Se presenta el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 con base en lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16, 22, y 23 de la Ley de Planeación; 9 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de acuerdo con los objetivos y lineamientos marcados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

De conformidad con los artículos 25 y 26 Constitucionales, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, garantizando que éste sea integral y sustentable, que vele por el fortalecimiento de la soberanía nacional y su régimen democrático, y que a través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa del ingreso y la riqueza, se llegue al pleno ejercicio de la libertad y al respeto de las garantías consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, de los artículos 22 y 23 de la Ley de Planeación se desprende que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indicará los distintos programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que coadyuvarán al desarrollo integral del país. Dentro de éstos se encuentra el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, en el cual se presenta la estrategia del Ejecutivo Federal para financiar el desarrollo, definiendo metas, tiempos, líneas de acción y los recursos para lograr los objetivos conforme al Plan.

Por último, en razón de que el programa se vincula estrechamente con las políticas financieras del país, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su elaboración, con base en los fundamentos antes citados y los artículos 6o., fracción III; 16, fracción II; 17, fracción II; 25, fracción II, y 27, fracción II de su Reglamento Interior.

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (Pronafide) tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable, fin último del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND).

Un elemento toral para tener un mayor nivel de desarrollo humano sustentable es alcanzar un mayor crecimiento económico e incrementar la generación de empleos. Para ello, la presente Administración seguirá una estrategia sustentada en dos vertientes:

i) mejorar los determinantes transversales de la competitividad de la economía mexicana como el Estado de Derecho y la seguridad, la infraestructura, las capacidades de las personas, la estabilidad macroeconómica, la competencia económica y el marco regulatorio, las condiciones para el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, y

ii) eliminar las limitantes al crecimiento de los sectores económicos causadas por un marco legal, regulatorio o de competencia inadecuados o por una disponibilidad insuficiente de recursos.

El éxito en la estrategia planteada dependerá, de manera importante, de la disponibilidad de financiamiento para sustentarla. En particular, para alcanzar las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de un crecimiento sostenido de cuando menos 5 por ciento en 2012, sujeto a un crecimiento económico de Estados Unidos cercano a su potencial, la generación de no menos de 800 mil empleos formales y la reducción de la pobreza alimentaria en por lo menos 30 por ciento, será necesario que la inversión se incremente de un nivel de 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007 a 25.5 por ciento en 2012, y que el crecimiento anual de la productividad aumente de 0.5 por ciento a 1.9 por ciento, en el mismo lapso.

Al respecto, está claro que será necesario incrementar los recursos disponibles tanto para el sector público como para el sector privado: el sector público deberá destinar recursos, entre otras cosas, al fortalecimiento del Estado de Derecho, a invertir en el desarrollo de capacidades y a fortalecer las instituciones del país; el sector privado requerirá de financiamiento para poder incrementar su nivel de inversión en la medida que se incremente la competitividad de la economía. Asimismo, para tener una mayor inversión en infraestructura y en el desarrollo de nuevas tecnologías se necesitará de esquemas que combinen de manera eficiente recursos públicos y privados.

Por el lado de las finanzas públicas, la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen permitirá que el sector público cuente con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos mencionados. Hacia delante, los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 en materia de finanzas y deuda públicas serán:

· Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación.

· Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Hacendaria, en particular del IETU.

· Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.

· Promover el desarrollo de los mercados financieros domésticos y lograr ahorros en el costo financiero del sector público a través del manejo activo de la deuda pública, manteniendo un nivel de riesgo que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y con el desarrollo de los mercados financieros locales.

Lo anterior permitirá que el sector público incremente sus ingresos de un nivel de 20.4 y 21.8 por ciento del PIB[1] aprobados en las Leyes de Ingresos 2007 y 2008 a 22.1 por ciento del producto en 2012. Esto permitirá que la inversión pública[2] se incremente de 3.7 y 4.4 por ciento del PIB en los presupuestos aprobados en 2007 y 2008 a 5.0 por ciento del PIB en 2012, y que los recursos para otro tipo de erogaciones aumenten a una tasa promedio de 4.0 por ciento en términos reales en 2008-2012. Cabe notar que el incremento en los recursos se verá potenciado por un ejercicio más eficiente del gasto.

Por lo que hace al sistema financiero, se requiere promover el desarrollo del mismo dentro de un marco legal y de regulación que garantice su solvencia, estabilidad y seguridad. Así, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 plantea la implementación de una agenda que se enfoque a dotar al sistema financiero de mayor profundidad y eficiencia de forma que el ahorro financiero y el crédito se incrementen de manera importante. Para ello se promoverá el logro de ocho objetivos adicionales:

· Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero, así como la canalización eficiente de recursos a los proyectos de inversión más rentables.

· Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.

· Continuar incrementando la competencia entre intermediarios, mediante la entrada continua de nuevos participantes y la promoción de mayor transparencia en los productos y vehículos ofrecidos.

· Fortalecer el papel de los mercados de deuda y capitales en el financiamiento al sector privado, promoviendo el desarrollo de nuevos vehículos de ahorro, inversión y manejo de riesgos.

· Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero, a través del fortalecimiento de la regulación financiera y de su correcta aplicación.

· Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor, promoviendo que los individuos se conciban como sujetos capaces de ahorrar, obtener financiamiento para sus proyectos productivos, cumplir obligaciones crediticias y protegerse de los riesgos financieros que enfrentan.

· Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo, logrando su consolidación como instrumento de política para desarrollar mercados financieros y ampliar el acceso a los mismos para los sectores de mayor impacto económico y social.

La consecución de los objetivos en materia financiera permitirá incrementar el rendimiento del ahorro. Ello, aunado al impacto de la transición demográfica, llevará a un incremento en el nivel de ahorro interno de 21.7 por ciento a 23.8 por ciento del PIB entre 2007 y 2012. El incremento esperado en el ahorro interno financiará la mayor proporción del aumento requerido en la inversión. Ello a través de una mayor intermediación financiera, asociada a un incremento en el ahorro financiero de 12.9 puntos porcentuales del PIB y del financiamiento total al sector privado de 16.3 puntos porcentuales de forma que estos alcancen niveles de 64.8 por ciento[3] y 39.6 por ciento[4] del PIB en 2012, respectivamente. Lo anterior permitirá que la economía mexicana crezca a mayores tasas sin que se generen vulnerabilidades externas.

Cabe destacar que hacia delante se esperan condiciones externas menos favorables que las observadas en el pasado reciente. Ello hace aún más necesario seguir con una agenda ambiciosa de cambios estructurales en todos los ámbitos, que incremente el crecimiento potencial de la economía mexicana, conduzca a una mayor generación de empleos y contribuya al abatimiento de la pobreza. Ello como complemento de la estrategia contracíclica adoptada por el Gobierno Federal en 2008 basada en tres vertientes: el incremento en el gasto aprobado para 2008, la creación del Fondo Nacional de Infraestructura y el Programa de Apoyo a la Economía.

El documento se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección se presenta la estrategia de crecimiento de la presente Administración basada en un diagnóstico que identifica los retos que enfrentan el proceso de desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Incluye también una estimación del impacto que tendrá la estrategia descrita sobre el crecimiento.

En la tercera sección se analiza la evolución del financiamiento en México, tanto a nivel agregado como en términos de disponibilidad de recursos públicos y financieros.

La cuarta sección del documento describe con mayor detalle la situación actual y las perspectivas de las finanzas públicas, así como los objetivos, estrategias y líneas de acción que se seguirán en la materia.

En la quinta sección se hace un análisis minucioso de la situación en el sistema financiero, tanto por el lado del ahorro como por el lado de la intermediación financiera y de la administración de riesgos. Se incluyen los objetivos, estrategias y líneas de acción en el sector.

En la sexta sección se presentan escenarios sobre la evolución futura del crecimiento de la economía, las necesidades de financiamiento y las fuentes para el mismo, así como de la evolución de las finanzas públicas. El documento termina con consideraciones finales, y una síntesis de los objetivos, indicadores y metas del Programa.

II. DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO, CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEOS

El principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es el Desarrollo Humano Sustentable el cual ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas como el proceso de ampliar la capacidad de elección de las personas de manera permanente. Por ello, las políticas públicas de la presente Administración se orientarán a “crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”. Por ende, la presente Administración llevará a cabo todas las acciones pertinentes para elevar, en forma continua, los niveles de ingreso, educación y salud de todos los mexicanos y, asimismo, combatir de manera activa la pobreza y la desigualdad individual y regional. Las capacidades no florecen en el vacío sino que requieren de un ambiente propicio, por lo cual será necesario establecer las condiciones que permitan una participación plena de las personas en todos los ámbitos. Ello en un entorno sostenible en las dimensiones ambiental, económica y social.

En los últimos años, el nivel de desarrollo humano en México ha mostrado una mejoría: han aumentado las tasas de crecimiento económico, la generación de empleos y los niveles de salud y educación. Por otra parte, se han reducido la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Sin embargo, es preciso que estas tendencias se aceleren para converger hacia los niveles de vida de los países industrializados.

Por lo anterior las políticas públicas, en el ámbito económico, se deben orientar a incrementar el crecimiento y la generación de empleos, permitiendo que las personas tengan mayores opciones en términos de las actividades a las que puedan dedicarse, en las cuales su esfuerzo se vea retribuido con mayores ingresos, y de forma tal que los individuos estén expuestos a una menor incertidumbre. Ello se complementará con acciones directas para combatir activamente la pobreza y reducir la desigualdad del ingreso, tanto a nivel individual como regional. Estas políticas públicas deben contar, como fundamento, con un entorno de estabilidad macroeconómica; es bien sabido que los episodios de crisis recurrentes, debidas a expansiones insostenibles, revierten en poco tiempo cualquier avance en términos del bienestar y han llevado a que las familias mexicanas terminen en una situación peor que antes de la expansión, como se observó desde la década de los setenta hasta mediados de la década de los noventa.

Crecer a tasas más elevadas, generar más empleos y terminar de manera permanente con la pobreza requiere de un mayor crecimiento de la productividad así como de una mayor inversión y de una mejoría de las capacidades de las personas, como se describe en la segunda sección de este capítulo. Para ello es necesario establecer las condiciones adecuadas que fomenten la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías, permitan establecer procesos productivos más eficientes y reduzcan los costos de producción; en otras palabras, la economía mexicana debe volverse más competitiva. La estrategia a seguir requiere avanzar de manera simultánea en dos frentes:

i) mejorar los determinantes transversales de la competitividad, entendidos como aquellos factores que afectan las condiciones productivas en todos los sectores de la economía, y

ii) eliminar las limitantes al crecimiento específicas a cada sector económico causadas por un marco legal, regulatorio o de competencia inadecuado o por una disponibilidad insuficiente de recursos, en especial en los sectores que tienen un elevado potencial de crecimiento, son importantes generadores de empleo y cuyo crecimiento contribuye a disminuir la desigualdad regional.

En materia de determinantes transversales de la competitividad, como se describe en la tercera sección de este capítulo:

iii) se establecerá un marco de regulación más eficiente que reduzca los costos de apertura y operación de las empresas,

v) se establecerán las condiciones adecuadas para la investigación, el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías.

Por su importancia económica, social y regional, se prestará particular atención a establecer las condiciones propicias para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Dichos esfuerzos deben realizarse manteniendo un marco de estabilidad macroeconómica, la cual es hoy en día una fortaleza de la economía mexicana; del mismo modo debe asegurarse una disponibilidad adecuada de recursos, que es a lo cual se aboca el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012.

Por su parte, la agenda sectorial consiste en el desarrollo de políticas públicas que se llevarán a cabo con objeto de acelerar el crecimiento de cada sector, en especial aquellas actividades con un elevado potencial de crecimiento económico y de generación de empleos. A través de la promoción directa y modificaciones en los marcos regulatorio y legal, con el concurso del H. Congreso de la Unión, es posible establecer las condiciones propicias que permitan un crecimiento acelerado de la infraestructura de comunicaciones y transportes, de la construcción y vivienda, del sector primario, del sector energético, del turismo de las manufacturas y del sistema financiero.

Las dos vertientes de la estrategia son complementarias. Al mejorar la competitividad a través de las medidas transversales se facilitará el desarrollo de los sectores prioritarios. Al mismo tiempo, las acciones que se lleven a cabo para promover los distintos sectores tendrán un impacto directo sobre la competitividad de la economía, al contar, por ejemplo, con una mejor infraestructura, con una intermediación financiera más eficiente y con una oferta adecuada de insumos energéticos.

El objetivo del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 es asegurar la disponibilidad de recursos fiscales y financieros necesarios para avanzar en ambos frentes de la estrategia y que dichos recursos sean canalizados eficientemente a una mayor inversión privada y pública, así como a las actividades prioritarias mencionadas. Ello en un marco que sea sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental. En el ámbito fiscal y de deuda pública los objetivos serán:

1.2. Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación.

1.3. Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Hacendaria, en particular del IETU.

1.4. Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.

1.5. Promover el desarrollo de los mercados financieros domésticos y lograr ahorros en el costo financiero del sector público a través del manejo activo de la deuda pública, manteniendo un nivel de riesgo que sea compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y con el desarrollo de los mercados financieros locales.

Dichos objetivos se alcanzarán a través de las siguientes estrategias plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:

i) mejorar la administración tributaria mediante el fomento del cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo la evasión fiscal;

ii) establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad;

iii) garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público y destinar más recursos al desarrollo social y económico;

iv) restablecer sobre bases más firmes la relación fiscal entre el Gobierno Federal y las entidades federativas;

v) administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la estabilidad macroeconómica, reduciendo el costo financiero y promoviendo el desarrollo de los mercados financieros.

2.1. Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero, así como la canalización eficiente de recursos a los proyectos de inversión más rentables.

2.2. Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.

2.4. Fortalecer el papel de los mercados de deuda y capitales en el financiamiento al sector privado, promoviendo el desarrollo de nuevos vehículos de ahorro, inversión y manejo de riesgos.

El detalle de las estrategias y líneas de acción en los ámbitos fiscal y financiero se describen a detalle en los siguientes capítulos de este documento.

La estrategia de mayor competitividad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en los diversos programas sectoriales adquiere aún mayor relevancia ante un entorno internacional menos favorable y más volátil que el registrado en los últimos años. Las perspectivas económicas y financieras en los países industrializados, principalmente en los Estados Unidos, se han deteriorado a raíz de la crisis en el sector hipotecario que ha perturbado seriamente al sector financiero en esos países. Si bien la prudencia de las políticas fiscal, monetaria y financiera seguidas en México ha evitado que nuestra economía se haya visto contagiada por este fenómeno, es claro que el entorno de crecimiento económico mundial será menos favorable en el futuro próximo al observado en los últimos cuatro años. Al mismo tiempo, el incremento en los precios de los energéticos y los productos agropecuarios han llevado a una erosión del poder adquisitivo en esos países e implican un reto mayúsculo a nivel internacional. Ese contexto hace aún más necesario llevar a cabo las acciones internas que nos permitan acelerar el proceso de desarrollo.

En la primera sección del presente capítulo se describe la evolución reciente del desarrollo humano, del crecimiento y de la generación de empleos en México. La segunda parte consiste de un diagnóstico del desempeño económico reciente de nuestro país, identificando los principales retos y oportunidades. La estrategia de crecimiento de la presente Administración se presenta en la tercera sección en sus dos vertientes: transversal y sectorial. Se muestra un diagnóstico de los factores transversales de competitividad y de los sectores prioritarios, así como los objetivos y líneas de acción para cada uno de acuerdo a los Planes Sectoriales. En la cuarta sección se presenta el impacto esperado de la estrategia en el crecimiento de la economía.

