Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1997

GOBIERNO, FUERZAS ARMADAS Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento del ejercicio democrático, la preservación del estado de derecho y la garantía de la seguridad pública, son requisitos indispensables para lograr un desarrollo económico y social armónico, en condiciones de paz, libertad y de pleno respeto a la integridad de los individuos. Para avanzar en dichos propósitos, durante 1997 se profundizaron las transformaciones jurídicas, normativas y organizacionales, a fin de vigorizar la actuación de las instituciones públicas abocadas a la defensa de los derechos y la promoción de los intereses de la nación en el extranjero; la protección del territorio nacional, de sus recursos naturales y de sus instalaciones estratégicas; la modernización de la política interior, basada en la pluralidad ideológica; la conjunción de esfuerzos de las instituciones encargadas de la seguridad, para combatir, principalmente, el crimen organizado, con una más amplia colaboración internacional; y la procuración expedita y honesta de la justicia a todos los mexicanos, sin distingo alguno.

Durante 1997, en este sector se erogaron 30 mil 540.4 millones de pesos, monto inferior en 1.6 por ciento a la estimación original y en 1.4 por ciento real a lo ejercido el año previo. Su participación en el gasto programable sectorial fue de 5.9 por ciento, que se compara con 6.6 y 6.2 por ciento del ejercicio precedente y lo presupuestado, respectivamente.

SECTOR GOBIERNO, FUERZAS ARMADAS Y PROCURACION DE JUSTICIA
(Millones de Pesos)

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
^1/ En ejercido 1996 y 1997, se excluyen cuotas al FOVISSSTE.
NOTA: El detalle de la sectorización del gasto de cada dependencia o entidad, se presenta en el apartado de Información Sectorial del Apéndice Estadístico.
FUENTE:  Dependencias del Gobierno Federal.

La evolución del sector se asocia con la mecánica de operación del Ramo 23, mediante el cual se le asignó un presupuesto de 5 mil 573.8 millones de pesos. Sin embargo, durante el ejercicio se transfirieron al IFE un mil 716.9 millones para el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, lo que implicó ejercer un menor gasto en el sector. El resto de los recursos se reasignó, en gran medida, a las dependencias que operan en el mismo, a efecto de cubrir los incrementos salariales, el desarrollo de sus programas prioritarios y otras necesidades adicionales surgidas en el transcurso del año. Las ampliaciones se destinaron principalmente a la SEGOB, SEMAR, PGR y SEDENA. Por su parte, la reducción respecto a 1996 se derivó de un gasto inferior realizado por la SRA y la SRE.

GOBERNACION

Con estricto apego a la Constitución y sus leyes, en 1997 la Secretaría de Gobernación -SEGOB- redobló sus esfuerzos orientados a modernizar la política interior del país. Al efecto, su actuación se sustentó en las siguientes líneas estratégicas:

• Garantizar la plena vigencia de los preceptos constitucionales, especialmente los que se refieren a las garantías individuales;
• Vigorizar la relación entre los poderes, en un marco de respeto a su autonomía;
• Impulsar el nuevo federalismo;
• Consolidar la legalidad de los procesos electorales y el enlace al pluralismo político;
• Mejorar los sistemas de seguridad pública y readaptación social;
• Contribuir al establecimiento y consolidación de las políticas migratoria y demográfica; y
• Fortalecer la organización y operación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para garantizar la salvaguarda y protección de las garantías individuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos continuó consolidándose como un espacio neutral y autónomo, a través del cual la sociedad da cauce a sus demandas contra el abuso y violación de sus derechos. Mediante su Sistema de Quejas atendió 7 641 asuntos. Las causas de agravio contra los derechos humanos más frecuentes fueron: negativa injustificada de beneficios de ley y al derecho de petición; ejercicio indebido de la función pública; detención arbitraria; y negligencia y negativa en la prestación de los servicios médicos. En respuesta a estas demandas, se emitieron 127 recomendaciones, de las cuales 10 fueron totalmente cumplidas y 103 en forma parcial. Como resultado de las recomendaciones dirigidas a combatir la impunidad, se sancionaron 401 servidores públicos; de éstos 36.7 por ciento fueron suspendidos, 27.2 amonestados o apercibidos, 16.4 sometidos a acción penal, 8.0 destituidos, y el restante 11.7 por ciento ameritaron otro tipo de sanción. Merece destacarse que durante el año se constituyó la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos, la cual estará encargada de establecer un diálogo directo con los organismos no gubernamentales de derechos humanos y de revisar las denuncias relacionadas con violaciones de las garantías individuales que afecten la imagen del país en el mundo.

En cumplimiento de sus atribuciones, la SEGOB persistió en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y comunicación entre los poderes de la Unión, en un marco de respeto y reconocimiento pleno a su autonomía. Así, sometió a consideración del Honorable Congreso de la Unión, los informes necesarios para apoyar las labores legislativas en materia de control, vigilancia y evaluación de la gestión de la administración pública federal; y remitió para su discusión y aprobación 152 iniciativas de reformas y adiciones al marco legal, promulgando 161 decretos y convenios aprobados por el Poder Legislativo. En apoyo a estas iniciativas, comparecieron representantes del Ejecutivo Federal ante diversas comisiones de trabajo de ambas cámaras, entre las que sobresalen las relativas al análisis del tercer Informe de Gobierno, así como de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 1998.

A fin de coadyuvar a la renovación federalista, se perseveró en la redistribución de recursos, competencias, responsabilidades y capacidad de decisión entre los tres órdenes de gobierno, favoreciendo la autonomía de los estados federados y las capacidades políticas e institucionales del municipio. Al respecto, se publicó el Programa para un Nuevo Federalismo, el cual se enmarca en cuatro temas fundamentales:

• Fortalecimiento del Desarrollo Político-Institucional;
• Federalismo Hacendario;
• Descentralización de los Sectores de la Administración Pública; Y
• Fortalecimiento del Control y Desarrollo Administrativo.

En la primer vertiente, la SEGOB promovió la celebración de convenios con los gobiernos estatales para coadyuvar a conformar el Registro Nacional de Población, a partir de la modernización integral de los registros civiles en las entidades federativas, y de esta forma sentar las bases para la expedición de la Clave Unica de Registro de Población.

Con la reforma electoral fue posible que los procesos se llevaran a cabo en un marco de legalidad, competencia, equidad e imparcialidad. Entre las principales modificaciones sobresalen: la no intervención del Ejecutivo Federal en la organización de los comicios y en la solución de las controversias que pudieran surgir de los mismos; la equidad e igualdad de los partidos políticos en cuanto al financiamiento y el acceso a los medios de comunicación; y la elección por parte de los habitantes del Distrito Federal de sus gobernantes. En este marco de transformaciones, se llevaron a cabo elecciones federales para la integración de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, en las que no se presentó ningún conflicto posterior. La confianza de la ciudadanía en este proceso, se reflejó en el porcentaje de ciudadanos que ejercieron el voto, el cual pasó de 58.6 por ciento en 1994, a 61.9 en 1997. A nivel local se realizaron comicios para elegir a seis gobernadores y por vez primera al Jefe del Gobierno del Distrito Federal; 462 diputados estatales; y 66 diputados para la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además se eligieron un total de 621 alcaldes en 12 estados de la República.

En el ámbito de la comunicación social, las tareas se dirigieron a garantizar las libertades de expresión y prensa consagradas en la Carta Magna. En cumplimiento de sus responsabilidades, la SEGOB vigiló que los medios de comunicación se ciñeran a los límites de respeto a la vida privada, la paz y la moral pública; asimismo, supervisó el cumplimiento de la ley en materia de radio, televisión y cinematografía en todo el país. Como responsable de orientar los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, procuró que éstos cumplieran con sus finalidades específicas, al tiempo que ofrecieran una visión objetiva y veraz de las políticas públicas. También se fortaleció la relación con los medios y los organismos de comunicación social de las entidades federativas; y se establecieron 250 acercamientos con los medios, instituciones y organismos internacionales, a fin de proyectar una imagen más completa y objetiva del país.

Para atender uno de los problemas más graves que afectan a la ciudadanía, se avanzó en la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante el año, dicho organismo coordinó los esfuerzos de los tres niveles de gobierno a efecto de combatir la delincuencia común y organizada. En este sentido, se buscó mejorar las tecnologías, prácticas y equipo de las corporaciones policiales del país; y se actualizaron y modernizaron los sistemas normativos en las actividades de protección ciudadana. Para fortalecer los sistemas estatales de seguridad pública, se impulsó la adopción de medidas legales y administrativas orientadas a vigorizar las políticas locales en la materia. Se trata de configurar un marco jurídico que penalice los delitos de alto impacto social; integrar los sistemas y centros de formación para el personal de seguridad pública; y regular el desempeño de las corporaciones policiales, procuradurías y centros penitenciarios. Con la apertura de la Red Nacional de Cómputo y Comunicaciones se logró enlazar las 31 entidades federativas y el D.F., para compartir información estratégica. No obstante las acciones aplicadas, y ante los embates de la delincuencia, el Ejecutivo Federal emprendió una Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Violencia, de la cual emanó un paquete de reformas constitucionales y legales que se sometieron al Honorable Congreso de la Unión para su discusión y, en su caso, aprobación.

Con el fin de promover la profesionalización y vocación del servicio del personal policial, se privilegiaron las acciones de capacitación. La Academia Nacional de Seguridad Pública coordinó la impartición de cursos de actualización y especialización para 1 500 mandos medios y superiores de las policías preventivas de los tres órdenes de gobierno, agentes del ministerio público, peritos y policías judiciales federales y estatales, así como al personal del sistema penitenciario. Asimismo, en coordinación con los Centros de Formación para el personal de Seguridad Pública de todo el país, se impulsó la elaboración de los planes y programas de estudio que encauzarán la carrera policial bajo bases y criterios de calidad, eficiencia y profesionalismo.

De conformidad con el programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000, se reforzaron las acciones tendentes a promover la reintegración a la vida social y productiva de los adultos que cumplieron penas privativas de libertad. En este sentido, sobresale la revisión y ampliación de las actividades educativas, de capacitación y de trabajo para los internos. Adicionalmente se avanzó en el proceso de modernización integral y funcional de los centros y en la ampliación de la infraestructura penitenciaria. Durante el ejercicio que se informa, entró en operación el Centro de Readaptación Social en el Estado de México; se concluyeron tres más en los estados de Coahuila, Morelos y Sonora, y se reiniciaron las obras en los centros Federales de Readaptación Social 3 y 4, en Sonora y Tamaulipas, respectivamente. En el contexto de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, se concedieron diversos beneficios de libertad anticipada, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena a reclusos.

El Sistema Nacional de Protección Civil, apoyado en el esfuerzo conjunto de los tres órganos de gobierno y de los grupos sociales, continuó fomentado una cultura de autoprotección. Sobresalen las investigaciones y estudios sobre el origen, causas, consecuencias y comportamiento de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y químicos que pueden producir desastres en el país; y la participación en 85 reuniones encaminadas a homologar los sectores vinculados con la protección civil, especialmente los relativos a salud pública, ecología, seguridad pública, educación, trabajo y desarrollo urbano, de las que derivó la actualización de la Norma "Señales y Avisos Para Protección Civil.- Colores, Formas y Símbolos a Utilizar". También se prosiguió con la modernización de los sistemas de informática y comunicación del Sistema, que coadyuven a la toma de decisiones y a atender de manera oportuna y eficaz las emergencias. Cabe destacar el apoyo brindado a la población ante la entrada de los huracanes Andrés, Guillermo y Paulina; así como la alerta y monitoreo permanente sobre la actividad volcánica del Popocatépetl.

