casos de cólera.

Para atender los daños ocasionados por el huracán Paulina, la CNA llevó a cabo las siguientes acciones:

En 1997, el gasto ejercido en el Subsector Desarrollo Regional y Urbano ascendió a 25 mil 722.8 millones de pesos, cifra superior en 15.0 por ciento real a la registrada el año previo y en 15.2 por ciento a la previsión original. El incremento anual se asocia con los mayores apoyos financieros otorgados a los estados por me-dio del Ramo 26.- Superación de la Pobreza y del Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas, así como por las transferencias destinadas al Fondo de Operación y Financiamiento a la Vivienda y a la Comisión Nacional del Agua. Además de los factores anteriores, en el caso de las ampliaciones al presupuesto, también influyó el dinamismo del gasto directo autorizado a la SEDESOL.

SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
( Millones de Pesos )

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
^1/ Corresponde a Gasto Directo y Ayudas, Subsidios y Transferencias.
^2/ En ejercido 1996 y 1997, se excluyen cuotas al FOVISSSTE.
^3/ Incluye los recursos correspondientes a Inversión Financiera.
NOTA: El detalle de la sectorización del gasto de cada dependencia o entidad, se presenta en el apartado de Información Sectorial del Apéndice Estadístico.
FUENTE:  Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

Las erogaciones del Ramo 26.- Superación de la Pobreza, presentaron un incremento anual de 3.9 por ciento en términos reales y rebasaron la meta en 1.1 por ciento. Con dichos recursos fue posible impulsar el desa-rrollo de proyectos productivos, fortalecer la infraestructura básica y desarrollar diversos programas de bene-ficio social en las comunidades con mayores índices de marginación. Cabe señalar que de los recursos del Ramo, 73.9 por ciento corresponden al presupuesto federal descentralizado a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal.

En el Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas, los apoyos financieros otorgados a entidades federati-vas fueron superiores a los reportados un año antes en 46.9 por ciento real y a lo previsto en 46.8 por ciento. Ello refleja el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios suscritos con cada uno de los gobiernos estatales.

Al FOVI se asignaron transferencias por un monto similar a la meta, lo que representó un incremento anual de 114.0 por ciento a precios constantes. De esta manera se logró emprender el Programa Especial de Cré-ditos y Subsidios para Vivienda -PROSAVI-, y aumentar los créditos puente de 50.0 a 60.0 por ciento del valor de los conjuntos habitacionales.

La Comisión Nacional del Agua recibió apoyos fiscales que rebasaron a los del año previo en 20.5 por ciento real, mismos que se destinaron al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para el suministro de agua potable. Sobresale la ejecución de 390 obras en comunidades rurales, lo que implicó superar lo programado en 7.4 por ciento y lo reportado el ejercicio anterior en 34.0 por ciento.

El gasto directo de la SEDESOL se situó por arriba del presupuesto original en 117.9 por ciento. Ello obede-ció principalmente a las obras realizadas a través de las delegaciones estatales con recursos presupuestales provenientes del Ramo 26. También se atendieron requerimientos adicionales, como los asociados a la construcción del periférico ecológico del proyecto Angelópolis del estado de Puebla y obras viales en los es-tados de Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo, entre otros.