II.1 Evolución Reciente del Nivel de Desarrollo Humano, del Crecimiento Económico y de la Creación de Empleos

El Desarrollo Humano Sustentable es el objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Ello implica que las políticas públicas de la presente Administración se orientarán a establecer las condiciones para que todos los mexicanos puedan aumentar su nivel de capacidades y tanto las generaciones presentes como futuras cuenten con mayores oportunidades.

Desde 1980 a la fecha se distinguen tres etapas en la evolución del desarrollo humano en México de acuerdo a la contribución del ingreso, la educación y la salud[5] al mismo desarrollo humano:

1. De 1980 a 1990 se observaron mejorías en salud y educación, pero se registró un estancamiento del ingreso debido a la crisis de la deuda experimentada durante el periodo 1982 a 1989;

2. De 1990 a 1995 hubo un crecimiento más limitado en los indicadores de salud y educación y se redujo el producto per cápita debido a la crisis de balanza de pagos por la que atravesó el país en 1994-1995, y

3. De 1995 a la fecha se dio un mejoramiento continuo en todas las dimensiones del índice de desarrollo humano.

De acuerdo al Reporte de Desarrollo Humano 2007/2008, en términos comparativos a nivel internacional, nuestro país se ubicaba en la posición 52 del índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas,[6] con un valor del índice 14.4 por ciento menor al de los países con mayor nivel de desarrollo humano.[7]

En materia de escolaridad, México se sitúa en el lugar 75, con un valor 33.1 por ciento por debajo del país con el valor más elevado.[8] Aunque en materia de producto per cápita México no se sitúa muy lejos de su posición en la clasificación general – en la posición 59 –,[9] el nivel de producto per cápita es 82 por ciento inferior al observado en el país con mayor nivel de producto por persona.[10] En el campo de la salud nuestro país se encuentra en la posición 43 del índice, con un valor 8.1 por ciento menor al del país con mayor esperanza de vida.[11]

De 1980 a 2007 el crecimiento económico anual real promedio del PIB fue de 2.8 por ciento, 1.1 por ciento en términos per cápita, mientras que el empleo se expandió a una tasa de 3 por ciento anual. Durante el periodo 2004-2007, el crecimiento de la economía mexicana y del empleo se han acelerado: el PIB aumentó 3.8 por ciento, 2.8 por ciento en términos per cápita, y el empleo formal creció 3.5 por ciento anual.[12] Si bien el crecimiento en este periodo es superior al observado en las dos décadas previas, de mantenerse estas tasas de crecimiento tomaría 28 años duplicar el producto per cápita.[13] Asimismo, esta tasa de crecimiento fue menor a la observada en Chile, Corea e Irlanda durante el mismo periodo, economías de rápido crecimiento económico.[14]

En términos de otras dimensiones del desarrollo, erradicar la pobreza es uno de los principales retos de la presente Administración. Es preciso advertir que en fechas recientes se han logrado avances sustanciales a raíz del mayor crecimiento, la estabilidad macroeconómica y las políticas públicas de combate a la pobreza, lo que refuerza la necesidad de acelerar los esfuerzos en estos frentes. Ello contrasta con el marcado deterioro que se registró como consecuencia de la crisis de 1994-1995.

Al mismo tiempo, el mayor crecimiento reciente, la estabilidad económica, las políticas sociales y la recuperación del sistema financiero han permitido una mejora significativa en las características de la vivienda y el equipamiento de los hogares, siendo mayor para las familias de menores ingresos.

También ha mejorado la distribución del ingreso. La desigualdad, medida por el índice de Gini, se mantuvo prácticamente constante entre 1992 y 2000. Sin embargo, a partir de entonces se ha observado una mejoría significativa. La disminución observada ha llevado a que la desigualdad del ingreso en México sea de las menores de América Latina, pero es claro que ésta aún se ubica en un nivel sustancialmente superior al de países con mayor nivel de desarrollo; disminuirla sigue constituyendo uno de los principales desafíos para México.

Además de reducir la desigualdad entre individuos es preciso disminuir la desigualdad entre regiones.[15] Cabe destacar que se ha observado un proceso de marcada convergencia en el nivel de desarrollo humano entre entidades ya que, como se aprecia en las siguientes gráficas, el aumento en el índice de desarrollo humano ha sido mayor en los estados con menor nivel inicial de desarrollo, esto debido al proceso de convergencia en materia de salud y educación. Sin embargo, no se ha observado entre las entidades federativas un proceso equivalente en términos del producto per cápita, dado que algunos de los estados con menor nivel de producto per cápita han experimentado bajas tasas de crecimiento.

Disminuir las desigualdades en materia de oportunidades y de ingresos requerirá de un mayor crecimiento económico y de una más vigorosa generación de empleos, preservar la estabilidad, una mayor inversión en las capacidades de las personas y en infraestructura, así como fortalecer el combate a la pobreza. Las políticas y acciones incluidas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 constituirán las bases para contar con los recursos públicos y privados necesarios para este propósito y asegurar su canalización eficiente para promover la convergencia regional.

Al igual que la evolución del nivel de desarrollo humano, el proceso de crecimiento y la generación de empleos en la economía mexicana de los últimos veinticinco años puede dividirse en tres periodos:

1. De 1980 a 1990 la crisis de la deuda llevó a una caída en el producto per cápita, un colapso en los salarios reales y una limitada generación de empleos.

2. De 1990 a 1995 el crecimiento aumentó en los primeros años, pero la crisis de 1994-1995 ocasionó una severa contracción del mismo así como del empleo y de los salarios reales.

3. De 1996 a la fecha se ha mantenido un crecimiento más elevado y una renovada creación de empleos en un contexto de recuperación de los salarios reales y de ciclos económicos normales.

A pesar del mejor desempeño económico que se registró en los últimos 12 años, es necesario que se aceleren el crecimiento del producto y la generación de empleos para lograr el objetivo rector de las políticas públicas de esta Administración: un mayor desarrollo humano sustentable. Cabe notar que si bien el crecimiento del producto por trabajador – la productividad de la mano de obra – aumentó de -0.6 por ciento en promedio observado en 1981-2003 a 2.2 por ciento registrado en 2004-2007, es aún menor a los crecimientos sostenidos registrados de 1981 a 2006 en Chile (2.6 por ciento), Corea (4.7 por ciento) e Irlanda (3.3 por ciento).[16]

El menor dinamismo del PIB per cápita en nuestro país es resultado de un bajo crecimiento de la productividad total de los factores y un limitado aumento del acervo de capital: la disminución de la productividad en México de 1981 a 2006 fue -0.5 por ciento anual, mientras que el incremento en Chile fue 1.5 por ciento anual, 2.5 en Irlanda y 2.4 en Corea. Por su parte, la tasa de crecimiento del acervo de capital fue de aproximadamente la mitad de la observada en Chile, tres cuartas partes la de Irlanda y una tercera parte de la de Corea durante el mismo periodo.

1. Un mayor crecimiento de la productividad de los factores: La productividad total de los factores está determinada por el nivel de tecnología, la eficiencia en los procesos productivos y las capacidades de las personas. Mejor tecnología, procesos productivos más eficientes y mayores capacidades llevan a que la utilización de una cantidad determinada de factores productivos, en particular el trabajo y el capital, se traduzca en un mayor nivel de producto e ingreso. A partir de 1980, México ha presentado tasas de crecimiento de la productividad muy por debajo de las que registran países con alto desempeño económico. Si bien el crecimiento de la productividad se aceleró en México durante 2004-2006, éste fue menor al observado en otros países durante sus periodos de mayor expansión.

2. Inversión más elevada: A lo largo de los últimos 25 años, tanto el nivel de la inversión como el crecimiento del capital por trabajador han aumentado, pero aún se encuentran por debajo de lo observado en los otros países.