En materia demográfica, se siguió promoviendo la planificación libre, responsable y ordenada del crecimiento poblacional, con objeto de contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar de los mexicanos, elevar su calidad de vida y coadyuvar al establecimiento de las bases de un desarrollo sustentable.

En cuanto a los servicios migratorios, se busca que los movimientos de extranjeros y nacionales favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, preservando la seguridad y soberanía de la nación. Bajo este principio, se continuó con el Programa Nacional de Protección a Migrantes; la Revisión de Criterios de Evaluación Migratoria y se formalizaron los Programas de Documentación Migratoria de los Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos y el de Documentación de Visitantes Guatemaltecos Fronterizos. De acuerdo con el compromiso de solidaridad internacional, el Gobierno Mexicano proporcionó protección y asistencia a los refugiados guatemaltecos asentados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, a través de la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados -COMAR-, y con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-.

El gasto de la SEGOB superó en 117.4 por ciento la autorización original y en 11.4 por ciento real al del ejercicio anterior. Destaca el aumento de más de cuatro veces sobre lo previsto en las transferencias otorgadas a sus entidades coordinadas y a otros programas de carácter nacional, como las siguientes: a las Academias e Institutos de Formación Policial en las entidades federativas para la adquisición de equipo de laboratorio y de servicios periciales, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública; al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria en diversos estados; a los Centros de Prevención y Readaptación Social para el pago de la alimentación de internos del fuero federal "Socorro de Ley"; y al Sistema Nacional de Seguridad Pública en los Estados, con objeto de subsanar el costo de los exámenes de evaluación socioeconómica y situación patrimonial, aplicados al personal de confianza de las corporaciones policiales del país, incluyendo los del Sistema Nacional Penitenciario. Por su parte, el gasto directo de la dependencia fue superior en 50.2 por ciento a la meta inicial y en 7.3 por ciento real a lo ejercido el año previo. Estos resultados se asocian, al menos, con tres aspectos: la compra de equipo de cómputo y de comunicaciones para la creación de los Sistemas de Investigación e Inteligencia Criminal; el pago de prestaciones; y la creación de plazas para las áreas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de la Mujer y el Registro Nacional de Población.

RELACIONES EXTERIORES

Como responsable de la conducción de la política exterior del país, durante 1997 la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- concentró sus esfuerzos en el ejercicio de una diplomacia que fortalezca la soberanía del país; consolide la presencia de México en el mundo; defienda los intereses de los connacionales y las personas de origen mexicano en el exterior; y fomente el entendimiento, el intercambio y la cooperación con las naciones del orbe y en los foros internacionales. En este sentido, su actuación se sustentó en las siguientes líneas estratégicas:

• Fortalecer las consultas de alto nivel sobre asuntos bilaterales;
• Impulsar la conformación de acuerdos de libre comercio;
• Contribuir y participar en el ámbito multilateral a través de la concertación de acuerdos internacionales;
• Promover la política mexicana de cooperación internacional; y
• Atender y dar protección a connacionales.

En el contexto bilateral, se buscó estrechar la relación con países de distintas regiones del mundo, a fin de acentuar los lazos de amistad y ampliar las oportunidades de colaboración económica, política, cultural y científica. Al efecto, fueron de gran significancia las visitas al país de los mandatarios de Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos de América, España, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, así como de delegaciones negociadoras de diferentes partes del orbe, en cuyo marco fue posible establecer acuerdos de diversa índole y vigorizar los instrumentos de cooperación.

Por su parte, el titular del Ejecutivo realizó visitas de Estado a Argentina, República Popular China, Singapur, Corea y Japón. Adicionalmente, llevó a cabo giras de trabajo; destacan las efectuadas por el Medio Oriente y en Europa Occidental, en donde se trataron temas afines sobre inversiones, comercio, intercambio educativo, cultural y de combate al narcotráfico y tráfico de armas. En igual sentido, acudió a distintas ciudades de los Estados Unidos de América, distinguiéndose entre las tareas realizadas, la firma del Protocolo Modificatorio al Tratado de Extradición entre ambas naciones.

Cabe resaltar por su trascendencia, la XIV Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, durante la cual se firmaron 11 instrumentos jurídicos en materia de medio ambiente, educación, cultura, asuntos fronterizos y migración; además se efectuó el canje de los instrumentos de ratificación del Tratado sobre Límites Marítimos. También se concertaron reuniones bilaterales con Colombia, Chile, Nicaragua y Costa Rica, en las que se profundizaron los acuerdos existentes en materia de comercio, economía, intercambio científico, tecnológico y cultural, y de cooperación en el combate al narcotráfico; y se celebró la Reunión Binacional México-Venezuela tras siete años de suspensión.

Con el propósito de contribuir a elevar el intercambio comercial de México con las diversas regiones del mundo y favorecer la atracción de inversión extranjera, se intensificaron las tareas encaminadas a conformar zonas de libre comercio. Sobresalen las acciones para constituir el Area de Libre Comercio de las Américas, en la que actualmente se cuenta con tratados de liberalización comercial con los Estados Unidos de América, Canadá, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Venezuela y Nicaragua. Al efecto, son de gran significancia los logros alcanzados en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN-, y con el Grupo de los Tres, conformado por México, Venezuela y Colombia, mediante los cuales se ha incrementado el intercambio comercial, las inversiones productivas y los proyectos de cooperación. Por otra parte, se iniciaron negociaciones con Israel para establecer un acuerdo bilateral de libre comercio.

La importancia que reviste la Unión Europea -UE- como segundo socio comercial del país, hace de esta región un punto estratégico para encauzar la política de diversificación. En este sentido, prosiguieron las negociaciones para establecer un Acuerdo de Concertación Política y Asociación Económica entre México y la UE, dando como resultado la suscripción de un Acuerdo Global.

En el ámbito multilateral, se siguió fortaleciendo la presencia de México en los Organismos Internacionales y Regionales, mediante la concertación política, la negociación diplomática, y el respaldo a la prevención de conflictos internacionales. Se distingue la participación en la LII Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, en la cual se expresó el interés por alentar una reforma al sistema de esta organización. Al efecto, el Presidente de la República ofreció apoyo para la nueva conformación del Consejo de Seguridad de este organismo.

En materia de concertación de acuerdos internacionales para favorecer la solución pacífica de los conflictos y fortalecer el desarme nuclear y convencional, la participación de México fue muy activa. Se distingue su intervención en el Grupo Promotor del Proceso de Ottawa, en cuyo marco se celebró la conferencia mundial para la Suscripción del Acuerdo contra Minas Antipersonales y se firmó el Acuerdo para la Prohibición, Uso, Almacenaje, Fabricación y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción. Asimismo, se auspició la XI Conferencia General Extraordinaria Conmemorativa del XXX Aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares de América Latina y el Caribe -Tratado de Tlatelolco-. El objetivo principal es lograr la prohibición total de armas nucleares en todo el mundo y garantizar la paz y la seguridad internacionales.

Como miembro de la Cuenca del Pacífico, procuró elevar sus relaciones con los países que conforman la región, a fin de aprovechar la cooperación económica y tecnológica. De esta manera, participó en el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico -APEC-, en una reunión celebrada en Vancouver, Canadá, en donde se acordó la creación de un comité especial para evaluar la cooperación multilateral de los países de esta zona, siendo elegido México por consenso para presidir este instrumento.

La relación de México con las naciones de América Latina y el Caribe, representó un esfuerzo permanente de concertación política e integración económica. Al respecto destacaron: la aprobación en el seno del Grupo de Río, principal mecanismo de consulta y concertación política de la región, de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego; y la intervención en la VII Cumbre Iberoaméricana de Jefes de Estado o de Gobierno, en la cual se firmó la Declaración de la Isla Margarita, con la que se reafirmaron los ideales democráticos y pacifistas de los países participantes.

En lo concerniente a la cooperación internacional, se desarrollaron diversas tareas y se celebraron acuerdos que permiten incorporar avances técnicos, científicos, tecnológicos y educativos, generados en el exterior. En este sentido, sobresalen las siguientes acciones:

• La elaboración de la Nota Estratégica de País, con la participación de 22 dependencias, en la que se proporciona un diagnóstico sobre los requerimientos nacionales en materia de recepción de cooperación proveniente de organismos de la ONU;
• La integración del Primer Marco de Cooperación de País, documento operativo emanado de la Nota Estratégica del País, cuyo fin es facilitar la ejecución del VI Ciclo de Cooperación entre México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en cuatro áreas: apoyo a la lucha contra la pobreza; asistencia a la política de desarrollo ambiental; asesoría para el proceso de descentralización; y apoyo al fortalecimiento y consolidación de la política mexicana de cooperación; y
• La promoción a través de las diversas representaciones en el extranjero, de la edición 1997 del Premio México de Ciencia y Tecnología, logrando captar un total de 88 candidaturas de científicos provenientes de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

En materia de migración, México estableció como objetivos prioritarios asegurar una vinculación estrecha y eficaz con sus nacionales, independientemente de su calidad migratoria, e intensificar acciones para proteger sus derechos humanos y laborales. Al efecto, destacan las acciones tendentes a construir una red consular que brinde protección preventiva, y capte y atienda casos relacionados con la violación de derechos. Además, se amplió el alcance de los consulados móviles, cuyo objetivo es acercar el servicio a las comunidades que se encuentran en los lugares más apartados; y se intensificó la difusión de programas educativos y culturales. En el país se llevó a cabo una campaña de protección preventiva, dirigida a informar a la población migrante sobre sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos de América.

Por su importante aportación en la defensa de los derechos e intereses de las comunidades de origen mexicano en el exterior, y en su caso, favorecer su reintegración al país, sobresale la aprobación de la Ley de Nacionalidad y del decreto que reforma diversos ordenamientos en la materia. Se trata de garantizar la no pérdida de la nacionalidad mexicana a quienes opten por otra, y la recuperación de la misma en caso de haberla perdido. Con el propósito de imprimir un enfoque integral, objetivo y de largo alcance al fenómeno migratorio, se participó en la II Conferencia Regional sobre Migración, conjuntamente con los países de América del Norte y Centroamérica.

Con relación al trato a inmigrantes, México concentró sus esfuerzos en proteger la llegada de connacionales a los puntos fronterizos y al interior de la República. En este sentido, se brindó especial interés a la atención de mujeres, menores, incapacitados, ancianos, y a la recuperación de sus salarios, valores y pertenencias personales. Por ello, en el marco de la XIV Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, se estableció un Subgrupo de Trabajo Sobre Repatriaciones Seguras y Ordenadas.

