Nació el 16 de junio de 1920 en la ciudad de México. Concurrió a la Escuela Preparatoria de San Idelfonso y cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM.

Se inclinó a la docencia y fue un activo profesor en la Facultad de Derecho, impartiendo la Cátedra de Teoría General del Estado, de 1947 a 1958. Catedrático fundador de las materias Teoría General del Estado en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, en 1954; y Ciencia Política y Política Gubernamental, en el doctorado de Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración, en 1961.

En el servicio público, desempeñó el cargo de Asesor del Oficial Mayor de la Secretaría de Patrimonio Nacional en 1959-60; Director General de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, en la Secretaría de Patrimonio Nacional de 1960 a 1965; Jefe del Consejo jurídico de la Secretaría de la Presidencia de 1965 a 1968; Subsecretario de la Presidencia de 1968 a 1970; subsecretario de Patrimonio Nacional de 1970 a 1972; Director de la Comisión Federal de Electricidad de 1972 a 1973.

Designado Secretario de Hacienda por el presidente Luis Echeverría, cubrió el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 1973 y 25 de septiembre de 1975. Al principio de su gestión se advirtieron problemas derivados de la inflación y el desorden económico mundial que afectaba los esquemas financieros internos.

Como Secretario de Hacienda se encargó de atender al sector agropecuario, en ese entonces prioritario para el gobierno. En este sentido se creó el Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo Rural para ser aplicado en las regiones marginadas; el propósito era crear fuentes permanentes de empleo que retuvieran a los trabajadores del campo en sus lugares de origen. Otra acción emprendida para apoyar el desarrollo rural fue la fundación de TABAMEX, con el objetivo de cancelar el desorden que prevalecía en la producción del tabaco debido, entre otras cosas, a la inequitativa distribución de las utilidades entre agricultores e industriales. Por lo que se refiere a expedición de documentos formales, conviene señalar la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, que buscaba consolidar la independencia frente al exterior y evitar interferencias en la adopción de decisiones nacionales.

El 26 de marzo de 1974, López Porillo asistió a la apertura de trabajos de la Convención Bancaria celebrada en Acapulco, donde, de inicio, avisó que sin capacidad para entender el cambio, sin la maniobrabilidad para actuar conforme a las variaciones, se corría el riesgo de ahogarse en la coyuntura, causada por los desordenes monetarios y comerciales en todo el mundo. Así mismo, que con apenas diez meses en el cargo, ya había sido testigo de cambios extraordinarios; los arreglos económicos de la posguerra ya eran historia y el desorden posterior había dejado un vacio del cual no se acertaba salir; las crisis, como la petrolera, recordaban a los poderosos que no eran los dueños de la humanidad. Paralelamente aludió a que el ritmo de crecimiento de 1973 sería difícil de mantener, debido a los cuellos de botella a que se enfrentaba la economía mundial y el combate a presiones inflacionarias.

En 1975, se trató la organización y funcionamiento de la administración tributaria, sobresaliendo la desconcentración a través del establecimiento de administraciones fiscales regionales. Se modificó la Ley de Instituciones de Crédito para impulsar al sistema bancario y se reformó la Ley del Mercado de Valores para precisar las características de las acciones de renta variable.

Después de septiembre de 1975 inició sus trabajos electorales como candidato a la Presidencia de la República, resultando electo para el periodo 1976 – 1982.

Muere a la edad de 83 años, el 17 de febrero de 2004, en la Ciudad de México.