3. Un tercer elemento que ha afectado el crecimiento del producto por trabajador y el nivel de productividad de la economía es el limitado desarrollo de las capacidades de las personas. Destaca que la esperanza de escolaridad[17] se sitúa por debajo de la de otros países con niveles de desarrollo similares por lo que es necesario mejorar la calidad de la educación. Cabe notar que mientras que en otros países se observa un avance significativo en el nivel educativo entre una generación y la que le sucede, dicho avance intergeneracional ha sido muy limitado en el caso de México.

La productividad, la inversión y las capacidades de las personas están interrelacionadas. Sin disponibilidad de recursos, no es posible descubrir nuevas ideas, técnicas o procesos productivos. Asimismo, el uso de la tecnología más avanzada y la adopción de procesos productivos más eficientes requieren de nueva maquinaria y equipo. A su vez, sólo individuos con las capacidades necesarias pueden idear o descubrir lo nunca antes imaginado, utilizar las herramientas más avanzadas y administrar los procesos más eficientes. Si bien una alta tasa de inversión no es garantía de un crecimiento elevado, no existe un solo país que haya crecido a una tasa igual o superior a 5 por ciento de 1980 a 2006 que tenga una razón de inversión a PIB menor a 23.0 por ciento. En el caso de México, la tasa de inversión fue de 19.0 por ciento durante el periodo 1980-2006 y 21.3 por ciento en 2004-2006. La relación entre el nivel de la productividad y los indicadores de escolaridad es igualmente estrecha, como se muestra en las gráficas siguientes.

Para incrementar la inversión, el crecimiento de la productividad y lograr que las personas tengan incentivos para incrementar su nivel de capacidades, es necesario establecer las condiciones que lleven a una mayor competitividad de la economía mexicana. En contraste con economías de rápido crecimiento, la competitividad relativa de la economía mexicana ha disminuido debido a que otros países han seguido agendas pro-activas de políticas públicas y reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia de la producción en sus economías. Como consecuencia, aún cuando ha aumentado el crecimiento de la economía mexicana en años recientes, este incremento es inferior al observado en otros países que han avanzado de manera más decidida para aumentar la competitividad de sus economías.

Para acelerar el avance de la economía mexicana, generar más empleos y reducir la pobreza de manera permanente, a través de un mayor crecimiento de la productividad, de la inversión y de las capacidades de las personas, se seguirá una estrategia sustentada en dos vertientes:

1. Fortalecer los factores transversales que determinan la competitividad, entendidos como aquellos elementos que establecen las condiciones productivas de todos los sectores de la economía, de forma que se incremente la productividad y disminuyan los costos y riesgos a los que están sujetos las actividades productivas en nuestro país.

2. Promover las condiciones adecuadas para que en cada sector de la economía se acelere el crecimiento, en particular en aquellos sectores que tienen un elevado potencial para ello, que son importantes generadores de empleo, que contribuirán a disminuir la desigualdad regional y cuyo desarrollo se ha limitado debido a la falta de inversión, a obstáculos para el crecimiento de la productividad o a restricciones legales y de regulación.

Los factores transversales son aquellos que afectan a todas las actividades productivas del país, entre los cuales destacan: el Estado de Derecho y la situación de seguridad física y patrimonial; la estabilidad macroeconómica; el grado de competencia y la calidad de las normas y prácticas de regulación; las capacidades de las personas; las condiciones adecuadas para la investigación y la adopción de nuevas tecnologías; la calidad de la infraestructura y la oferta de bienes públicos, en particular los energéticos. Los dos últimos elementos comprenden a su vez sectores de la economía, por lo que forman parte también de la estrategia sectorial de crecimiento dado su elevado potencial de desarrollo. Avances en ambos sectores tendrán un impacto sobre la competitividad de la economía y tendrán un efecto directo sobre el crecimiento, la inversión y la generación de empleos.

La estrategia sectorial estará sustentada en la eliminación de limitantes al crecimiento de los sectores económicos y en el impulso a la infraestructura – en particular en comunicaciones y transportes –, así como en el impulso al sector energético, a la manufactura, a la minería, a la construcción en general y a la edificación de vivienda en particular, y al turismo. Al mismo tiempo, se prestará especial atención al sector primario debido a su importancia económica, social y regional. Se buscará llevar a cabo las modificaciones legales – junto con el H. Congreso de la Unión – y en la regulación, así como las acciones administrativas, que faciliten el desarrollo de estos sectores. Asimismo, se identificarán los mejores mecanismos de financiamiento público y privado que permitan incrementar la productividad, la inversión y el crecimiento en dichos sectores.

De esta forma, al mejorar los determinantes transversales de la competitividad se impulsará el crecimiento y la generación de empleos en todos los sectores de la economía mexicana. Ello es esencial en un contexto internacional que previsiblemente será menos favorable en los próximos años, debido a los problemas recientes en los países industrializados, y en el cual otros países llevan a cabo mejoras continúas en las políticas públicas para fomentar un mayor crecimiento. Al mismo tiempo, la estrategia sectorial permitirá detonar un mayor dinamismo en el corto plazo, al establecer condiciones propicias y eliminar las restricciones que hoy en día limitan el desarrollo de actividades que tienen una elevada capacidad de crecimiento.

El éxito en las dos vertientes de la estrategia dependerá de que se lleven a cabo las acciones estructurales y sectoriales mencionadas, así como de la disponibilidad de recursos públicos y privados que permitan mejorar los factores transversales y financiar la inversión que se derive de estos cambios y del crecimiento acelerado de los sectores prioritarios. De ahí que el objetivo del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo sea asegurar la existencia de recursos fiscales y financieros suficientes y que éstos sean canalizados de forma eficiente y sostenible para sustentar la estrategia de desarrollo. En particular, reforzar el Estado de Derecho y la seguridad pública, elevar la inversión en las capacidades de las personas y fortalecer a las instituciones requerirán de mayores recursos públicos en un contexto de responsabilidad en las finanzas públicas. Para el desarrollo de los sectores prioritarios es necesario establecer esquemas mediante los cuales se complementen los recursos públicos y privados. Finalmente, la inversión privada requerirá de un sistema financiero más profundo en el cual se observe una canalización más eficiente de recursos.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 52 en competitividad global (equivalente al percentil 40 de la distribución de todos los países) y segunda en América Latina después de Chile. Respecto de la facilidad para hacer negocios, México ocupa el lugar 44 a nivel global (percentil 25) y 2 en América Latina, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Cabe notar que existen diferencias importantes en términos de su posición en materia de los determinantes de la competitividad y de la facilidad para hacer negocios, lo cual es indicativo de en dónde se encuentran en la actualidad las mayores restricciones para alcanzar una mayor competitividad:

i) El nivel de estabilidad macroeconómica se encuentra significativamente por arriba del nivel agregado de competitividad del país, constituyéndose en una fortaleza de la economía mexicana.[18]

ii) Los costos de cierre de empresas y el manejo de licencias son otros factores en los que México está situado favorablemente.

iii) Variables en las cuales nuestro país tiene un nivel intermedio incluyen el grado de sofisticación en los negocios, los niveles de salud y de educación primaria, la preparación tecnológica, la eficiencia de los mercados de bienes y la calidad de la infraestructura.

iv) En materia del sistema financiero, si bien de acuerdo al Foro Económico Mundial nuestro país presenta un grado de sofisticación del mercado financiero[19] menor al promedio debido al nivel actual de intermediación financiera, cabe notar que éste ha mejorado significativamente y, de acuerdo con el Banco Mundial, México ya se ubica significativamente por arriba de la media en términos de protección a los inversionistas y de la facilidad para la obtención de crédito. En contraste, nuestro país se ubica en una situación intermedia en términos del costo de cumplimiento de contratos.

v) Destacan las mejoras obtenidas durante 2007 en los ámbitos de registro de propiedad y de pago de impuestos, ésta última por el avance en el sistema tributario resultado de las reformas recientes. Así también, mejoras previas en el tiempo de apertura de empresas gracias a la reducción de 58 a 27 días en promedio por la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

vi) En cambio, México presenta sus mayores rezagos en los indicadores de la calidad de las instituciones y de eficiencia del mercado laboral. También se ubica en la mitad inferior de la clasificación mundial en el grado de innovación, en educación superior y en capacitación.