La SRE registró un egreso inferior al de 1996 en 5.9 por ciento real, variación que se asocia con la disminución en los requerimientos de materiales y suministros y de algunos servicios generales, a que dieron lugar las medidas de racionalidad y austeridad aplicadas en el año. No obstante, con relación a la meta fue mayor en 13.5 por ciento, como consecuencia, básicamente, de los incrementos en salarios, prima quincenal y despensas; el pago de las cuotas al FOVISSSTE; y el aumento en los recursos destinados al mantenimiento de los edificios administrativos en el país y en las representaciones en el extranjero.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Observar la prevalescencia del orden constitucional, garantizar una impartición de justicia, pronta y expedita, e intensificar el combate frontal al crimen organizado, son objetivos esenciales en el quehacer de la Procuraduría General de la República -PGR-. Por ello, en 1997 sus esfuerzos se acotaron bajo las siguientes líneas de acción:

• Actualizar permanentemente el marco jurídico-penal que regula el cumplimiento de sus responsabilidades;
• Consolidar la reestructuración orgánico-funcional de la dependencia;
• Desarrollar la profesionalización de los agentes del Ministerio Público Federal y de sus órganos auxiliares;
• Fortalecer la coordinación interinstitucional;
• Reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico; y
• Actualizar los instrumentos jurídicos internacionales para una mejor cooperación en materia de procuración de justicia.

Para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de procurar justicia, se continuaron promoviendo reformas al marco jurídico-penal. Sobresalen las realizadas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en lo relativo a la penalidad por la violación de derechos de autor.

En este contexto de transformaciones jurídicas, también fue indispensable seguir adecuando el marco institucional al proceso de modernización del sistema de justicia. La PGR prosiguió con su reestructuración al crearse la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y el Centro de Control de Confianza; en contraste, se suprimió el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.

La profesionalización y especialización del Ministerio Público y sus órganos auxiliares continuó representando un instrumento fundamental en el mejoramiento del desempeño y la eficiencia de los servidores públicos. Ante el compromiso de constituir al Servicio Civil de Carrera como base de ingreso y formación de los cuerpos ministeriales, en 1997 se logró incorporar a 95.0 por ciento de los Ministerios Públicos al Registro Unico del Personal del Servicio Civil de Carrera, así como a 50.0 y 80.0 por ciento del personal de la Policía Judicial y Peritos, respectivamente. También se creó el Centro de Control de Confianza, mismo que realiza en forma permanente y periódica, evaluaciones médicas, toxicológicas, psicológicas, poligráficas y visitas domiciliarias, con objeto de que dentro de la institución se disponga de gente capaz y comprometida.

Con el propósito de garantizar mayor eficiencia en el combate a la delincuencia organizada, se avanzó en la tarea de reconstruir la gestión del Ministerio Público de la Federación. Al efecto, sobresale el mejoramiento de la calidad técnico-jurídica de la intervención ministerial; la sistematización en el manejo de la información procedimental de tipo penal; el fortalecimiento de la cooperación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia a nivel nacional; y el apoyo a la operación de las áreas regionales de la Procuraduría. De esta manera, se despacharon 64 892 averiguaciones previas, de las cuales 46 233 correspondieron a delitos diversos y 18 659 fueron contra la salud. Como representante de la Federación, el Ministerio Público mantuvo actualizados los expedientes judiciales y administrativos que se substancian en los juzgados, y estableció comunicación estrecha con las áreas jurídicas de los organismos gubernamentales para coadyuvar a la pronta resolución de los juicios federales. Cabe mencionar que durante 1997, se iniciaron 380 juicios y se concluyeron 137.

A fin de abatir la impunidad, y con ello ofrecer a la población una procuración de justicia responsable y eficiente, se mejoró la calidad técnico-jurídica de los procesos penales. Es importante resaltar que del total de los procesos de esta índole, más de 90.0 por ciento presentaron sentencias condenatorias. La intervención ministerial en el juicio de amparo se desarrolló y operó bajo nuevos sistemas de coordinación y evaluación jurídica, que propiciaron dictámenes de mayor calidad. En 1997 se atendieron 100 492 juicios de esta naturaleza.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales -INACIPE-, persistió en su labor de capacitación y especialización de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Peritos, así como de servidores públicos de otras áreas relacionadas con el Sistema Nacional de Justicia y Seguridad Pública. Por otro lado, realizó actividades de especialización, maestría y doctorado en dos grandes rubros: desarrollo profesional del personal de carrera y planeación criminológica, y desarrollo tecnológico y criminalístico.

En apego a la normatividad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la PGR fortaleció los mecanismos para prevenir y evitar prácticas lesivas que dañen la imagen de la Institución. En este sentido, aceptó 1 530 quejas y denuncias, y resolvió 826 procedimientos administrativos, que derivaron en 553 sanciones que comprenden: 60 inhabilitaciones, 256 destituciones, 157 suspensiones, 36 amonestaciones, 43 destituciones e inhabilitaciones y un apercibimiento.

Para preservar el estado de derecho y la soberanía del país, la PGR participó de manera destacada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el ejercicio que se informa formalizó 180 acuerdos de colaboración interinstitucional e intervino en 44 foros permanentes, en los cuales se definieron los criterios a seguir en materia de procuración de justicia, seguridad pública, bienestar social y fortalecimiento de la seguridad nacional.

El crimen organizado constituye uno de los grandes problemas sociales, en particular el narcotráfico y sus delitos asociados como el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas. En este contexto, los esfuerzos de la PGR se han acotado en una estrategia integral, sustentada en cinco líneas de acción: adecuación del marco jurídico; especialización de las estructuras del Estado; fortalecimiento de la prevención; coordinación nacional; y cooperación internacional. Con la creación en 1997, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, que sustituyó al Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, se fortaleció la lucha contra el narcotráfico, contándose con servidores públicos altamente especializados para el cumplimiento de dichas tareas.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Incluye goma de opio y semilla de amapola.
^2/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Procuraduría General de la República.

En el marco del Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000, se coordinaron acciones con diversas dependencias del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de disminuir la producción y tráfico ilícito de drogas, y prevenir la farmacodependencia. Lo anterior dio como resultado la destrucción de ocho laboratorios y 102 903 plantíos en 11 305 hectáreas; y el aseguramiento de 18 281 kilogramos de cocaína, 526.2 toneladas de marihuana, 115.3 miles de psicotrópicos, 2 435 vehículos terrestres, marítimos y aéreos, y 804 armas.

Con la convicción de que el fenómeno de las drogas no puede ser atendido de forma fragmentada, se continuó brindando la mayor prioridad a las acciones que promuevan la prevención de la farmacodependencia. En el año, se realizaron 110 conferencias en escuelas para prevenir las adicciones; 22 cursos de multiplicadores y de capacitación para padres de familia, maestros, alumnos y trabajadores de la salud; y se canalizaron 7 754 personas a instituciones de salud para su tratamiento.

Ante la expansión internacional del fenómeno delictivo, la cooperación entre países se erige en un requisito indispensable para su combate. Sobresale la participación en 51 eventos internacionales y la suscripción de diez convenios, referidos principalmente al control de estupefacientes, lavado de dinero y control de precursores químicos. De los resultados alcanzados, destacan la participación en el 40º. Período Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, Austria; la IV Reunión Binacional México-España; la XIV Reunión de la Comisión Binacional México-EUA para el Control de Precursores Químicos; el XXI Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas -CICAD-; la Reunión de Expertos en Drogas en Cartagena, Colombia; la Reunión Intersecretarial sobre Cooperación Antinarcóticos con Canadá; así como, la Reunión de la Comisión de Estupefacientes en su calidad de Organo Preparatorio del Período Extraordinario de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas.

La PGR presentó un gasto adicional a lo presupuestado en 9.8 por ciento, y a lo reportado el ejercicio precedente en 11.5 por ciento real. La primera variación se explica por un mayor costo respecto a lo previsto en refacciones, accesorios y suministros de importación; en gasolina y turbosina; y en los servicios de mantenimiento de la flota aérea y terrestre. El crecimiento anual se vincula, principalmente, con la adquisición de equipo de comunicación, defensa, seguridad pública y vehículos; la creación de plazas para la Policía Judicial Federal y la Unidad Contra la Delincuencia Organizada; y el incremento en el número de operativos especiales para el combate al narcotráfico.

REFORMA AGRARIA

Otorgar certeza jurídica a todas las formas de propiedad reconocidas, a fin de incentivar la inversión productiva, la apertura de alternativas de producción y el mejoramiento de los niveles de vida de la población campesina, constituye el objetivo central del Programa Sectorial Agrario 1995-2000. Para ello, en 1997 las acciones de la Secretaría de la Reforma Agraria se inscribieron en las siguientes líneas estratégicas:

• Superar definitivamente el rezago agrario;
• Avanzar en la certificación y titulación de los derechos ejidales;
• Ordenar y regularizar todas las formas de propiedad rural;
• Proporcionar asesoría y representación legal a los campesinos; y
• Fortalecer la propiedad social a través de la promoción de nuevos esquemas asociativos.

En cumplimiento al compromiso establecido por la presente Administración, en el ejercicio que se informa se logró concluir en forma definitiva el rezago agrario en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Ello implicó el desahogo de 11 367 expedientes desde 1992; de esa cantidad en 1997 se turnaron para su resolución 596 documentos al Tribunal Superior Agrario y 4 261 a los Tribunales Unitarios.

METAS SUSTANTIVAS DE REPARTO AGRARIO Y SEGURIDAD JURIDICA

FUENTE: Secretaría de la Reforma Agraria.

Para garantizar la seguridad jurídica de todas las modalidades de propiedad rural, su regularización y ordenamiento se siguió apoyando en tres líneas de operación: los trabajos de investigación, deslinde y declaratoria de terrenos de propiedad nacional; la atención de las solicitudes de expropiación de tierras por causas de utilidad pública; y la ejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, de restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos -PROCEDE- continuó constituyendo un medio privilegiado para avanzar en el ordenamiento pleno y la regularización de la propiedad social. La conjunción de esfuerzos de las dependencias federales responsables de su ejecución, de los gobiernos estatales y de los propios ejidatarios, permitió incorporar al programa 1 702 ejidos y 148 comunidades, a través de la celebración de 1 894 asambleas de información y anuencia. Asimismo, se expidieron 708 718 certificados parcelarios y de tierras de uso común, con lo que se superó en 5.3 por ciento lo alcanzado en 1996 y en 7.7 por ciento lo previsto.

La actualización permanente de las tareas administrativas asociadas a la regularización fue fundamental para mejorar el control de la tenencia de la tierra, garantizar la seguridad documentada de los predios y mantener actualizado el catastro de la propiedad rural. Al respecto, se adoptaron diversas medidas para lograr una mayor precisión en las labores de registro, asistencia técnica y catastrales, así como en las de resguardo, acopio, archivo y análisis documental del Sector. Cabe destacar que los trabajos de actualización del catastro rural superaron lo programado y lo realizado el año anterior en 113.1 y 11.2 por ciento, en cada caso.

La Procuraduría Agraria redobló sus esfuerzos para promover una pronta, expedita y eficaz administración de la justicia. Durante el año atendió 14 966 asuntos de representación legal a campesinos, rebasando la meta en 66.3 por ciento y en 32.0 por ciento lo alcanzado en 1996. En lo que concierne a la conciliación, atendió 26 056 asuntos, lo que representó 99.1 por ciento de lo previsto; no obstante, se superó en 14.9 por ciento lo realizado en 1996. Es importante señalar que siete estados concentraron 60.3 por ciento de los asuntos atendidos: Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

METAS SUSTANTIVAS DE ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA

FUENTE: Secretaría de la Reforma Agraria.