Del análisis de los indicadores mencionados surgen las siguientes conclusiones:

1. Las áreas que requieren avances sustantivos son: la eficiencia del mercado de bienes (la cual incluye el grado de competencia y la calidad de la regulación), la calidad de la infraestructura, la modernización del sector energético, el nivel de educación – sobre todo la educación superior –, y las condiciones para la innovación tecnológica.

2. Es imperativo instrumentar mejorías significativas en materia de instituciones – incluyendo el Estado de Derecho y la seguridad –, en la eficiencia del mercado laboral, y continuar con la simplificación en el pago de impuestos y en los trámites aduaneros.

3. Es necesario preservar y continuar consolidando la estabilidad macroeconómica, que es hoy una incuestionable fortaleza de nuestra economía.

4. Debe promoverse una mayor eficiencia en el sistema financiero de forma que continúe el proceso reciente de profundización del mismo, asegurando que el proceso sea sostenible.

De acuerdo a los indicadores recopilados por el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, el rezago de nuestro país en lo que se refiere al Estado de Derecho es significativo. Cabe notar que el valor del índice de Estado de Derecho reportado por el Banco Mundial sitúa a México en un nivel menor al que le correspondería por su nivel de desarrollo económico, estando por debajo de Brasil, Chile y Sudáfrica, por mencionar algunos ejemplos. La evidencia internacional demuestra que el Estado de Derecho y las condiciones de seguridad son esenciales para alcanzar un mayor nivel de crecimiento y de desarrollo humano sustentable, ya que son determinantes esenciales del rendimiento de la inversión y de la capacidad que tienen las personas para disfrutar del fruto de su esfuerzo, ya sea por su seguridad física, laboral, de su patrimonio o de sus inversiones en actividades productivas. A su vez, una mayor inversión en capacidades y en capital físico es necesaria para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Es claro que deficiencias en el Estado de Derecho y la seguridad tienen además un impacto directo sobre el nivel de bienestar de la población. Uno de los principales problemas que la ciudadanía relaciona con la falta de Estado de Derecho y el bajo desempeño de las instituciones públicas es la corrupción. Además de que ésta impide el crecimiento económico y reduce la seguridad pública, tiende a afectar con mayor gravedad a los más desprotegidos. Para combatir la corrupción y mejorar el nivel de seguridad se requiere mejorar la calidad de la impartición de justicia, fortalecer el entorno institucional y dotar de mayores recursos a estas áreas, cerciorándose de que la asignación de recursos sea eficiente y oportuna. La recién aprobada[20] reforma judicial significa un avance en este sentido, al establecer nuevos mecanismos para facilitar la impartición de justicia[21] en la nación.

Fortalecer el Estado de Derecho y combatir el crimen, incluyendo la lucha contra el tráfico de drogas, ha sido desde el inicio de la presente Administración una de las prioridades del programa de gobierno, por lo cual se tomaron inmediatamente las acciones conducentes a restablecer la seguridad en las zonas más afectadas por el crimen organizado y por la producción y el tráfico de estupefacientes. Asimismo, la ya mencionada reforma al sistema de impartición de justicia, aprobada recientemente por el H. Congreso de la Unión, tiene como componentes medulares asegurar la transparencia en el sistema judicial al establecer la modalidad de los juicios orales, así como fortalecer la capacidad de la autoridad para combatir de forma decidida la criminalidad. Los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de Estado de Derecho y Seguridad se encuentran en los programas sectoriales de Gobernación, Procuración de Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública, y Marina.

Como ya se mencionó, la estabilidad macroeconómica es un factor en el cual México se ubica en una posición favorable en términos de competitividad. Ello es resultado de las políticas fiscal y monetaria que se han seguido durante los últimos 13 años.

En materia de política fiscal se ha seguido una estrategia de consolidación y fortalecimiento de las finanzas públicas, manteniéndolas en equilibrio o bien con un superávit o con un déficit moderado desde 1991. La consolidación se ha traducido en una disminución significativa en la razón de la deuda pública al producto. Asimismo, en 2006 entró en vigor la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la cual constituye un marco institucional para garantizar la solidez de las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Entre otros elementos, la ley ordena mantener un presupuesto balanceado, instituye mecanismos de ahorro de ingresos excedentes y establece una fórmula para la estimación de los precios del petróleo empleada en la elaboración del presupuesto, basada en indicadores objetivos con una perspectiva de mediano plazo.

Al mismo tiempo, la tasa de inflación se ha reducido a niveles similares a los observados en países industriales, de forma que en 2007 la economía mexicana tuvo una inflación de 3.76 por ciento comparada con 4.1 por ciento en los Estados Unidos, además de un crecimiento de 3.2 por ciento, mayor al de 2 por ciento registrado por la economía estadounidense. Cabe notar que la autonomía del Banco de México aunada a una política monetaria prudente y responsable, así como a la adopción de un esquema de objetivos de inflación, ha contribuido de manera significativa a la estabilidad en los precios y, por ende, en las expectativas de inflación. A su vez, el régimen de tipo de cambio flexible ha dado libertad al Banco Central para utilizar las herramientas monetarias enfocándose a su objetivo prioritario consistente en garantizar la estabilidad de precios. La libre flotación también ha llevado a ajustes automáticos en el tipo de cambio en respuesta a cambios en el entorno doméstico y externo de forma que no se han generado desequilibrios en la balanza de pagos.

La solidez de las finanzas públicas y la credibilidad alcanzada por el Banco de México son elementos fundamentales para que la economía presente un menor riesgo macroeconómico y mejores condiciones de financiamiento. A la fecha, tanto las tasas domésticas como externas han alcanzado mínimos históricos y el Gobierno Federal es capaz de emitir bonos gubernamentales en pesos con una madurez de 30 años a una tasa fija competitiva, lo cual ha facilitado la sustitución de endeudamiento externo por interno. A su vez, la estrategia de manejo de la deuda del gobierno mexicano ha permitido el desarrollo gradual de un mercado de bonos similar para el sector privado.

Mantener este sólido marco de estabilidad es uno de los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012. Cabe notar, como se describe más adelante con mayor detalle, que la reforma a la Ley del ISSSTE reforzó la solvencia de las finanzas públicas en el mediano plazo, en tanto que la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen generará un incremento en los ingresos tributarios provenientes de fuentes más estables de ingresos, con un impacto tanto en el corto como en el mediano plazo.

La competencia en los mercados tiene como resultado: menores precios, mejor oferta de productos –en cantidad, calidad y diversidad –, incentivos a la innovación tecnológica y una mejor distribución del ingreso ya que los consumidores pagan precios más bajos y los incrementos en salarios se traducen de manera efectiva en un mayor poder adquisitivo. Como ya se dijo, la competencia fomenta la innovación en el uso de tecnología y de procesos productivos, ya que impulsa la creatividad y premia a los participantes más eficientes, quienes imponen estándares que serán replicados por otras empresas. Para profundizar la competencia debe promoverse tanto la entrada de nuevos participantes en los mercados así como una regulación moderna, que establezca un balance adecuado entre la protección al consumidor, el grado de competencia y los costos de producción.

Si bien en los últimos años ha habido avances sustantivos en esta materia, entre los que destaca la nueva Ley de Competencia y el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, reduciéndose el número de trámites requeridos y el tiempo de apertura de empresas, México todavía se encuentra por debajo de países como Chile y Sudáfrica en cuanto a competencia y eficiencia de los mercados de bienes de acuerdo con las mediciones realizadas por el Foro Económico Mundial en este rubro.[22] En particular, México se sitúa en la posición 61 de 131 países en el índice de eficiencia del mercado de bienes. Al mismo tiempo, sin el Sistema de Apertura Rápida de Empresas se necesitaban 112 días y 15 trámites para abrir una empresa, comparado con Brasil dónde se necesitan 67 días y 15 trámites. Con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas toma 1 día y 5 trámites abrir una empresa en nuestro país, comparado con Estados Unidos donde toma 7 días y 4 trámites.