En materia de organización y desarrollo agrario, se prosiguió impulsando la constitución de las formas asociativas contempladas en la Ley. De esta manera, se brindó asesoría a 2 970 núcleos agrarios, fundamentalmente, para la adopción de instrumentos legales que les permitan consolidar su funcionamiento interno y mejorar sus niveles organizativos. Asímismo, se promovió la constitución y consolidación de 2 703 organizaciones y asociaciones rurales, entre las que destacan 1 606 sociedades de solidaridad social, 221 de producción rural y 81 uniones de ejidos. También se mantuvo el apoyo a la mujer campesina, mediante la prestación de asesoría a 961 núcleos agrarios para la constitución de unidades agroindustriales y de servicios, lo que significó 79.5 por ciento de lo programado. Además, se constituyó la parcela escolar en 717 núcleos, cantidad que representa 56.9 por ciento de la proyección original. El incumplimiento de las metas se atribuye, al menos, a dos factores: la falta de asignación de las parcelas en los ejidos que fueron regularizados por el PROCEDE; y los conflictos existentes entre maestros, padres de familia y los núcleos.

Por su importante contribución al incremento del potencial productivo de los trabajadores del campo, continuaron privilegiándose las acciones de capacitación. Durante el año se impartieron 5 253 cursos sobre normatividad y legislación agraria, con lo que se atendió a 178 183 campesinos, rebasando en 76.0 por ciento lo realizado en 1996. Los resultados anteriores se apoyaron en la incorporación de importantes cambios en la metodología de capacitación y en el establecimiento de diversos convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales e internacionales como la Universidad de Berkeley y el Banco Mundial, lo que trajo consigo mejores niveles de atención, mayor cobertura y gran interés y participación de los sujetos agrarios.

En 1997, los núcleos agrarios se vieron favorecidos con la aplicación de fondos comunes provenientes del pago de indemnizaciones, principalmente, permitiendo el desarrollo de proyectos productivos y obras de beneficio social. En este sentido, el Fondo Nacional del Fomento Ejidal autorizó 880 solicitudes de retiro de fondos, lo que implicó un flujo de 268.5 millones de pesos, cifra superior en 54.5 por ciento a lo estimado y en 33.7 por ciento a la registrada en 1996. Con ello fue posible generar 41 889 empleos temporales y permanentes.

El gasto ejercido por la SRA fue menor al del año previo en 49.1 por ciento real, debido fundamentalmente a la reducción del pago de indemnizaciones por expropiación y a la liquidación de 563 plazas de la plantilla de personal. Sin embargo, comparado con la asignación inicial fue superior en 8.1 por ciento, como resultado de los ajustes salariales y el pago de reconocimientos de eficiencia, prima vacacional y gratificación de fin de año, tanto de la dependencia como de la Procuraduría Agraria.

DEFENSA NACIONAL

Las fuerzas armadas son baluarte de la soberanía, garantes de las libertades, del patrimonio nacional y de las instalaciones estratégicas. Con un elevado espíritu de servicio, en 1997 acotaron sus acciones de acuerdo con las siguientes directrices:

• Actualización de la división territorial militar y del dispositivo estratégico;
• Revisión permanente de sus planes y programas estratégicos;
• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional;
• Aumento de la presencia y vigilancia en las instalaciones vitales;
• Apoyo al combate integral contra el narcotráfico y la producción de enervantes;
• Impulso del sistema educativo militar;
• Modernización de la infraestructura y del equipo operativo; y
• Auxilio a la población en casos y zonas de desastre, y participación en las actividades de labor social.

Con el propósito de mejorar el control y la coordinación operativa de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA- modificó la división territorial de siete zonas militares y se creó la 40a. Zona Militar en el Estado de Baja California Sur. Asimismo, se reestructuraron tres Regiones Aéreas para ejercer una mejor vigilancia del espacio aéreo nacional.

A fin de responder oportuna y eficazmente a las situaciones de emergencia y de amenaza a la legalidad, la paz y el orden, la SEDENA dio permanencia a la actualización de los planes estratégicos y de contingencia. Destaca la revisión del Plan DN-III-E, para apoyar a la población civil en casos de desastre y del dispositivo para el combate integral al narcotráfico.

En el ámbito de la coordinación interinstitucional, la SEDENA participó activamente en el Gabinete Especializado de Seguridad Nacional, a efecto de enfrentar con rigor y dentro de la ley al crimen organizado, salvaguardar la soberanía y garantizar la paz social. Adicionalmente, colaboró en el Grupo de Coordinación Interinstitucional para Atención a Instalaciones Estratégicas; y en el marco del Consejo de Seguridad Pública, intervino en la integración de consejos estatales y municipales.

Para coadyuvar al fortalecimiento de la Seguridad Pública en la Capital de la República, durante el año se proporcionó adiestramiento al personal de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, al tiempo que los efectivos del Ejército Mexicano apoyaron en las labores de combate a la delincuencia. La SEDENA también participó con personal técnico, en el diseño y aplicación del Subsistema Nacional de Información, organismo dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al respecto, se colaboró en los grupos de trabajo dependientes de la Dirección de Tecnologías y Redes, y de la Dirección de Administración de Bases de Datos, a fin de desarrollar el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual ha logrado incorporar más de 284 mil registros de armas.

Con relación a la protección y vigilancia de instalaciones estratégicas, en 1997 la SEDENA creó la Fuerza de Tarea Centro, cuya misión es la de proporcionar seguridad física a 78 instalaciones de PEMEX, CFE, CNA y SCT, ubicadas en los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y parte de Veracruz. Con ello se complementa el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Sur en el sur de Veracruz, este de Oaxaca, Tabasco y las Centrales Hidroeléctricas del Sistema Grijalva en Chiapas, así como en el Istmo de Tehuantepec y el Estado de Campeche, proporcionando seguridad a 132 instalaciones, como parte de sus nuevas responsabilidades. En estas labores participaron 76 oficiales y 2 422 elementos de tropa.

El combate al narcotráfico constituye una de las más altas prioridades del Gobierno de la República, por lo tanto, el Ejército y Fuerza Aérea, para dar respuesta en forma eficiente a este problema, emprendió las acciones siguientes:

• Se creó un cuartel general y 54 grupos de fuerzas especiales; y
• Se reforzaron las operaciones en la frontera norte y sur, reubicando unidades motorizadas cuya movilidad les permite cubrir grandes espacios en la vigilancia y control del territorio.

Asimismo, continuó en operación la Directiva Azteca, cuyo fin es el de presentar en las 12 regiones militares, un combate permanente contra la siembra y tráfico de enervantes y aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A través de estos operativos fue posible destruir 233 403 plantíos de marihuana en una superficie de 17 016 hectáreas; 149 125 de amapola en 12 951 hectáreas; y 753 pistas de aterrizaje clandestinas.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional -validado por CENDRO-.

Con objeto de vigorizar la preparación del personal militar así como las capacidades operativas y logísticas de la Institución, se continuó impulsando el Sistema Educativo Militar. Al respecto, sobresale la revisión de los procedimientos para el adiestramiento militar de las tropas y la capacitación de los especialistas; la permanente actualización del equipo didáctico en los centros de educación militar, en congruencia con los avances tecnológicos; la creación de la Carrera de Ingeniería en Computación; y la impartición de los cursos de Historia Militar de México y de Administración del Adiestramiento. Cabe destacar que, durante el año se graduaron 7 440 alumnos egresados de los diversos planteles militares. En el marco de la cruzada nacional para el combate al rezago educativo, la SEDENA en coordinación con la SEP y el INEA, puso en marcha el Programa para el Fortalecimiento de la Educación de los Adultos, a través del cual los jóvenes del Servicio Militar Nacional participaron en cursos de alfabetización, primaria y secundaria como instructores y/o alumnos. En el primer año de operación del programa, 13 617 conscriptos concluyeron la educación secundaria, 4 610 la primaria y 535 se alfabetizaron.

La infraestructura militar se reforzó mediante la realización de diversas obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones. Destacan la edificación de dos guarniciones militares, tres cuarteles para compañías de infantería no encuadradas, una clínica de especialidades médicas y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, además de la remodelación y ampliación de diferentes hospitales regionales y del Hospital Central Militar.

Con la adquisición de materiales y equipo se reforzó la capacidad de respuesta del Ejército y Fuerza Aérea a las tareas de seguridad nacional. De esta forma, se incorporaron al servicio 475 vehículos militares diversos, cuatro helicópteros y 2 415 equipos electrónicos de comunicación; y se dotó de equipo médico a cuatro hospitales militares regionales. Por su parte, la industria militar continuó atendiendo en forma oportuna y suficiente los requerimientos de armamento, municiones, vestuario y equipo del personal militar. Durante 1997 se fabricaron 19 012 armas de diferentes calibres, 60.8 millones de cartuchos y 335.9 mil granadas.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, las Fuerzas Armadas apoyaron a la población civil en casos de desastre mediante la aplicación del Plan DN-III-E, en coordinación con las autoridades federales y locales. Al respecto, los efectivos militares participaron en el combate de incendios forestales, industriales, habitacionales y comerciales; acordonamiento de áreas de alto riesgo; retiro de materiales peligrosos; evacuación de personas; otorgamiento de servicios médicos y de agua potable; y auxilio a personas afectadas por inundaciones, nevadas, trombas y huracanes. En este último aspecto, sobresalen las operaciones de restauración de las zonas afectadas en los estados de Guerrero y Oaxaca por el huracán Paulina. Asimismo, se constituyó la Fuerza de Tarea Popocatépetl, integrada con los agrupamientos Tlaxcala, Morelos, Puebla y México, bajo la responsabilidad de las 23a., 24, 25 y 37a., zonas militares, respectivamente, cuya misión esencial es la de prestar ayuda a la población civil ante la inminencia o presencia de un desastre ocasionado por la actividad volcánica; y se colaboró en coordinación con otras dependencias en el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas, a fin de definir las acciones necesarias para atender una posible emergencia en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el Estado de Veracruz.

La participación del Instituto Armado en actividades de apoyo social coadyuvó a mejorar el nivel de vida de la población, principalmente la que habita en zonas marginadas y de difícil acceso. Destaca la intervención de los médicos y enfermeras militares mediante el otorgamiento de 111 837 consultas, la aplicación de 379 452 dósis de biológicos y la distribución de 137 879 medicamentos; la aplicación del Plan Acuario en apoyo a la Comisión Nacional de las Zonas Aridas; el impulso de programas especiales de reforestación; y la construcción y reacondicionamiento de caminos, en beneficio de las comunidades más apartadas en el estado de Chiapas.

En la SEDENA, sus erogaciones se ubicaron por arriba de lo proyectado en 9.7 por ciento y de lo registrado en 1996 en 1.3 por ciento real. Este dinamismo se relaciona con los recursos destinados a cubrir incrementos salariales y haberes al personal militar y civil; la adquisición de cantidades superiores en lubricantes, refacciones, combustibles, y maquinaria y equipo de seguridad pública para las unidades de la fuerza aérea y el ejército; y el aumento en el costo y volumen de la compra de materiales e insumos para la producción de uniformes.

MARINA

La soberanía del mar territorial, zona económica exclusiva, islas, ríos, plataforma continental y espacio aéreo adyacente, tiene en la Armada de México uno de sus más firmes baluartes. Con su vocación permanente de servicio, apoyó las labores de beneficio social y participó en la lucha contra el narcotráfico. Para el cumplimiento de sus responsabilidades, se guió por los siguientes lineamientos:

• Promover el eficiente empleo del poder naval de la Federación e incrementar la operatividad de las unidades navales de superficie, aéreas y terrestres;
• Atender el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades navales, aeronavales y equipos de infantería, para asegurar el apoyo logístico en el desarrollo de las operaciones de preservación y vigilancia de los recursos marítimos;
• Renovar la flota existente mediante el Programa de Sustitución de Unidades Navales;
• Impulsar la especialización, formación, capacitación y adiestramiento del personal naval;
• Combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo, en coordinación con la SEDENA y la PGR; y
• Auxiliar a la población en casos y zonas de desastre y participar en las campañas de salud y alfabetización.

La revisión de sus planes fue determinante para mejorar el control y la coordinación operativa. Sobresale la actualización de los planes estratégicos de Emergencia Radiológica Externa; General de Auxilio; y el de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar. Al efecto, se realizaron 3 250 operativos de adiestramiento y una maniobra naval en Ensenada, Baja California.

Con objeto de mejorar la capacidad operativa de la Marina se dio permanencia a la reestructuración de los cuerpos navales. En el ejercicio que se informa se crearon dos Subsectores Navales, uno en San Felipe, B.C. y otro en los Cabos B.C.S.; la Segunda Brigada de Infantería de Marina, adscrita a la Segunda Región Naval con sede en Guaymas; Son.; y el Vigésimo Tercer Batallón del mismo cuerpo, correspondiente a la Vigésima Segunda Zona Naval ubicada en Puerto Madero, Chiapas.

Para cumplir con sus responsabilidades estratégicas, la Armada de México efectuó 9 930 operaciones: 5 036 de patrulla y vigilancia; 2 286 de apoyo, auxilio, búsqueda y salvamento; 2 584 de combate al narcotráfico; y 24 para prevenir y controlar la contaminación marina. Con ello, las unidades navales y aéreas cubrieron 1.5 y 1.7 millones de millas náuticas, respectivamente; en tanto que las terrestres, recorrieron 1.4 millones de kms. en la faja costera. Como resultado de estos operativos se realizaron 132 987 inspecciones; se detuvieron 191 embarcaciones y 447 infractores; se confiscaron 54 armas de fuego y 439 cartuchos; y se decomisaron 34 827 kilogramos de productos marinos y 21 499 huevos de tortuga.

En materia de protección de instalaciones estratégicas, la Marina reforzó sus operaciones de vigilancia. De esta manera, mantuvo una presencia permanente de unidades navales, aéreas y terrestres en sitios vitales como las plataformas petroleras en el Golfo de México; el Complejo Petroquímico de Pajaritos; la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de Veracruz; y en la colonia penal federal de las Islas Marías, Nayarit.

Cabe destacar la participación activa de la Armada de México en el Programa de Protección a la Tortuga Marina. Al efecto, sus acciones se orientaron a proteger y vigilar las zonas de refugio y anidación de la especie para su conservación; además, sembró 58 301 huevos de tortuga, recolectó 169 285 y liberó al mar 18 116 crías del quelonio.

En la lucha permanente contra el narcotráfico, se aumentó la cobertura de la vigilancia marítima y costera, brindando particular énfasis a las rutas catalogadas de mayor incidencia como son: los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Los operativos realizados permitieron la destrucción de 116 plantíos y el decomiso de 54 072 kilogramos de marihuana y 8 121 de cocaína.

AVANCES EN LA CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRAFICO

^1/ Se refiere a planta seca de marihuana.
Fuente: Secretaría de Marina.

Mediante el Plan de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar, se efectuaron 7 055 operativos de inspección y vigilancia; 3 687 de control y recolección de desechos sólidos y líquidos; y 24 de prevención y control de la contaminación del mar por derrames de hidrocarburos. Dichas acciones implicaron la recolección de 538 785 litros de hidrocarburos derramados en el mar; 11 510 toneladas de desechos sólidos; y 1.1 millones de litros de contaminantes.

La modernización de la Armada de México continuó apoyándose en cuatro vertientes fundamentales: sustitución de unidades, equipos y armamento; mantenimiento preventivo y correctivo de la flota naval; construcción y ampliación de la infraestructura; y desarrollo de sistemas de comunicación. Con relación a la primera, destaca el Programa de Sustitución Permanente de Unidades Navales para la Armada de México, que contempla la construcción de la corbeta clase Centenario, con una embarcación interceptora extra-rápida, misma que se encuentra en su fase de alistamiento, y dos buques clase Holzinger. Adicionalmente, se incorporaron al servicio activo dos fragatas clase Knox, 11 aviones y siete helicópteros.

En la segunda vertiente se distingue la construcción del remolcador clase Volcán Matlalcueye; la rehabilitación del velero Cuauhtémoc denominado Moctezuma II; los trabajos efectuados en dos buques patrulla clase Azteca; y la remotorización de tres buques clase AUK. Cabe resaltar que durante el año, se pusieron en marcha los talleres de reparación de balsas, lanchas, extinguidores y motores fuera de borda, con sede en Tampico, Tamps. y Manzanillo, Colima.

En materia de infraestructura, sobresale la construcción de instalaciones para la Zona Naval de Ensenada, B.C.; la conclusión de la segunda etapa de la Base Naval en Tuxpan, Ver.; y la terminación de la sede del Batallón de Infantería de Marina, la Comandancia y el Sanatorio Naval en Acapulco, Gro. Las obras de dragado permitieron proporcionar seguridad a las maniobras de atraque y fondeo de los buques de la institución, mismas que alcanzaron 1.9 millones de metros cúbicos.

A fin de contar con comunicaciones confiables, seguras y rápidas en los diferentes establecimientos navales, se siguió desarrollando el proyecto de modernización de la red satelital; y se instauró el sistema de comunicación móvil vía satélite, el cual enlaza a las unidades de tierra, mar y aire en el desempeño de sus operaciones. Además, se adquirió equipo transreceptor HF de base y vehícular, así como transreceptores VHF y HF de banda aérea.

La revisión y actualización de los planes de estudio, continuó siendo pieza clave en el mejoramiento del nivel profesional de los elementos que integran la Armada de México. Sobresalen las tareas que al efecto se realizaron en las escuelas de Enfermería e Intendencia Naval a nivel técnico profesional, de Clases y Marinería y Comando Submarino. Asimismo, se crearon las escuelas de Técnicos Profesionales de Maquinaria Naval y la de Infantería de Marina. En 1997, egresaron 1 198 elementos de los diferentes planteles educativos navales, de los cuales 666 correspondieron a la Escuela de Clases y Marinería; 126 a la Escuela de Idiomas de la Armada de México; 102 al Centro de Estudios Superiores Navales; 97 a la Escuela de Comando Submarino; 68 al Centro de Instrucción de Destructores; 63 a la Heroica Escuela Naval Militar; 31 a la Escuela de Intendencia Naval; 20 a Médicos Especialistas Navales; 19 a la Escuela de Aviación Naval; y seis a la Escuela Médico Naval.

Con el impulso de la investigación científica y oceanográfica se coadyuvó al conocimiento del ecosistema marino y a brindar mayor seguridad a la navegación. En el ejercicio que se informa, se concluyeron 18 estudios de investigación oceanográfica y de contaminación marina. La información generada en dichos estudios, permitió contar con la carta maestra y planos aerofotogramétricos para editar la carta náutica del Sector Naval de La Pesca, Tamps.; actualizar el derrotero de las costas de México, indispensable para conocer las modificaciones de los accidentes costeros; disponer de los datos científicos sobre los patrones de circulación superficial y subsuperficial, de valiosa ayuda para el rescate y auxilio de embarcaciones a la deriva; e identificar las principales fuentes de contaminación en los litorales mexicanos y su composición. También, se realizaron 11 levantamientos topohidrográficos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Campeche.

En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se aplicó el Plan General de Auxilio SM-97 para brindar ayuda a la población damnificada por el paso del huracán Paulina, que afectó severamente las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca. En este sentido, los efectivos navales llevaron a cabo tareas de remoción de escombros, distribución de agua y víveres, atención hospitalaria, consultas médicas y vigilancia en áreas siniestradas. Durante la época vacacional y con el propósito de proporcionar seguridad y protección al turismo nacional y extranjero que acude a las playas mexicanas, se puso en marcha la Operación Salvavidas 97.

Los egresos de la SEMAR rebasaron lo programado en 13.6 por ciento y lo ejercido un año antes en 17.5 por ciento a precios constantes. Ello debido a los recursos adicionales requeridos para continuar la construcción de dos buques clase Holzinger y concluir la de un remolcador, como parte del Programa de Sustitución de Unidades Navales; la terminación de las instalaciones de la zona naval en Ensenada, B.C.; los avances en las obras de urbanización y edificación del programa de vivienda; y la mayor adquisición de equipo e instrumental médico y de productos farmacéuticos. Asimismo, influyeron los aumentos de las cuotas de alimentación, estímulos de productividad y becas del personal naval.

Una administración pública accesible, moderna y eficiente es un reclamo de la población y un imperativo para coadyuvar al incremento de la productividad global de la economía. Se trata de contar con un sector público que revitalice su esquema de trabajo, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos, optimice el uso de los recursos públicos, actualice sus métodos de gestión y aumente la profesionalización de los servidores públicos.

Por ello, durante 1997 en los diferentes ámbitos del quehacer gubernamental se trabajó con decisión para cumplir con tales principios. En el adecuado manejo de la política económica y de las finanzas gubernamentales continuó siendo determinante el papel desempeñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP-. El impulso de una gestión pública abocada al servicio y al cuidado de la honestidad y transparencia en el uso y destino de los fondos de la sociedad, fue labor permanente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo -SECODAM-. Por su parte, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -SECOFI- perseveró en el fortalecimiento de las condiciones básicas requeridas para alentar el desarrollo industrial y las exportaciones, y garantizar una oferta suficiente de productos de consumo generalizado. La Secretaría de Turismo -SECTUR- concentró sus esfuerzos en la regulación y promoción del turismo, bajo una concepción renovada de su contribución a la actividad.

Un elemento central de la reforma a la administración pública, lo representa el propio servidor público. En sus esfuerzos, capacidad y preparación radica su potencial para consolidar el cambio estructural y orientar el cumplimiento de las prioridades nacionales.

En 1997, el Sector Gestión Gubernamental y Servicios ejerció un gasto de 22 mil 495.0 millones de pesos, mayor a lo programado en 33.7 por ciento y al de un año antes en 36.3 por ciento real. En dicho comportamiento fueron determinantes las erogaciones adicionales efectuadas por la SHCP, SECOFI y SECODAM. Su participación en el gasto programable sectorial se ubicó en 4.4 por ciento, superior en 0.9 y 1.0 puntos porcentuales al nivel de 1996 y a lo proyectado, respectivamente.

SECTOR GESTION GUBERNAMENTAL Y SERVICIOS
( Millones de Pesos )

*   Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto.
**  Superior a 1 000 por ciento.
^1/  En ejercido 1996 y 1997, excluye cuotas al FOVISSSTE.
NOTA: El detalle de la sectorización del gasto de cada dependencia o entidad, se presenta en el apartado de Información Sectorial del Apéndice Estadístico.
FUENTE:  Dependencias del Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presupuestal Directo.