Nuestro país es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuenta con tratados comerciales con las principales economías del mundo y el comercio representa una proporción elevada del PIB, 70 por ciento en el periodo 2000-2007. Sin embargo, existen aún importantes barreras no arancelarias y elevados aranceles a las importaciones de países con los que no se tienen tratados bilaterales de comercio. Ello implica que los productores nacionales pagan más por los insumos que sus competidores en otros países con los que tenemos tratados comerciales, los cuales posteriormente exportan sus productos a nuestro país. Al mismo tiempo, los consumidores pagan por algunos productos precios más elevados que los vigentes en los principales mercados internacionales. Por el lado del libre flujo financiero y de capitales, existen aún restricciones a la Inversión Extranjera Directa, las cuales limitan el nivel agregado de inversión y de transferencia de tecnología, constituyéndose en un obstáculo para el crecimiento económico.

Para lograr el avance requerido en la materia, dentro de los ejes rectores y objetivos del programa sectorial de la Secretaria de Economía se encuentran:

· Promover la eficiencia en los mercados a través de la aplicación de políticas de competencia,

· Promover una reforma integral al marco de regulaciones, modernizar los procesos de apertura de empresas,

También para aumentar la competitividad, uno de los objetivos del Plan de Modernización 2007-2012 de la Administración General de Aduanas es mejorar la eficiencia de la operación aduanera simplificando, mejorando y actualizando los trámites aduaneros y reduciendo los costos asociados al paso de las mercancías por las aduanas. Además, se aprovecharán los avances tecnológicos para reducir la discrecionalidad y aumentar el control ejecutando los siguientes proyectos tecnológicos fundamentalmente para operaciones de carga, con beneficios también para el control de pasajeros:

· Esclusas. Eliminar la discrecionalidad en el procesamiento de los documentos aduaneros con barreras físicas electrónicas que sólo permitirán el acceso a vehículos con documentos registrados anticipadamente en los sistemas de aduanas.

· Aforos. El proyecto incluye un esquema de identificadores de longitud, altura y pesos en los vehículos de transporte de carga y de un algoritmo que relacionan las tres medidas con información preestablecida de parámetros lógicos. Asimismo, se registrarán mediante un sistema fotográfico las placas de los vehículos para identificar patrones de conducta anormales.

· Video Vigilancia Administrada. Es un servicio integrado y unificado, de administración y soporte técnico de video-vigilancia, para monitoreo, seguridad y vigilancia remota de los puntos críticos en las 49 aduanas mediante un cuarto de control.

Por otro lado, en el combate al contrabando y la piratería se mejorará el nivel de control aduanero, asegurando la permanencia de los resultados y su institucionalización en la organización. Conforme al Plan de Modernización 2007-2012 de la Administración General de Aduanas, las líneas de acción para combatir la piratería son fortalecer la Inteligencia Aduanera, usar las sinergias que ofrece la operación con los Estados Unidos, SEDENA, Marina, SSP y PGR; ampliar y mejorar el control en zonas fronterizas con enfoque integral, incrementar las sanciones, compartir con el IMPI información de las diversas bases de datos institucionales (titulares de Propiedad Intelectual, licenciatarios, de importadores y exportadores autorizados, entre otros); identificar mediante los pedimentos de importación marcas y mercancías proclives a ser copiadas ilegalmente, a fin de establecer acciones anticipadamente; agilizar la vista a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, a fin de que éstos auxilien en la debida integración de las querellas. Asimismo, transparentar los trámites, registros y niveles de servicio al contribuyente en forma sistematizada, didáctica y amigable a través de la optimización de herramientas electrónicas para la declaración anual de personas físicas y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIEC Fortalecida).

Como se mencionó, México tiene un rezago significativo en la educación. Por ejemplo, la esperanza de escolaridad[23] de 13 años se compara desfavorablemente con 20 años en Australia, 18 años en Irlanda y Noruega, y 17 años en diversos países europeos incluyendo Dinamarca, Francia e Inglaterra. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en la mitad superior de los países en materia de Educación Básica y Salud, pero está en el percentil 55 en términos de educación superior y nivel de capacitación. A esta deficiencia en años de escolaridad se suma una deficiente calidad educativa, presentándose un rezago significativo en exámenes internacionales estandarizados. El nivel educativo también presenta marcadas desigualdades regionales: diversos estados del centro y del sur del país presentan tasas de alfabetización y participación educativa notablemente menores a las observadas en el norte del país y en el Distrito Federal.

El desafío principal en materia educativa es la calidad de los servicios educativos, no una asignación insuficiente de recursos. Cabe notar que en México el gasto total en educación como proporción del producto y el gasto público en educación como proporción del gasto total son de los más elevados dentro de la OCDE.

· Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, incluyendo acciones para mejorar la preparación y la evaluación de la planta docente,

· Enfatizar tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades en los alumnos, y

· Promover una mayor participación de todos los actores involucrados en la toma de decisiones en el ámbito escolar.

El 15 de mayo de 2008 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentaron la Alianza por la Calidad de la Educación, proyecto que se inscribe en la estrategia Vivir Mejor y que plantea el inicio de una nueva etapa en la política educativa nacional. El propósito de la Alianza es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional. Las acciones de la Alianza se agruparán en torno a cinco ejes rectores:

Con ello, se da un paso esencial en el proceso de mejorar las capacidades de las personas que deberá complementarse hacia delante con acciones adicionales en educación superior.

En materia de salud, como ya se ha mencionado, la esperanza de vida en México (75.1 años en 2006) es un indicador del desarrollo humano en salud relativamente bien situado. La diferencia relativa entre la esperanza de vida en México y la del país con la mayor esperanza de vida (Japón, con 82 años en 2006) es relativamente reducida. Sin embargo, hay otros indicadores de salud en los que México registra un rezago preocupante y que están relacionados con la desigualdad de oportunidades y de ingreso. En particular, la desnutrición y las tasas de mortalidad infantil y materna son aún mayores a las observadas en países con niveles similares de desarrollo. Ello implica, también, que persiste una desigualdad regional relevante en términos de salud, aún cuando sea menor a la observada en educación e ingresos.

México se ubica por debajo del promedio de la OCDE en materia de gasto en salud como proporción del producto. Sin embargo, como proporción del gasto público total registra un nivel mayor que el observado en países más desarrollados. La discrepancia se debe al menor nivel de gasto público total en México como proporción del producto.

· Ampliar la cobertura de servicios de salud, haciendo énfasis en asegurar una salud adecuada para todos los niños,

· Establecer mecanismos para que la oferta de servicios alcance las regiones más aisladas del país,

· Asegurar que existan los mecanismos adecuados, tanto públicos como privados, para hacer que las familias cuenten con servicios de salud apropiados a costos accesibles. Ello será de particular importancia ya que el proceso de desarrollo implica una transición epidemiológica hacia enfermedades cuyo tratamiento es más costoso.

De acuerdo con los indicadores del Foro Económico Mundial, México se ubica ligeramente por arriba de la media de los países en preparación para adopción y uso de tecnología (percentil 46), pero está por debajo de la media en capacidad de innovación (percentil 54). Al respecto, cabe notar que el nivel de investigación científica y la capacidad de adoptar y desarrollar nuevas tecnologías está determinada esencialmente por los siguientes factores: i) la protección de derechos de propiedad (en particular, los derechos de propiedad intelectual), ii) el grado de competencia en la economía, y iii) el nivel de capacidades de los individuos. Las deficiencias en estos tres factores se reflejan en un reducido gasto en investigación y desarrollo de sólo 0.44 por ciento del PIB en 2007 y en el hecho de que ese gasto sea ejercido en una proporción elevada por el sector público.

Deficiencias en la protección de los derechos de propiedad intelectual desalientan la inversión destinada a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, ya que reducen sustancialmente el rendimiento de la inversión en estas actividades. Ello se refleja, a su vez, en una baja proporción de personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo. Si bien el número de investigadores por cada mil personas económicamente activas en México es ligeramente superior al promedio de América Latina, es de una novena parte del observado en los Estados Unidos, y cerca de una quinta parte del que se registra en España.

Para superar el rezago, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) establece las siguientes líneas de política:

· Establecer políticas a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, en particular estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación y el sector productivo.

· Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la producción en las diferentes regiones del país.

· Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Además del uso de recursos públicos, es fundamental identificar mecanismos de financiamiento que lleven a una mayor inversión privada.

En los últimos años se han registrado avances sustantivos en los indicadores sobre creación de empleo y desocupación. Sin embargo, aún existen retos estructurales importantes en el mercado laboral tales como el elevado número de trabajadores en la economía informal, la limitada flexibilidad del mercado laboral, una tasa de desempleo mayor en jóvenes y mujeres, la limitada participación de la mujer en el mercado laboral así como desequilibrios regionales en términos de formalización del empleo.

De acuerdo con datos de INEGI al cuarto trimestre de 2007, la población en edad de trabajar[24] era de 76.5 millones de personas (72.1 por ciento de la población total) de las cuales 45.6 millones formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA), se encontraban principalmente en áreas urbanas (79.0 por ciento) y la tasa de desocupación era 3.4 por ciento.[25] No obstante el mayor de crecimiento de la población en edad de trabajar observada en los últimos años, la población en el desempleo ha venido en retroceso, lo que indica que cada vez más personas se están incorporando de manera formal o informal al mercado laboral. De acuerdo a datos de INEGI, al cuarto trimestre de 2007 se estima que el 27.3 por ciento de la población ocupada participaba en el sector informal[26] –equivalente a 12 millones de trabajadores.

La tasa de ocupación en el sector informal se ha reducido de manera sustancial en fechas recientes. Sin embargo, sigue siendo elevada, ya que más de una cuarta parte de la población ocupada aún participa en el sector informal. La informalidad también registra un patrón regional, siendo mayor su presencia en las entidades con mayor rezago económico.

Pese a que la tasa de desempleo de las mujeres se ha mantenido alta, respecto del desempleo de la población en general, su participación en el mercado laboral se ha incrementado de forma importante en los últimos años. Es necesario que esta tendencia continúe para lograr que todos los mexicanos cuenten con igualdad de oportunidades.

La magnitud del reto en el mercado laboral es considerable al tomar en cuenta que se estima que la PEA aumentará a 50.2 millones de personas en 2012, a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, lo que equivale a una cifra de alrededor de 922 mil trabajadores por año.[27] Es por lo anterior que la presente Administración tiene como objetivo la creación de por lo menos 800 mil empleos formales en 2012, lo que de lograrse implicará que la economía formal absorberá más de 85 por ciento de los nuevos integrantes de la PEA.

Para lograrlo, las políticas a implementar, plasmadas en el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se basarán en fomentar esquemas de productividad y competitividad, así como modernizar las relaciones laborales para hacer de éstas un vehículo eficaz y no un obstáculo para la instalación y permanencia de nuevas industrias y negocios. De igual forma, se deben generar las condiciones que faciliten el acceso de la población activa a los mercados laborales. Asimismo, es necesario procurar, conjuntamente con el sector empresarial, la inclusión en el mercado laboral de los grupos sociales vulnerables y mejorar sus condiciones de trabajo.

Micro, Pequeñas y Medianas empresas Se estima que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) constituyen el 99 por ciento del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50 por ciento del PIB y contribuyen a generar más del 70 por ciento de los empleos en México.[28] Además, las empresas de menor tamaño son preponderantes en las entidades con mayor rezago en términos de ingreso y presentan una alta participación de empleo informal. Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a las MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del país, originar empleos estables, facilitar la transición a la formalidad y reducir las brechas regionales.

A pesar de que se han conseguido avances importantes es necesario continuar con una política integral de apoyo para el desarrollo de las MIPyMEs. Cabe notar que estás son particularmente sensibles a problemas en la competitividad de la economía. Por ejemplo, los costos administrativos suelen absorber una proporción elevada de los ingresos por ventas de las empresas pequeñas debido a altos costos de transacción que deben afrontar.
Asimismo, las deficiencias en materia de infraestructura resultan más graves para estas empresas. Mientras que las empresas más grandes pueden reubicarse o auto-proveerse de bienes y servicios, gracias a su tamaño, las MIPyMEs carecen de semejantes opciones. Si bien las diferentes estrategias que se describen en este documento tienen como objeto promover el crecimiento en todos los sectores y para todos los grupos productivos, su impacto será mayor sobre las empresas de menor tamaño. Además, se adoptará una agenda de política específicamente orientada a reducir los costos de transacción que enfrentan las MIPyMEs y a promover e incrementar la disponibilidad de financiamiento oportuno diseñado y dirigido al sector, como se específica en este documento y en el Programa Sectorial de Economía.
El Programa Sectorial de Economía propone contar con un sistema de apoyo integral a las MIPyMEs, que permita impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables que favorezcan la generación de empleos. La estrategia de atención centra su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en cinco segmentos empresariales: emprendedores (mujeres y hombres que se encuentran en proceso de creación, desarrollo o consolidación de una empresa), micro, pequeñas y medianas empresas, empresas Gacela (MIPyMEs que tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del promedio) y empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que por su posición en el mercado vertebran las cadenas productivas); los cuales recibirán atención del Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se creará un instrumento financiero para agilizar la entrega de los recursos del Fondo PYME para maximizar su impacto en la ejecución de los proyectos.
Por su parte, la línea de acción de la banca de desarrollo es centrar la atención en la población objetivo, desarrollando nuevos programas orientados a las MIPyMEs, por ejemplo: apoyo a proveedores en las compras de Gobierno en Cadenas Productivas (NAFIN), Pyme Exporta, Exporta fácil y Cadenas Productivas Exportadoras (BANCOMEXT). Se ampliará el programa de garantías a las MIPyMEs, apoyado en recursos del Fondo PYME y un uso más eficiente del capital de la banca de desarrollo, el cual multiplica el número de empresas beneficiadas con recursos presupuestarios y les permite a las empresas acceder al financiamiento de intermediarios privados. Asimismo, se buscará contribuir a la capitalización del sector e incrementar el nivel de asistencia técnica.
En particular, NAFIN seguirá ampliando la derrama crediticia, incorporando nuevos canales y productos, enfocada en las MIPyMEs, soportando su operación en su plataforma tecnológica, lo que llevará a la cartera de créditos y garantías al sector privado a alcanzar un valor de 160,121 millones de pesos en 2012, 128.6 por ciento superior a la cifra registrada en 2007. Por otra parte, para apoyar a los pequeños productores rurales, FIRA y Financiera Rural han lanzado nuevos programas con SAGARPA para potenciar subsidios, e impulsar el crédito refaccionario y el microcrédito.

Al tiempo que se trabaja en mejorar los factores transversales que determinan la competitividad de la economía en su conjunto, la presente Administración adoptará una serie de políticas sectoriales que eliminen las limitantes al crecimiento causadas por un marco legal, de regulación o de competencia inadecuado o por una falta de disponibilidad de recursos. Se hará especial énfasis en un grupo de actividades con alto potencial de crecimiento, relevancia económica, capacidad de generación de empleos e impacto regional. Para ello, se buscará contar con los recursos públicos y los mecanismos de financiamiento privado suficientes para el desarrollo de los sectores, así como realizar los cambios necesarios en el marco de regulación y legal – en conjunto con el H. Congreso de la Unión – para detonar un crecimiento acelerado en sus actividades. Los sectores prioritarios son los siguientes:

· Infraestructura de comunicaciones y transportes. El desarrollo del sector tendrá un impacto directo a través de una mayor producción y generación de empleo, al mismo tiempo que llevará a una mayor demanda agregada por el lado de la inversión que se realice. A su vez, al mejorar la infraestructura se incrementará la competitividad de la economía en su conjunto, llevando a un mayor crecimiento potencial de la economía.