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

En 1997, la SHCP concentró sus esfuerzos en coordinar la estrategia económica contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, orientada a lograr un crecimiento permanente y sustentable en el largo plazo, y a mejorar el bienestar social de todos los mexicanos. De manera particular, cumplió su tarea fundamental de conducir las finanzas públicas con disciplina, transparencia y acorde con los objetivos y metas macroeconómicas de corto plazo. Asimismo, desempeñó sus funciones en materia de regulación, evaluación y vigilancia del sistema financiero, y de impulso a los servicios nacionales de estadística e información geográfica. En este sentido, su actuación se sustentó en las siguientes líneas estratégicas:

• Fortalecer los instrumentos de la planeación nacional;
• Coordinar las políticas de ingreso, gasto y deuda del sector público;
• Perfeccionar los sistemas de recaudación, administración y fiscalización tributaria;
• Revisar y actualizar los sistemas de programación-presupuestación, así como los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del gasto público;
• Mejorar el perfil de vencimientos y costo de la deuda pública;
• Vigorizar los esquemas de regulación del sistema financiero; y
• Modernizar los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica.

De conformidad con sus atribuciones como dependencia coordinadora de la planeación, la SHCP continuó consolidando los instrumentos que caracterizaron la fase de formulación de dicho sistema. Al respecto, concluyó la elaboración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000; y revisó y dictaminó el Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000. En su carácter de conductora de la política económica, llevó el seguimiento permanente de los resultados obtenidos mediante la aplicación del programa contenido en los Criterios Generales de Política Económica del año; e integró, con el consenso de los diferentes sectores productivos los correspondientes a 1998, en donde se establecen los objetivos y metas de corto plazo y las políticas a seguir.

Con el manejo pertinente de las finanzas públicas, la dependencia contribuyó a consolidar la estabilidad macroeconómica. La estricta disciplina fiscal permitió hacer frente a los costos derivados de la reforma a la Ley del Seguro Social y a aquéllos asociados a los programas de alivio a deudores y de saneamiento financiero, sin generar presiones inflacionarias. Además, la orientación de la política fiscal impulsó el crecimiento económico a través de cambios en la estructura de los ingresos y gastos públicos, que estimularon la inversión productiva pública y privada, la generación de empleos y el fortalecimiento del ahorro interno.

La política de ingresos se inscribió en una estrategia tendente a la recuperación de las fuentes estables de recaudación. Las adecuaciones al sistema tributario permitieron ampliar la base de constribuyentes y promover una distribución más equitativa de la carga fiscal, al tiempo que incentivaron la inversión y la generación de empleos. También se fomentó el pago oportuno de las contribuciones, se facilitó el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se fortaleció la capacidad fiscalizadora de la autoridad.

Como parte de esta estrategia, la SHCP inició la operación de un nuevo órgano desconcentrado, denominado Servicio de Administración Tributaria -SAT-. Se trata de elevar la calidad de los servicios que se prestan a los contribuyentes, a efecto de alentar el cumplimiento voluntario y adecuado de sus obligaciones fiscales y de contar con una administración tributaria más ágil y eficiente, que responda de manera adecuada al proceso de modernización del país.

La estrategia de gasto público se dirigió a impulsar la inversión; fortalecer los programas de desarrollo social; y promover la renovación federalista. Para el logro de los objetivos macroeconómicos fue necesario cuidar que el nivel de los egresos se ajustara a la disponibilidad de ingresos permanentes, y que su composición respondiera a las prioridades nacionales. En este contexto, el Sistema Integral de Control Presupuestario se consolidó como una valiosa herramienta de enlace entre la SHCP y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para mejorar el ejercicio del presupuesto y las funciones de control, registro y seguimiento de los recursos. Cabe destacar que mediante dicho sistema se controlan en forma automatizada las modificaciones autorizadas al presupuesto de las dependencias y entidades, y se garantiza que se realicen conforme a las normas establecidas.

Para elevar la eficiencia operativa del gasto público, se revisaron y actualizaron los instrumentos empleados en el proceso de programación-presupuestación. Al respecto, las tareas de formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 se vieron fortalecidas con la adopción de una Nueva Estructura Programática -NEP-. En ésta se incorpora el empleo de indicadores estratégicos para evaluar los programas y las principales actividades gubernamentales, lo que permitirá superar la rigidez de los procedimientos administrativos en el control presupuestario y en su lugar adoptar una administración enfocada a los resultados. Asimismo, con la NEP se aportarán elementos para que las auditorías del gasto complementen su alcance contable-financiero, con un enfoque basado en el logro de resultados.

En el impulso a la renovación federalista la política presupuestal jugó un papel determinante, al promover la descentralización de responsabilidades y recursos a los gobiernos estatales, buscando con ello atender de manera más eficiente y directa las necesidades básicas de la población. Entre las acciones emprendidas para vigorizar este proceso, destaca la creación del Ramo 33.- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, mediante el cual se institucionaliza un esquema ágil y transparente para el traslado de los fondos federales a los gobiernos estatales y municipales, en adición a las participaciones. Para dar sustento legal a este Ramo, e incorporarlo al PEF de 1998, se promovió la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con la adición del capítulo V denominado "De los Fondos de Aportaciones Federales".

La solidez de las finanzas públicas permitió mantener una política de deuda pública dirigida al refinanciamiento de los pasivos, con objeto de mejorar su perfil y aminorar su costo. De esta manera, se reduce la vulnerabilidad de la economía ante variaciones no previstas de las tasas de interés y de la paridad cambiaria. En el frente externo se procuró diversificar las fuentes de financiamiento y en particular lograr un mayor acceso a los mercados voluntarios de capital, mismos que ofrecen mejores condiciones en costo y plazo. Por su parte, los esfuerzos en materia de deuda interna se enfocaron a la colocación de instrumentos de más largo plazo.

Conforme a las líneas de estrategia del Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, que proponen la conformación de un sistema ágil y oportuno de seguimiento y control de las finanzas públicas, la SHCP inició el diseño del Sistema Integral de Administración Financiera Federal -SIAFF-. Se trata de disponer en el corto plazo de un sistema automatizado, único e integral, que concentre y proporcione en tiempo oportuno información suficiente para la toma de decisiones, que dé mayor transparencia y seguridad a los procesos, y optimice la asignación, uso y control de los recursos. En este Sistema la contabilidad se constituirá en la fuente única de información, para lo cual se avanza en el diseño de un nuevo modelo contable, en la revisión y adecuación de las normas y en la elaboración de los instrumentos técnicos que regirán su operación.

Durante el ejercicio que se informa, también se concluyó el diseño de un modelo de Servicio Civil Federal que, basado en el principio del mérito permita, de manera integral, la profesionalización de los servidores públicos. Para sustentar jurídicamente dicho modelo, se formuló el anteproyecto de la Ley de Servicio Civil Federal, el cual prevé regular los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, remuneraciones, valuación de puestos y del desempeño, capacitación y promoción, entre otros. Asimismo, se iniciaron los estudios para la instauración de un sistema de administración de recursos humanos, que operará descentralizadamente, y que hará posible optimizar y uniformar el control presupuestario del gasto en servicios personales, el registro del personal, la actualización de estructuras orgánicas y el manejo de la nómina.

En cumplimiento al marco legal vigente y de conformidad con sus atribuciones, la SHCP efectuó el seguimiento y evaluación de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades del Sector Público Federal. Asimismo, presentó al Poder Legislativo las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998; los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 1997; la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1996; y el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Con el propósito de promover la modernización del sistema financiero, se realizaron diversas modificaciones al marco regulatorio, dirigidas principalmente a incrementar la eficiencia de los intermediarios y fortalecer el régimen de regulación prudencial, para delimitar y asignar adecuadamente las responsabilidades de los diversos participantes y eliminar prácticas ilícitas. Entre estas reformas sobresale el establecimiento de nuevos criterios de contabilidad para la mayoría de los intermediarios financieros, acordes con estándares nacionales e internacionales; el fortalecimiento del papel de los auditores externos, agencias calificadoras y sociedades de información crediticia; la constitución de un comité de valuación de instrumentos y valores financieros; la sistematización de la mayoría de los procesos de supervisión; el establecimiento de un régimen de capitalización para instituciones de banca múltiple y casas de bolsa; y la autorización para negociar en la Bolsa Mexicana de Valores títulos de deuda del gobierno mexicano cotizados en los mercados internacionales de capital.

La Banca de Desarrollo enfocó sus acciones a elevar la eficiencia en la canalización del crédito, con el fin de apoyar las actividades de amplio impacto económico y social. Para ello, se elaboraron programas y estrategias de financiamiento dirigidos a sectores específicos, como la micro, pequeña y mediana empresa, las actividades agropecuarias y, la construcción y adquisición de viviendas. Asimismo, avanzó en la solución de los problemas de liquidez de los deudores, mediante la operación de diversos programas de reestructuración de cartera.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la SHCP, continuó fortaleciendo el Sistema Nacional de Información mediante la modernización de sus procesos y el uso de la informática. En 1997, se publicaron los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda; se dio continuidad al Boletín de Información Oportuna del Sector Alimentario y del Cuaderno de Información Oportuna Regional; se realizaron las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto en los Hogares y de Empleo por entidad federativa; se inició la primera Encuesta de Empleo en Zonas Indígenas; y se llevó a cabo, por primera vez, la Encuesta Anual de la Industria de la Construcción. Con relación a la contabilidad nacional, se pusieron a disposición del público los resultados del Programa de Investigación Estadística-Económica, que contiene las Cuentas de Bienes y Servicios para el período 1988-1995. Asimismo, se continuaron proporcionando servicios de información a través de Internet, como son: la Colección de Estadísticas Económicas, el Cuaderno de Información Oportuna y el Banco de Datos del INEGI.

La SHCP rebasó la asignación original en 39.5 por ciento y lo registrado el ejercicio precedente en 31.2 por ciento a precios constantes. Este resultado se asocia, principalmente, con el inicio de operaciones del SAT, y el mecanismo establecido para que los exconcesionarios de las carreteras rescatadas por interés público liquidaran adeudos fiscales con cargo a sus derechos de indemnización.

CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Avanzar en la transformación de la Administración Pública Federal bajo un esquema de organización eficaz, eficiente y una cultura abocada al servicio, fueron los principios básicos que orientaron la acción de la SECODAM durante 1997. Para cumplir con estos propósitos, las actividades de la dependencia se realizaron bajo las siguientes líneas estratégicas:

• Vigorizar los mecanismos de control integral y de medición y evaluación de la gestión gubernamental;
• Promover la participación más efectiva de la sociedad en la definición, ejecución y evaluación de las acciones institucionales;
• Impulsar la descentralización de funciones y la desconcentración de facultades; y
• Apoyar la profesionalización y fomentar una nueva cultura en el servidor público que favorezca los valores éticos, la eficiencia y honestidad, así como los principios de probidad y responsabilidad.

El fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental continuó siendo un medio privilegiado para garantizar la legalidad, honradez y lealtad en el quehacer público. Entre las medidas adoptadas sobresale la revisión del marco normativo de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas; el mejoramiento y ampliación de los instrumentos de control y verificación del ejercicio del gasto público; el diseño y revisión de los indicadores de desempeño y evaluación de la gestión gubernamental; y la aplicación de mecanismos para el seguimiento de los resultados presupuestarios de las entidades paraestatales.

La actuación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades se reforzó con las nuevas atribuciones conferidas a la SECODAM para nombrar y remover a sus titulares, y con la autonomía otorgada a los mismos para imponer directamente sanciones en materia de responsabilidades, cuando se detecten conductas contrarias a las disposiciones legales y normativas establecidas.

A fin de controlar y verificar el adecuado manejo del presupuesto y la observancia estricta de la normatividad, además de intensificarse las tareas de fiscalización selectiva, se brindó un mayor impulso a la participación de los órganos internos de control. De esta manera, fue posible llevar un seguimiento riguroso del ejercicio de los recursos y cuidar la correcta aplicación de las normas en materia de servicios personales, obra pública y adquisiciones. Por su parte, la auditoría externa se fortaleció mediante la adecuada selección de entidades a fiscalizar, la designación oportuna de contadores públicos independientes y la atención permanente al desarrollo de las revisiones.

En materia de evaluación y seguimiento de la gestión de las dependencias y entidades, sobresalen las tareas que de manera coordinada realizó la SECODAM con la SHCP, a efecto de incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998 una NEP, y establecer indicadores de desempeño para evaluar las principales actividades gubernamentales y sus resultados. En el período que se informa se concretó la concertación de 2 045 indicadores con 17 dependencias, 13 órganos desconcentrados y 86 entidades paraestatales. La participación activa y corresponsable de la sociedad fue determinante en el desarrollo de las tareas de control y vigilancia de la acción gubernamental. Se distingue el mejoramiento del Sistema Nacional de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía, con el propósito de aumentar la eficiencia de los esquemas de atención y seguimiento de las solicitudes; y el inicio de operaciones del Sistema de Evaluación de las Funciones de Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades en los Organos Internos de Control, mediante el cual se efectúa el cálculo mensual de indicadores de productividad, calidad y oportunidad en la atención de quejas, denuncias e inconformidades. Asimismo, la Contraloría Social reforzó sus tareas con el apoyo de las contralorías estatales y los comités comunitarios, propiciando una mayor intervención de la población.

En el impulso a la renovación federalista, se apoyaron los procesos de descentralización del gasto público federal y de las funciones de fiscalización. Al respecto, la SECODAM dio a conocer a los órganos estatales de control los avances logrados por la SEP, SSA, SCT y SAGAR; efectuó la Reunión Nacional para el Fortalecimiento del Control de los Recursos Transferidos, con la participación de representantes de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal; asistió a 14 reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, dirigidas a evaluar los resultados de los programas coordinados y a establecer compromisos para mejorarlos; y brindó asesoría y apoyo a los gobiernos estatales, que realizan actividades orientadas a actualizar el marco jurídiconormativo, vinculado al control y a la integración de los órganos locales en materia de vigilancia y aplicación de los recursos públicos.

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo y modernización de la Administración Pública Federal lo constituye el impulso a la profesionalización del servicio público. Se trata de promover una cultura de servicio sustentada en la capacidad, eficiencia y dedicación de los empleados gubernamentales. En este sentido, el Centro de Capacitación en Calidad de la SECODAM, continuó desarrollando e impartiendo entre otros cursos los relativos a las técnicas de servicio; conceptos básicos de calidad; calidad en el servicio; administración de proyectos; y solución de problemas en equipo. También destaca la celebración del Tercer Encuentro Nacional de Desarrollo Administrativo y Calidad, realizado en el Estado de México, con el propósito de dar a conocer las prácticas exitosas en la administración pública.

Para avanzar en la profesionalización del personal de los órganos internos de control, se elaboraron las disposiciones generales que precisan los requisitos a reunir por parte de los aspirantes a ocupar la titularidad de estas unidades administrativas. Al efecto, se creó el Sistema Automatizado de Exámenes, que contiene las pruebas de conocimientos a que habrán de sujetarse los candidatos, y se definieron sus perfiles profesionales. Asimismo, se inició un programa de capacitación que comprende cursos sobre control, auditoría, responsabilidades de los servidores públicos, atención de quejas y denuncias, inconformidades, usuarios simulados y encuestas por muestreo estadístico.

La SECODAM presentó erogaciones que superaron lo estimado en 61.8 por ciento y lo ejercido en 1996 en 40.3 por ciento real. Ello se atribuye a las ampliaciones autorizadas para la modernización y expansión de la red informática; el acondicionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Gubernamentales; el pago de nivelaciones salariales y estímulos de productividad; y el incremento en los precios de insumos y materiales de oficina.

COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

Para coadyuvar a situar a la economía en una trayectoria de crecimiento sostenido, la SECOFI reforzó las acciones orientadas a modernizar el aparato productivo, garantizar una oferta de productos de primera necesidad y consumo generalizado suficiente y adecuada en términos de calidad y precio, y promover la actividad exportadora. En este sentido, para 1997 se establecieron las siguientes líneas de estrategia:

• Impulsar la modernización y la productividad de la planta industrial, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas;
• Avanzar en el proceso de desregulación de la economía;
• Mantener el dinamismo de las exportaciones, mediante la diversificación de mercados y, el aliento a sectores y empresas exportadoras;
• Intensificar y mejorar las negociaciones comerciales internacionales; y
• Proteger los derechos del consumidor, e inducir una cultura de consumo basada en información oportuna y selectiva para la toma de decisiones.

La política de fomento industrial se dirigió, básicamente, a elevar la eficiencia y competitividad del aparato productivo, en especial de las empresas de menor tamaño, y con ello profundizar el proceso de cambio estructural indispensable para sentar sobre bases firmes el crecimiento económico. Al efecto, la estrategia consistió en promover la integración de cadenas productivas; el desarrollo tecnológico; el mejoramiento de los niveles de calidad; y la desregulación de la actividad empresarial.

Con la integración de cadenas productivas altamente competitivas, se busca inducir una sustitución eficiente de las importaciones, aumentar el valor agregado del país y la generación de empleos. De esta manera, se brindó un mayor impulso a los programas de desarrollo de proveedores; de promoción de agrupamientos industriales; y de modernización de ramas específicas. También, se inició la operación de los sistemas de Información Empresarial Mexicano -SIEM-; para la Subcontratación Industrial; y el de Promoción de Parques Industriales. El SIEM se distingue por permitir a los agentes productivos un conocimiento más amplio de sus clientes, proveedores y competidores. En su primer año de vigencia operó con 41 módulos de información a nivel nacional, mediante los cuales proporcionó datos de más de 425 mil empresas afiliadas. Además, fue uno de los instrumentos de mayor efectividad en la difusión de los Programas Anuales de Adquisiciones y Servicios, así como de Obra Pública -PAASOP- de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo tecnológico de sus procesos productivos y posibilitarles una inserción eficiente y competitiva en el mercado interno y en el internacional, se ampliaron los servicios de información y asesoría a las empresas. Destaca la instalación de 31 Centros Regionales para la Competitividad Empresarial -CRECE's-; el mejoramiento de los servicios que proporciona el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica -COMPITE-, y el Sistema de Información Sobre Servicios Tecnológicos -SISTEC-; y la intensificación de las actividades asociadas a los programas Integral de Promoción del Uso de Tecnologías Informáticas y de Promoción de Empresas Integradoras.

El fomento de una cultura de calidad, seguridad y eficiencia en la producción, continuó apoyándose en la revisión y actualización del marco normativo y el desarrollo de la metrología y los laboratorios de prueba. Sobresale la formulación y publicación del Programa Nacional de Normalización; las reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y la puesta en marcha de los sistemas de Certificación Automatizada, y de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba y Calibración. En el transcurso del año, las dependencias y entidades públicas emitieron, para su observación obligatoria, 87 Normas Oficiales Mexicanas -NOM's- y, para cumplimiento voluntario, 64 Normas Mexicanas -NMX's-.

A las medidas anteriores se agregan las adoptadas en materia de desregulación de la actividad económica, mismas que se dirigieron a minimizar los costos y trámites para el establecimiento y operación de las empresas, así como a evitar que las disposiciones que regulan la producción, se constituyan en un obstáculo para elevar la competitividad de la planta productiva. Durante 1997 se examinaron 92 proyectos de ordenamientos administrativos y legislativos; y se eliminaron los obstáculos a las nuevas propuestas de actividad empresarial, a través de la Manifestación de Impacto Regulatorio -MIR-, que debe emitir toda dependencia del Ejecutivo Federal que elabore un proyecto de disposición normativa. Asimismo, se prosiguió con la instauración de programas de desregulación en colaboración con los estados y municipios. Al respecto, todas las entidades federativas expidieron ordenamientos jurídicos análogos al Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial -ADAE-; y 21 celebraron convenios en esta materia con sus municipios.

La política de comercio exterior se orientó a mantener la trayectoria creciente de las exportaciones, apoyada en el mejoramiento de los instrumentos de promoción, el diseño de nuevos mecanismos y la realización de negociaciones internacionales, que posibiliten la diversificación de mercados y la protección de los intereses comerciales del país.

Los instrumentos para el fomento de las exportaciones se perfeccionaron, ampliando las facilidades de concurrencia y reduciendo requisitos y costos para las empresas, en especial las de menor tamaño. De esta manera, se elaboraron y publicaron los nuevos decretos para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior -ECEX-; de Fomento de Ferias Mexicanas de Exportación -FEMEX-; y el correspondiente al Programa de Importación Temporal para Servicios Integrados de Exportación -PITEX Servicios-. Además, se solucionaron problemas de trámites administrativos de comercio exterior mediante 33 reuniones regionales y 22 sectoriales de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones -COMPEX- , y se instalaron 42 Módulos de Orientación al Exportador -MOE- en las delegaciones y subdelegaciones federales de la SECOFI. También se buscó defender los intereses del sector exportador, reforzando las acciones contra prácticas desleales, como el dumping, subvención y daño o amenaza de daño a la industria nacional.

En el ámbito de las negociaciones comerciales, la estrategia se acotó en tres vertientes: vigilar el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados de libre comercio suscritos por México; incrementar la participación en los foros regionales y multilaterales de comercio; y propiciar mayores flujos de inversión extranjera directa. En este contexto, se impulsó la celebración de convenios en la materia con todos los países de América Latina y la Unión Europea, y se concluyeron las reuniones de trabajo relativas a los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones -APPRI's- con Alemania, Austria, Francia, Italia y Países Bajos.

La política de comercio interior y abasto se dirigió a elevar la eficiencia del sistema de comercialización de bienes y servicios; promover la competitividad de las empresas, en particular las de menor tamaño; proteger el poder adquisitivo de la población; y fomentar la cultura de información al consumidor y la defensa de sus derechos.

Por su impacto en el incremento de la productividad y competitividad empresarial, se buscó aumentar la cobertura de los programas de modernización y capacitación a establecimientos comerciales, en cuyo desarrollo participan la STPS, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, y el CONALEP. El Servicio Nacional de Información de Mercados -SNIM- siguió consolidando su presencia en la elaboración de reportes sistemáticos sobre precios de mercado de 650 productos agropecuarios y pesqueros en 518 centros de distribución regionales de abasto del país. Cabe destacar que, la cobertura territorial de sus operaciones se expandió a los estados de Guerrero, Morelos y Nayarit; adicionalmente, suministra sus servicios a través de Internet.