· Energía. Un mayor dinamismo en el sector tendrá un efecto directo sobre la demanda agregada debido a la inversión que se realice. Asimismo, una oferta adecuada de insumos energéticos es uno de los principales determinantes de la competitividad de la economía en su conjunto.

· Construcción y vivienda. Este sector es esencial para un desarrollo sostenible y balanceado entre las fuentes internas y externas de crecimiento. Es un sector cuyos proyectos son de largo plazo y de alto valor, en el que tres factores resultan cruciales para que alcance todo su potencial: el Estado de Derecho, la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de financiamiento. Al mismo tiempo, dada la importancia social de la vivienda se incrementará el apoyo gubernamental a las personas con menores ingresos y la cobertura de financiamientos de vivienda, buscando consolidar una política que facilite a la población tener acceso a créditos hipotecarios a su medida.

· Sistema financiero. El sector es de suma importancia para el desarrollo del resto de la economía dada su capacidad de canalizar los recursos necesarios para la inversión y permitir la diversificación del riesgo de los proyectos. Al mismo tiempo, un sistema financiero eficiente tiene un impacto directo sobre el bienestar de las familias, al permitirles constituir un patrimonio y recibir un rendimiento adecuado de su ahorro. Finalmente, es un creador de valor por sí mismo, al ser una fuente de innovación constante, por los servicios que ofrece y porque genera empleos formales y bien remunerados.

· Agropecuario y pesca. El sector tiene una importancia social y regional que va más allá de su impacto directo sobre el producto. El 15 por ciento de la población económicamente activa está empleada en el sector, alcanzando niveles cercanos a 40 por ciento en las entidades de menor nivel de desarrollo. Al mismo tiempo, las condiciones internacionales favorables, debidas a una elevada demanda que se ha traducido en mayores precios de los productos agropecuarios, implican una oportunidad única para elevar la productividad del sector de forma que aumente permanentemente el nivel de ingresos de la población rural.

· Turismo. Por su naturaleza, la actividad turística tiene una fuerte incidencia en la generación de empleos y de divisas, al tiempo que tiene el potencial de generar nuevos polos de desarrollo en regiones hasta entonces poco desarrolladas. Para aprovechar el potencial del sector será necesario diversificar las fuentes de turismo proveniente del exterior, impulsar el turismo nacional y facilitar el desarrollo de nuevas modalidades de atracción turística con mayor valor agregado, como son las relacionadas con el cuidado de la salud, las estancias prolongadas de adultos mayores que buscan aprovechar sus fondos de retiro y el turismo ecológico.

· Manufacturas. Al producir bienes comerciables, el sector de manufactura es extremadamente sensible a las condiciones de competitividad, es intensivo en capital y ha sido de forma importante un sector de continuos incrementos en la productividad e innovación tecnológica tanto a nivel nacional e internacional. Lo anterior implica que es esencial mejorar las condiciones transversales de competitividad para mejorar el desempeño del sector.

Tanto en el caso del turismo como en el de las manufacturas, la depreciación observada del dólar estadounidense con respecto a otras monedas, y dada la relación cercana entre nuestra moneda y esa divisa, representa un reto y una oportunidad de explorar nuevos mercados de exportación, de atracción de turismo y de inversión extranjera directa.

A continuación se presenta un breve diagnóstico vinculado con los programas sectoriales respectivos –excepto el financiero– así como de las políticas públicas que se seguirán para impulsar su desarrollo. Los programas sectoriales presentados por las dependencias respectivas incluyen una descripción más detallada. El diagnóstico y propuestas de políticas públicas para llevar a un mayor desarrollo del sistema financiero se exponen más adelante, ya que son parte de este programa.

[1] El Producto Interno Bruto de referencia es el publicado en mayo de 2008 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Debido a las mayores cifras del PIB de la nueva serie, algunas razones fiscales, financieras y de inversión en infraestructura con respecto al PIB son menores a las reportadas en documentos anteriores.

[2] La inversión pública impulsada incluye la inversión presupuestaria directa, la inversión financiada directa y condicionada, y las erogaciones de capital fuera de presupuesto (excluyendo la amortización de Pidiregas).

[3] Al cierre de 2007 se ubicó en 51.9 por ciento del PIB, en el periodo 2000-2006 promedió 42.7 por ciento del PIB.

[4] Registró un nivel equivalente a 23.3 por ciento del PIB al cierre de 2007. Incluye financiamiento a los sectores comercial, consumo y vivienda. No incluye el financiamiento entre instituciones financieras para su propia operación.

[5] Acorde con la evolución del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Éste se compone de tres subíndices que reciben igual ponderación: la esperanza de vida como una medida de salud, un subíndice educativo como medida de conocimiento y habilidades, y el nivel de producto per cápita. A su vez, el subíndice educativo se construye dándole un peso de dos terceras partes del total al nivel de alfabetismo, y de una tercera parte del total a la tasa de participación en los niveles educativos primario, secundario y terciario.

[6] De un total de 177 países.

[7] Islandia y Noruega con 96.8.

[8] Australia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda con 0.993.

[9] El mayor valor del PIB resultante de la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales anunciada en mayo de 2008 por el INEGI llevó a que México ocupe la posición 56.

[10] Noruega, Estados Unidos y Luxemburgo con 1.00.

[11] Japón con 0.954.

[12] La tasa de crecimiento reciente es similar a la tasa de crecimiento potencial de 3.5 por ciento anual estimada en diversos estudios realizados por organismos internacionales y por académicos.

[13] El periodo necesario para duplicar el producto per cápita se reduciría a 19 años si el crecimiento fuese de 5 por ciento en términos anuales, y a 12 años si el crecimiento fuese de 7 por ciento.

[14] La diferencia fue de 1.4 por ciento para Chile, 1.5 por ciento para Corea, y 0.4 por ciento para Irlanda.

[15] Mientras que el nivel de desarrollo humano en el Distrito Federal es similar al de Portugal, el correspondiente a Chiapas es equivalente al de Vietnam.

[16] El crecimiento del producto por trabajador en México durante el periodo 1981-2006 fue -0.3 por ciento.

[17] Se define como el número total de años de escolaridad que un niño espera recibir. Fuente: ONU

[18] Otro factor favorable con que cuenta México es el tamaño de su mercado potencial debido tanto al tamaño de la economía como a la red de tratados de comercio establecidos por nuestro país. Un mayor mercado es más atractivo para la producción dada la posibilidad de aprovechar economías de escala.

[19] El índice de sofisticación del mercado financiero está compuesto por diversos factores. Los que se consideran como ventajas de la economía mexicana son: la ausencia de restricciones a flujos de capitales, la protección a los derechos de los inversionistas, la regulación de los mercados de deuda y la sofisticación de los instrumentos financieros. Los factores donde se considera que es necesario continuar con avances significativos son: el acceso a crédito, el financiamiento a través de mercados de capitales locales, la solidez de las instituciones bancarias y el índice de derechos legales.

[20] La reforma fue aprobada por el H. Congreso de la Unión y está en proceso de aprobación por las legislaturas estatales.

[21] La reforma incluye el nuevo sistema de juicios orales, el reconocimiento de la presunción de inocencia y la celeridad para resolver en forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, entre otros cambios.

[22] La clasificación del Foro Económico Mundial se construye de acuerdo con la intensidad de la competencia local, la efectividad de política anti-monopolio y la extensión del domino del mercado, entre otros factores.

[23] Se define como el número total de años de escolaridad que un niño espera recibir.

[24] 14 años de edad y más.

[25] A diciembre de 2007 de acuerdo a datos de INEGI

[26] Se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares. Por lo tanto, ello no considera a los individuos que pueden estar trabajando en el sector informal con recursos distintos a los de los hogares.

[27] De acuerdo con proyecciones de crecimiento de la PEA de CONAPO y datos de INEGI.

[28] Con base en información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).