Para contribuir a la estabilidad de precios y apoyar el poder adquisitivo de las familias, durante el año el Gobierno Federal concertó diversas medidas con agrupaciones privadas de comerciantes para operar los programas de Dieta Básica, Cuaresma, Despensas para la Economía del Hogar y, de Utiles y Uniformes Escolares. Conviene señalar que la estrategia aplicada en la materia coadyuvó a que el índice promedio de abasto de la canasta de bienes básicos se ubicara en 98.7 por ciento, de acuerdo con la información difundida por BANXICO.

En 1997, la SECOFI fortaleció los servicios de información y orientación al consumidor, vigiló la observancia de sus derechos y, fomentó el desarrollo de una cultura del consumidor en la que se privilegie la toma de decisiones informada y selectiva. Se distingue el inicio de operaciones de la Lista de Arbitros Independientes, como mecanismo alternativo para la resolución de controversias entre consumidores y proveedores; y la participación en eventos y proyectos de organismos especializados de protección al consumidor, particularmente en el Comité de Política del Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y en la Red Internacional de Supervisión.

La SECOFI realizó egresos por arriba de lo presupuestado en 31.7 por ciento y de lo aplicado el año previo en 26.7 por ciento real. Lo anterior se vincula, básicamente, con los apoyos asignados a la operación de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial; los subsidios otorgados a Financiera Nacional Azucarera para promover la exportación de los ingenios azucareros; los pagos derivados de los ajustes salariales, retiro voluntario, jubilaciones y pensiones; y la adquisición de equipo de cómputo, arrendamiento de edificios y maquinaria de la Procuraduría Federal del Consumidor.

TURISMO

La SECTUR dirigió sus esfuerzos a elevar la competitividad de los productos turísticos mexicanos, a fin de reforzar el papel estratégico de la actividad en el desarrollo regional, la generación de empleos y la captación de divisas. En este sentido, acotó sus acciones a los siguientes lineamientos:

• Promover la afluencia de turistas;
• Fortalecer la oferta turística mediante la ampliación de la infraestructura y el desarrollo de los programas especiales; y
• Mejorar la calidad de los servicios al turista.

Para fomentar la demanda turística en el exterior, continuó vigorizándose la imagen de México en los principales mercados emisores de turismo, a través de campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo. Con objeto de ampliar el impacto de dichas acciones, su manejo se consolidó en el Programa Integral de Mercadotecnia. En los mercados Hispano, de Estados Unidos de América -EUA-, Canadá, Europa y Latinoamérica, se llevaron a cabo cinco campañas publicitarias, por medio de la distribución de material impreso, inserciones en revistas especializadas y prensa, y comerciales de radio y televisión. En materia de relaciones públicas, las representaciones de turismo en el extranjero contribuyeron a la difusión y venta del producto turístico mexicano y a promover las inversiones en el Sector. Al efecto, se participó en 15 ferias internacionales celebradas en Europa, EUA, Latinoamérica y Asia; se realizaron 202 viajes de familiarización con agentes de viajes, reporteros de prensa y televisión y grupos de filmación; se llevaron a cabo 225 actividades promocionales, 443 presentaciones sobre diferentes regiones y productos mexicanos y 449 eventos para establecer contactos directos con los grandes mayoristas; se atendieron 22 asuntos de crisis que pudieran afectar la afluencia turística al país; y se apoyó la producción de 12 programas fílmicos. Con el Programa de Mercadeo Directo, se atendieron 214 417 llamadas en las que se proporcionó información impresa y por medios electrónicos a consumidores, agentes de viajes, líneas aéreas y compradores de grupos especializados.

El Tianguis Turístico de Acapulco se ha consolidado como el principal evento para promover y comercializar los atractivos nacionales. En su emisión número XXII, contó con la asistencia de más de 2 mil representantes de la industria turística nacional, quienes ofrecieron sus productos en 270 oficinas ubicadas en el Centro de Negocios y 278 locales en el área de exposición; también participaron 1 242 agentes de viajes provenientes de todo el mundo, cifra que rebasó en 14.7 por ciento a la de 1996. Cabe destacar que por primera vez se instaló una sección de turismo alternativo con 56 espacios. Se estima que el volumen de ventas ascendió a un mil 332.2 millones de dólares, superior en 9.2 por ciento al alcanzado el año anterior.

Las acciones anteriores, junto con la expansión de la oferta y una mejor calidad en los servicios, hicieron posible aumentar el número de viajeros internacionales al país en 2.8 por ciento con respecto a 1996, al ubicarse éste en 92.9 millones de personas. De dicho total, 79.2 por ciento corresponde a excursionistas de un solo día; 10.3 a visitantes fronterizos con estancia mayor a 24 horas; y 10.5 por ciento a turismo receptivo.

Con el propósito de estimular el turismo nacional, se reforzaron los programas de promoción y comercialización de nuevos productos, alternativas y destinos. Ello se efectuó de acuerdo a tres vertientes fundamentales: la institucional, que comprendió dos campañas denominadas México es Tuyo y Déjate Conquistar por México; la coordinada, en la que participaron los gobiernos estatales mediante comerciales en radio, televisión y medios impresos; y la concertada, que se llevó a cabo con 36 Fondos Mixtos de Promoción Nacional, mismos que impulsaron diversas actividades de publicidad y relaciones públicas, así como programas específicos en favor de los destinos.

A estas medidas se agregó la creación del Consejo Nacional de Turismo Social, con el fin de ampliar las oportunidades para la práctica del turismo en todos los segmentos de la población. En su primer año de trabajo, fomentó la suscripción de 98 convenios de coordinación y acuerdos con los sectores público, privado y social. Por su parte, el Consejo Mexicano de Promoción Turística, diseñó y puso en marcha 11 campañas, con el apoyo del Gobierno Federal y del sector privado; la participación de este último consistió en 42.0 millones de dólares en especie.

Como consecuencia del conjunto de tareas señaladas, la demanda de alojamiento por parte del turismo nacional se elevó a una tasa anual de 6.8 por ciento; resultado que también estuvo influido por el repunte de la actividad económica y el empleo.

En el ámbito de la oferta turística, se avanzó en la consolidación y diversificación de los productos. Al efecto, la estrategia se orientó a impulsar el desarrollo de la infraestructura, fortalecer la competitividad de los destinos de atracción y favorecer el desarrollo de otros que aprovechen de manera sustentable la riqueza natural, histórica y cultural de las regiones. Bajo este contexto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo -FONATUR- continuó dirigiendo sus esfuerzos al financiamiento de la actividad y al fomento de las inversiones. En 1997, otorgó créditos por 413.6 millones de pesos, de los cuales 94.0 por ciento se asignó a la reestructuración de pasivos de diversas empresas hoteleras, lo que permitió mantener en operación 1 286 cuartos; con el restante 6.0 por ciento apoyó el mejoramiento de la calidad de los servicios. Asimismo, realizó 40 obras de urbanización en los cinco centros integralmente planeados de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco; y participó en la elaboración de estudios y diseño de estrategias de desarrollo turístico en diversas zonas con potencial para la actividad.

Con relación al desarrollo de nuevos productos, la SECTUR en coordinación con otras dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales y el sector privado, impulsó la infraestructura turística y de acceso; los productos alternativos dirigidos a nuevos segmentos de mercado, como el ecoturismo, turismo de aventura, deporte y náuticos; y la integración de estos proyectos con sus regiones, con objeto de contribuir a elevar el nivel de vida de las comunidades. En este sentido, se distinguen las siguientes acciones:

La capacitación y el fomento de la cultura turística fueron fundamentales en el mejoramiento de la calidad de los servicios. La SECTUR, junto con los gobiernos estatales y las asociaciones civiles, impulsó la celebración de cursos y seminarios para la formación de personal calificado, acotando sus acciones en cuatro programas: Procesos Locales de Capacitación, Vinculación Escuela-Empresa, Cultura Turística, y Turismo y Salud.

En materia de investigación turística las actividades se orientaron a cuatro vertientes: estudio de los mercados de turismo internacional; comportamiento de la demanda nacional; evaluación de los perfiles de los visitantes a destinos seleccionados; y análisis para el desarrollo de los productos turísticos. En 1997 se realizaron 16 estudios, entre los cuales destaca el referente a la creación de la Cuenta Satélite de México, concretándose la definición del marco conceptual y la revisión del inventario estadístico. Conviene resaltar que, el desarrollo de este proyecto además de permitir contar con indicadores detallados sobre la participación de las diversas ramas que integran el sector, facilitará la cuantificación del impacto de la actividad turística en el producto interno bruto.

Para ofrecer auxilio e información a los turistas nacionales y extranjeros que transitan por las carreteras del país, las radiopatrullas Angeles Verdes aumentaron sus recorridos en 17.3 por ciento respecto a un año antes. De esta manera fue posible incrementar en 15.6 por ciento el número de turistas atendidos, y en 8.2 por ciento el de vehículos. Por su parte, los módulos de orientación e información proporcionaron 301.3 miles de consultas, cifra mayor en 1.7 por ciento a la de 1996. Con la operación del Programa Paisano, se otorgaron servicios de orientación e información turística, así como apoyo para los trámites de aduana y migración a los connacionales y turistas que ingresaron y/o se desplazaron por el país. Estos servicios se proporcionaron a través de 69 módulos instalados en 19 entidades federativas y el Distrito Federal, en beneficio de 4.7 millones de personas.

INDICADORES BASICOS

^1/  Se refiere a los turistas nacionales que demandaron alojamiento en hoteles de una a cinco estrellas -turistas noche-.
^2/  Incluye hoteles con categorías de una a cinco estrellas y villas, apartamentos, casas de huéspedes,
posadas, bungalows, cuartos amueblados, campamentos, cabañas, suites y condominios.
FUENTE:  Secretaría de Turismo y Banco de México.

Con objeto de brindar mayor seguridad y mejorar el servicio turístico que se proporciona a los consumidores, se elaboraron 24 Normas Oficiales Mexicanas, entre las que destacan las dirigidas a guías especializados, operadoras de buceo, bebidas alcohólicas, tiempos compartidos y arrendadoras de vehículos.

Al cierre de 1997 la balanza turística arrojó un saldo positivo de 3 mil 701.7 millones de dólares, monto superior en 4.4 por ciento al del año precedente. La salida de divisas asociadas al turismo egresivo ascendió a 3 mil 892.0 millones; en tanto que los ingresos alcanzaron 7 mil 593.7 millones de dólares.

La SECTUR ejerció un gasto menor a la autorización inicial en 6.5 por ciento; sin embargo, comparado con el ejercicio previo fue superior en 0.7 por ciento real. La primera variación se relaciona, fundamentalmente, con los ahorros logrados en los servicios de energía eléctrica, telefonía, asesoría, publicidad en el extranjero, propaganda de programas de destinos turísticos e impresiones oficiales, así como de viáticos y pasajes nacionales e internacionales. Asimismo, influyó la disminución de 5.9 por ciento en los apoyos otorgados a FONATUR, en razón a la transferencia de recursos a la SCT para las obras del tramo carretero Tenosique El Ceibo en el estado de Tabasco; y la adecuación de su programa de obra pública. La diferencia anual se explica por las transferencias asignadas a este último fondo, las cuales rebasaron en 33.1 por ciento real a las del año anterior, debido, entre otras causas, a la adquisición de mayores volúmenes de refacciones y accesorios para el parque vehicular y equipo de cómputo; el incremento en el consumo de combustibles y lubricantes; y el aumento de los recursos destinados a la obra pública.